“Somos Rurales”, víctimas del conflicto armado encuentran caminos para su restitución

En la zona rural del municipio de Restrepo (Valle), más de 40 familias desplazadas han regresado al territorio que debieron abandonar luego de padecer una fuerte época de violencia entre 2001 y 2004. Tras recuperar el territorio que creyeron perdido, hoy trabajan para preservar la tierra y afirmar su compromiso con el campo. 

Por Angie Serna.

Octubre 28 de 2022

“Me fui con la sensación de que me habían quitado un pedazo de mi cuerpo”, dice Jairo Ramos, mientras recuerda el día en que le dieron dos horas para salir de su finca con su esposa y los cuatro niños. Cuenta que unos hombres armados entraron a su casa y le dijeron que se tenían que ir o después no sería su esposa sino la muerte quien lo estaría esperando. Jairo y su familia salieron hacia Cali con la ropa que llevaban puesta y una incertidumbre que los inundaba por dentro.

Por ese tiempo, en 2001, sólo en los corrillos del pueblo se atrevían a murmurar que era temporada de “limpieza social”. Sólo en ese año fueron asesinados el párroco Jorge Sánchez Ramírez, el presidente del Concejo Jair Lasso, el concejal Mario Aguirre y el director de Planeación Municipal, Luis Alfonso Castrillón, entre otras víctimas. Aún no hay un registro exacto sobre las persecuciones y asesinatos a civiles en los tres años posteriores.

Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, a finales de los años setenta empezó a hacerse evidente la presencia de organizaciones guerrilleras en los municipios del Valle: Darién, Trujillo, La Cumbre, Calima y Restrepo, pues tomaban como centro de operaciones las zonas montañosas del departamento. Además, desde la década de los ochenta, Restrepo ha sido un territorio disputado por el narcotráfico para la producción y comercialización de coca, ya que hace parte de una ruta estratégica que va de Buga hasta Buenaventura. 

Años después, en 1990, el municipio estuvo rodeado por dos comandos de las FARC, el comando conjunto de Occidente y el bloque móvil Arturo Ruiz. Sin embargo, muchos habitantes aseguran que en su momento también hubo presencia de grupos paramilitares, información que ratifica el Centro Nacional de Memoria en el mismo documento. Como consecuencia de los enfrentamientos y las continuas amenazas entre los distintos grupos, habitantes del sector fueron obligados a desplazarse hacia la zona urbana.

No sólo Jairo lo vivió así, también los vecinos de la zona se vieron obligados a huir hacia las ciudades para vivir sin hogar, sin estudio, sin trabajo, sin ahorros y sin experiencia en algo distinto a las labores de la tierra. Muchos describen esa época como una de las más duras. Por eso, apenas vieron la oportunidad empezaron a retornar al campo. Algunos campesinos volvieron en 2002, después de una fuerte presencia de las Fuerzas Militares en la zona. Otros, incluido Jairo, regresaron a Restrepo hacia el 2011, cuando tuvieron la certeza de que la zona estaba más segura. Para Jairo fue volver a recuperar lo que creía perdido. Por esos años iniciaron los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC y se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Ahora Jairo Ramos siente a plenitud su cuerpo y su suelo. Respira el viento de la montaña, que le ha sido siempre más familiar y cercano. Dos de sus hijos se quedaron en la ciudad. Los otros dos, de 14 y 15 años, en sus tiempos libres lo acompañan en las labores de la finca. Uno de ellos le propuso que no vendiera la finca de los abuelos que Jairo había heredado, y que parte del terreno lo dispusieran para sembrar árboles nativos. 

El municipio fue declarado Zona de Reserva Forestal del Río Dagua y desde que los habitantes empezaron a retornar a él han mostrado una preocupación constante por cuidar la tierra que los acogió de nuevo y por mantener los ríos que alimentan el bosque y sus cultivos.  

En las veredas del corregimiento de Zabaletas el interés por preservar y hacer florecer la tierra también ha sido un propósito compartido por toda la comunidad. La labor de conservación ha sido apoyada desde hace más de 15 años por la Asociación de Productores Agroforestales de Zabaletas, Agroforza; un colectivo gestado desde la misma comunidad para hacer frente a las nuevas necesidades que enfrentaron al volver. Agroforza ha realizado programas de reforestación para recuperar zonas de importancia ambiental que fueron impactadas por la construcción de la vía Buga-Buenaventura y trabaja por aumentar la conciencia ambiental en la zona.

Desde las veredas más cercanas y más distantes llegan los vecinos a pie, en moto o a caballo a la sede de Agroforza. En un día de labores, algunas manos acomodan la tierra, abren huecos y levantan vigas de madera, mientras en la parte trasera de la sede hierve sobre la leña una gran olla de sancocho. Mujeres y hombres se pasan picas, azadones, palas y tazas de café. Uno a uno se suman los esfuerzos para construir lo que será un laboratorio de insumos orgánicos, un refugio para las plántulas que se sembrarán en la cuenca del río y un banco de semillas que dispondrán para crear huertas y jardines al frente de cada casa, con árboles frutales, hortalizas y plantas aromáticas.  

La jornada para reformar el vivero comunitario fue organizada por Adelaida Pérez y su padre José Héctor Pérez. Él ha liderado en la zona varios proyectos educativos, agrícolas y ambientales por más de 25 años. Ambos cuentan que conocer el territorio que han habitado durante tanto tiempo, su historia y sus problemáticas, hace que la asociación sea una garantía para crear nuevos proyectos, también es un punto de encuentro donde los campesinos gestionan de forma pacífica sus diferencias y fortalecen sus vínculos.   

Ahora la Asociación, de la mano de Somos rurales, ha puesto en marcha un programa para implementar prácticas agrícolas a pequeña escala, con productos agroecológicos y tratamientos que permitan mantener el suelo sano y productivo. De hecho, fue por medio de Agroforza que don Jairo y 50 familias más se involucraron en el proyecto productivo del cultivo de plátano. El programa Somos Rurales es apoyado por el Ministerio de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Está dirigido a la población víctima del conflicto armado y busca establecer en cada familia un emprendimiento rural que se consolide como su mayor fuente de ingresos.

Sin embargo, para lograr la continuidad del proyecto la comunidad aún tiene desafíos por enfrentar. La construcción de la carretera Buga-Buenaventura sigue provocando afectaciones. Por ejemplo, en la noche del 26 marzo de este año, un fuerte aguacero interrumpió el sueño de los vecinos. A la mañana siguiente, muy temprano, los teléfonos de la asociación no paraban de sonar. Las zanjas construidas años atrás para dirigir la lluvia carretera abajo habían colapsado por la lluvia. Muchas familias estaban pidiendo ayuda para sacar los enseres de entre el lodo que había entrado a sus casas. En una de las veredas más apartadas una casa se derrumbó y alrededor de Zabaletas grandes bloques de tierra cerraron otras vías pequeñas.   

Según el testimonio de varios habitantes, las rocas y paredes que quedaron inestables después de la construcción de la doble calzada Buga- Buenaventura han provocado grandes deslizamientos de lodo, tierra y materiales pesados hacia la parte baja de Zabaletas, zona conocida como Los Lagos. 

Un factor agravante ha sido el debilitamiento de los suelos, gracias a la ganadería extensiva practicada en la zona. Además de que los ganaderos derriban árboles para dar lugar a los pastos, con el paso continuo del ganado la tierra se compacta y debilita. Estos derrumbes se repiten cada vez que regresa la temporada invernal, colapsando el alcantarillado de la vereda y empeorando el estado de las vías. 

Los campesinos comentan que el estado de las vías secundarias -que en realidad son trochas- hace que el transporte de los alimentos sea complicado y generalmente la producción debe ser comercializada a un precio muy bajo para que la cosecha no se pierda. 

Adelaida Pérez -quien también coordina el programa Somos Rurales en Restrepo- cuenta que a pesar de las dificultades, la comunidad ve en los sembradíos de plátano y en sus proyectos de conservación ambiental la oportunidad para que germine también la paz en el territorio. En el municipio, la cadena de emprendimiento está entrando ya en la fase II de innovación, que consiste en entender las dinámicas del mercado y formular los planes de negocio para la comercialización del plátano. En esta segunda mitad del año el programa contará con otros apoyos institucionales como el de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y la Organización de Estados Iberoamericanos.

Además de participar en las capacitaciones y las jornadas de reforestación, Jairo y su familia han sembrado, en 2021, 475 colinos de plátano en su parcela, con el acompañamiento de Somos Rurales. 

Eduardo Rendón, agrónomo del programa, explica que eligieron sembrar semillas de plátano y banano para aprovechar las características fisicoquímicas de la zona; la duración de estos cultivos es de entre 25 y 30 años, y con la siembra escalonada que están planificando podría sostenerse todavía más tiempo. Añade Eduardo que hasta el momento han cultivado cinco variedades de plátano a lo largo de la ladera y aunque algunas especies como el guineo no son de gran valor comercial, se consumen en el hogar y son compartidas entre vecinos, lo cual convierte a la región en un gran custodio de semillas.

Los ingenieros y técnicos del programa que acompañan la iniciativa viven en el Valle e insisten en la importancia de analizar los suelos antes de emprender cualquier proyecto agrícola. Entre charlas largas y sorbos de café, cada semana discuten junto a los habitantes del corregimiento qué estrategias podrían implementar para mejorar la producción. Ante el problema de las plagas en el sector, por ejemplo, han resuelto utilizar insecticidas de baja toxicidad, aprobados por el Instituto Colombiano Agropecuario y alternarlos con hongos y otras sustancias agro-ecológicas producidas en el vivero.

Jairo cuenta que la asistencia técnica le ha servido para cultivar mejor. “Me gusta mucho que ellos están directamente con el campesino. A pesar de que sabemos, por ejemplo, cómo abrir un hueco, es mejor tener asistencia técnica porque a veces uno puede echar más o menos abono del que necesita la planta”, dice y agrega que el acompañamiento psicológico ha sido también de gran valor para el proceso: “el daño generado durante el conflicto es irreparable, pero estoy saliendo adelante. En ese camino voy”.

Aún con el gran impacto que ha tenido este proyecto en el municipio, según información que brinda la página web del Ministerio de Trabajo, el programa ha tenido un alcance de 11.886 en el país; lo que equivale tan solo al 0,54% del total de personas que fueron desplazadas forzosamente, sólo hasta el año 2007. Para aplicar al beneficio los campesinos deben estar inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) y certificar que poseen un terreno con por lo menos una hectárea libre para el cultivo. Esto puede significar un inconveniente para aquellas personas que fueron igualmente afectadas por la violencia y no tienen aún acceso a la tierra o que por las condiciones en las que se dio el desplazamiento no se registraron a tiempo en la base de datos.

Por otro lado, aunque el cultivo de plátano se plantea como una buena alternativa económica a futuro, una de las preocupaciones de la comunidad está en el hecho de que no haya quiénes sostengan el proyecto a largo plazo. Luz Adriana Peña, habitante de la vereda Bellavista y beneficiaria del programa, cuenta que en el corregimiento hay pocas oportunidades de educación para sus hijas. Después de terminar el colegio, la situación obliga a los jóvenes a viajar a la ciudad a continuar los estudios. La preocupación es fuerte: sin relevo generacional el campo se queda nuevamente sin gente. A esto se suma que el 15 de julio de 2021 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 014  en donde advierte el riesgo por posibles enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN en la cabecera del municipio y solicita al Ministerio del Interior presencia institucional por la amenaza latente de que en cualquier momento el conflicto regrese a la zona.

Rosalba Astaiza fue desplazada en 2003 y sueña con dejar atrás esa época en la que debía pasar de una finca a otra para huir de la guerra. Hoy dice que se siente muy agradecida por el apoyo que le ha brindado la asociación en los últimos años y ha estado muy activa en las jornadas de recuperación ambiental. También comenta que tanto las jornadas de formación como las semillas entregadas por Somos rurales les han servido, ya que antes los campesinos conseguían los recursos suficientes para sembrar pero no tenían para sostener el cultivo y en otras ocasiones descuidaban la siembra propia para jornalear en fincas aledañas y ganar el sustento diario.

A la fecha, 32 hectáreas de plátano han sido sembradas en las veredas La Albania, La Belmira, El Silencio, Bellavista, El Trapiche y Bajo y Alto Zabaletas. Desde que los cormos empezaron a surgir de los suelos de su finca, Jairo, de manos grandes y mirada noble, augura nuevos vientos para todo el corregimiento. Vientos frescos que vienen del bosque reverdecido, pero también de la esperanza de un nuevo camino para él y sus hijos.