El 22 de febrero de 2026, en plena contienda electoral, el portal La Silla Vacía publicó el texto “Mención a Iván Cepeda en computador de las Farc no fue un montaje”, firmado por Jineth Prieto y con “chequeo de datos” a cargo de ella misma. Desde el primer párrafo de la publicación en versión Podcast, la autora deja claro el encuadre político de la pieza: “ponemos en contexto cómo fue que apareció el nombre del candidato puntero en las encuestas en el computador de uno de los guerrilleros más visibles de la hoy extintas Farc” (La Silla Vacía, 2026b). En una serie de tuits continúan sosteniendo una postura de periodismo “fiscal”: “Esta es la #Investigación de La Silla Vacía que prueba que no es cierto que sea un montaje la aparición de @IvanCepedaCast en los archivos de Raúl Reyes, como el candidato ha dicho para defenderse” (La Silla Vacía, 2026a). No se trata, por tanto, de un ejercicio historiográfico abstracto, sino de una intervención explícita en la coyuntura electoral.
La tesis central del texto es categórica: la mención del nombre de Iván Cepeda en el computador de alias “Raúl Reyes” no fue un montaje. Sin embargo, esa afirmación descansa sobre una simplificación problemática del estatus jurídico y técnico de los documentos en cuestión.
El estatuto técnico de los llamados “correos”
La publicación de La Silla Vacía habla reiteradamente de “mensajes”, “comunicaciones”, encontrados en el computador de Reyes, y que estos “indican que como defensor de derechos humanos, Cepeda tuvo contactos por los menos en esa oportunidad con las Farc para buscar una participación activa de miembros de esa guerrilla en la convocatoria internacional de su movilización” (La Silla Vacía, 2026c). Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, abordó hace 15 años el caso de los correos de Raúl Reyes; en ese momento, a raíz de los hallazgos de la llamada Operación Fénix, otros dirigentes políticos también fueron denunciados como interlocutores directos de las Farc, como el congresista Wilson Borja, quien fue absuelto de esta acusación a través del Acta 171 (18 de mayo de 2011), en cuyo numeral 39 se planteó que «no fue posible hallar alguna cuenta de correo electrónico que tuviera relación directa» ; asimismo, que «ninguno de los mensajes encontrados, donde apenas se le menciona, tuvo por origen o destino sus cuentas de correo electrónico».
Este caso sirvió de base para problematizar la validez judicial de las comunicaciones encontradas en dicho computador: En el numeral 40 la Corte precisó:
“en estricto sentido, los que se han llamado «correos electrónicos» de «RAÚL REYES» en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de trasmisión de datos (sic), sino en formato de Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino, remotos” (Corte Suprema de Justicia, 2011, p.p. 25-26).
No se hallaron encabezados verificables, ni trazabilidad de transmisión, ni cuentas asociadas. Existían archivos Word con formato de mensaje. Eso no equivale técnicamente a correos electrónicos autenticados.
La Corte además declaró la invalidez procesal del material por ruptura de cadena de custodia y violación de garantías fundamentales.
Pese a ello, el artículo de La Silla Vacía (2026c) desplaza el debate desde la indeterminación probatoria hacia una conclusión categórica: “no fue un montaje”, y sostiene que:
“la decisión de la Corte, que no hace un juicio legal sobre su contenido, sino sobre su validez como insumo probatorio en cualquier proceso judicial debido a que los archivos fueron obtenidos fuera del país pasando por encima de protocolos internacionales” .
Se trata de una afirmación que va más allá de lo que judicialmente quedó establecido, y que pone en duda el Principio de Legalidad. También se evidencian axiomas de la administración de justicia citados por la Corte en su pronunciamiento sobre los archivos presentados por el Gobierno de Uribe en el computador de Reyes y su uso en procesos legales, tales como “el derecho al debido proceso, y la libertad personal, conjugados con el de verdad real, realización de la justicia material y el orden justo” (Corte Suprema de Justicia, 2011, p. 13).
El contexto institucional: guerra comunicacional y DAS
El artículo de La Silla Vacía (2026c) refiere un antecedente histórico relevante respecto a los montajes del DAS. Bajo el subtítulo “La “Operación Estímulo” del DAS no tocó los computadores de Reyes”, la publicación de La Silla incurre en una atomización falaz de los hechos:
“Los archivos del DAS, en poder de La Silla Vacía, sí muestran que la operación tenía como objetivo infiltrar la marcha promovida por Iván Cepeda. Pero no hay evidencia de que esa infiltración tuviera que ver con una manipulación de los archivos de Raúl Reyes”.Aislar un elemento (los montajes del DAS) de un sistema complejo (la guerra jurídica de todo el Estado colombiano contra la oposición durante el gobierno de Uribe), y presentarlo como si fuera autónomo, ignorando las relaciones estructurales que le dan sentido, es un recurso común en un discurso ideológico (“manzanas podridas” para referirse a los responsables de Falsos Positivos, por ejemplo).
En febrero de 2015, el noticiero Noticias Uno reveló en su artículo “La «Operación estímulo del DAS” (Canal 1, 2015), documentos que evidenciaban un montaje comunicacional del Departamento Administrativo de Seguridad, para hacer creer que las FARC organizaban una marcha del 6 de marzo de 2008, organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (para condenar los asesinatos de las autodefensas y de las Fuerzas Militares), que es el mismo episodio histórico -la marcha- al que remiten los archivos referenciados por la Silla que aparecieron en el computador de Reyes.
“La “Operación Estímulo”, así denominada por el DAS, fue coordinada por Jaime Fernando Ovalle, jefe del grupo ilegal G3, bajo la dirección del capitán Fernando Tabares. Esa operación tenía la tarea de “involucrar a las FARC como protagonista principal durante la marcha del 6 de marzo de 2008”.
En desarrollo de esa estrategia, el DAS diseñó panfletos, pasacalles, afiches y comunicados de prensa que fueron distribuidos en 18 ciudades, proporcionalmente a su población, para contaminar la marcha del movimiento de víctimas cuyo vocero era Iván Cepeda.
El DAS dirigido por María del Pilar Hurtado distribuyó un panfleto a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, el padre de Iván Cepeda, que supuestamente fue escrito por las Farc” (Canal 1, 2015).
Cinco miembros del grupo que organizó la marcha fueron asesinados luego de que el DAS montara dicha operación (defensores de DDHH y Sindicalistas): Carlos Burbano, Leonidas Gómez, Gildardo Antonio Gómez, Cecilia Carvajal y Rafael Borda (Noticias Uno Colombia, 2015). Como si estos elementos contextuales fueran menores, el documento de La Silla Vacía reitera:
“Otro informe del DAS fechado el 7 de marzo, un día después de la marcha organizada por Cepeda, también muestra que los computadores de Raúl Reyes y la Operación Fénix [en la que cayó Reyes] no tenían que ver con la ´Operación Estímulo’” (La Silla Vacía, 2026c).
Esta premisa es contrafactual. La investigación periodística “Computadores de Raúl Reyes: Las pruebas del montaje criminal del DAS”, realizada por el prestigioso investigador Julián Martínez (2026), deja claro que Jaime Fernando Ovalle Olaz, quien fuera coordinador del Grupo G3, declaró con detalle ante la Procuraduría y la Fiscalía que recibió la orden de instrumentalizar los computadores de Raul Reyes para revestir de legalidad el espionaje del DAS a líderes políticos:
“La primera declaración clave data del 31 de marzo del 2009, ante la Procuraduría. En ella, Ovalle Blas justificó las interceptaciones y seguimientos, contra los entonces Congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba, y diversos integrantes del Polo Democrático, como Iván Cepeda. Según su testimonio, el DAS utilizó la supuesta mención de estos nombres como una fachada para monitorear a quienes en ese momento lideraban la búsqueda de testimonios que vincularan al Presidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares. En una segunda declaración, el 11 de junio de 2009, ante la Fiscalía, el coordinador del G3 reiteró que el DAS estableció un vínculo forzado entre la oposición y las FARC, basándose exclusivamente en los supuestos correos de Raul Reyes. Esta vinculación fue la llave que permitió desplegar operaciones de inteligencia ofensiva contra Petro y el Polo Democrático, con el objetivo estratégico de neutralizar sus investigaciones sobre parapolítica y frenar el recaudo de pruebas que comprometieran directamente a Uribe” (Martínez, 2026, 43m58s-45m08s).
En su ceguera voluntaria, La Silla Vacía sostiene que:
“por un procedimiento legal los archivos de Reyes no fueron usados en casos judiciales en Colombia, ninguna autoridad ha cuestionado que su contenido haya sido manipulado” (La Silla Vacía, 2026c).
Esto contrasta con la información al respecto, revelada por el reputado periodista Gonzalo Guillén:
“una organización rusa forense muy importante, hizo otro análisis de los famosos computadores de Reyes…llegó a conclusiones más graves incluso: que no solo no hubo cadena de custodia, sino que había una gran cantidad de archivos que tenían fechas posteriores a la fecha en que cayó Reyes. Esos archivos entraron cuando los computadores estaban en manos de la Policía y de la Fiscalía y de Uribe y todo eso, que estaban manipulando, y eso lo convirtieron en una herramienta sucia, un arma sucia, para decir que todo el que le caía mal a Uribe figuraba en los computadores” (Martínez, 2026, 1h08m16s-1h09m05s).
No obstante, el documento publicado por La Silla Vacía sostiene que:
“la certificación de Interpol prueba que no fueron manipulados los archivos desde que quedaron en manos de las fuerzas armadas” (2026c).
Cabe mencionar que la propia Interpol dice en su publicación de junio 2008 que:
“INTERPOL discrepa de todas aquellas personas que pretenden que su informe valida el origen y la exactitud de cualquier documento o archivo de usuario concreto contenido en las pruebas. En el informe de INTERPOL se afirma exactamente lo contrario.
Así pues, los países y personas que han sido objeto de ataques a causa del informe de INTERPOL podrían haber utilizado dicho informe para apoyar sus explicaciones a favor de su inocencia (…) El hecho de que un ordenador contenga un documento que acusa a una persona de una fechoría, o la relaciona con esta, no valida esas afirmaciones” (INTERPOL, 2008).
El punto evidente aquí es que hubo manipulación digital específica. La información disponible en la esfera pública a la fecha actual es que el aparato estatal demostró capacidad para fabricar narrativas falsas en ese contexto. Ese antecedente exige, metodológicamente, un estándar de cautela reforzada frente al uso público de documentos cuya autenticidad técnica fue judicialmente desestimada, incluso mediante confesiones de manipulación de la información del computador del guerrillero abatido Raúl Reyes, según fue publicado en El Universal en 2010:
“Ronald Coy, investigador de la Policía y testigo en el juicio contra Liliana Obando, ex funcionaria de Fensuagro investigada por sus supuestos vínculos con las Farc, admitió que manipuló la información que se encontraba en los computadores del extinto jefe de la guerrilla alias Raúl Reyes, antes de ponerlos a disposición de la Fiscalía. Al preguntársele al uniformado si «abrió la información y la manipuló antes de que esa información fuera sometida a control de legalidades, sin que existiera entonces autorización legal para ello», el Policía asintió: “Sí señor””(Colprensa, 2010).
La Comisión Histórica y el encuadre descalificatorio
El contraste es aún más evidente cuando se analiza el tratamiento que La Silla Vacía dio al informe presentado por Renán Vega ante la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en el marco de los acuerdos entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
La Comisión produjo ensayos individuales y relatorías de síntesis acordadas por las partes negociadoras. No era un órgano judicial, pero sí un instrumento institucional con peso político e histórico orientado a reconstruir dimensiones estructurales del conflicto y la experiencia de las víctimas.
En 2015, La Silla Vacía publicó “La pifia histórica de Renán Vega” (Bermúdez Liévano, 2015), calificando de “pifia” la referencia a varios casos de violencia sexual contra menores de edad cometidos por militares estadounidenses en Tolemaida (Melgar), incluida en uno de los ensayos de la Comisión escrito por Vega (2015).
El informe de Vega se basó en múltiples fuentes, entre ellas el programa Primer Impacto de la Cadena Univisión, que el 3 de enero de 2004, presentó un reportaje de la periodista Adriana Villamarín con el título «Porno mariners«, en el que narran la historia de marines de los Estados Unidos y contratistas «que trabajan como asesores de los militares colombianos en la base de Tolemaida» (Coalición, 2005, p.65), y quienes, según denunció también Iván Cepeda:
«… sometieron a tres menores a una sesión de vejaciones sexuales, las cuales registraron en una cinta de video, que luego distribuyeron profusamente en el municipio de Melgar. La cadena de televisión no mostró en su totalidad el contenido del video pornográfico debido a que sus imágenes tienen alto grado de obscenidad. Al parecer, las tres adolescentes, de extracción social modesta, fueron utilizadas a cambio de una suma de dinero y de la promesa de obtener visas para ingresar a Estados Unidos. En la entrevista hecha a algunos de los habitantes de Melgar y al cura párroco local, ellos afirman que los marines grabaron los videos para destruir la dignidad de las jovencitas del pueblo y para demostrar ‘quién manda realmente en la localidad'» (Cepeda Castro, 2005).
La Silla Vacía sostiene –a partir de una sola fuente– en su artículo contra el informe de Renán Vega que “la académica alemana Anna Kucia ha usado el mismo dato, aunque en realidad ella habla en su informe de 53 mujeres que participaron en videos pornográficos grabados por militares gringos y no de víctimas de abuso sexual” (Bermúdez Liévano, 2015). La fuente a la que se refiere La Silla Vacía es Anna Kucia, politóloga alemana de la Universidad de Berlín, quien en su investigación de tesis titulada «La compleja relación entre las empresas militares y de seguridad privadas y la seguridad de la población civil: perspectivas desde Colombia», informa respecto a unas cintas pornográficas filmadas por marines norteamericanos en Melgar que:
«Estos videos fueron ofrecidos a la venta en mercados negros en diferentes ciudades de Colombia y en internet. Muchas de estas mujeres eran menores de edad que pertenecían a las clases sociales bajas. Se les propuso participar en producciones pornográficas en la calle o mientras trabajaban para los contratistas en sus lugares de residencia. Aparentemente, se les prometió hacer grandes cantidades de dinero en relación al ingreso promedio local.
Debido a que nunca se les pagó, algunas de ellas informaron a la policía, con lo que este se volvió un caso público. Muchas de estas mujeres fueron forzadas a abandonar sus pueblos debido a las humillaciones que ellas y sus familias sufrieron en sus comunidades» (Kucia, 2007).
Es una estrategia del negacionismo el poner en entredicho una cifra, minimizar la cantidad (no fueron tantos, no eran menores, etc). Así el negacionista busca que en la esfera pública se pierda de vista la dimensión del crimen, para que la ciudadanía no imagine el dolor de las víctimas; así minimiza la magnitud del horror, la responsabilidad de los victimarios y estorba la resistencia de las víctimas.
Que un informe histórico no tenga carácter de cosa juzgada no lo convierte en irrelevante. Las comisiones históricas operan con estándares distintos al proceso penal; su función es reconstruir patrones, no individualizar responsabilidades penales. Reducir el debate a una disputa numérica y deslegitimarlo retóricamente contrasta con la deferencia mostrada frente a archivos del computador de Reyes, cuya validez probatoria fue descartada por el alto tribunal.
El doble estándar probatorio
Al observar ambos casos:
1. El ataque a Iván Cepeda, con base en archivos desestimados por la Corte y que fueron manipulados según confesiones de los implicados en el delito.
2. El ataque a Renán Vega, negando y distorsionando los crímenes documentados en investigaciones en las que se basó su informe para la Comisión Histórica.
En conjunto emerge un problema de coherencia metodológica.
En el caso del computador de Reyes:
- Se concede credibilidad narrativa a archivos cuya naturaleza técnica fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia.
- Se adopta una conclusión categórica (“no fue montaje”) pese a la indeterminación probatoria.
En el caso del informe de la Comisión Histórica:
- Se aplica un estándar de exigencia extrema frente a una cifra incluida en un documento institucional.
- Se utiliza un lenguaje descalificatorio (“pifia”) frente a un trabajo presentado en el marco del proceso de paz.
El problema aparentemente metodológico es en realidad ideológico, pero sobre todo ético: el escepticismo aplicado selectivamente y la carencia de rigor en el tratamiento de investigaciones que involucran violaciones de Derechos Humanos. Analizado de esta forma, se observa una operación de selección sesgada sustentada falazmente en el argumento de que “Casi 18 años después, de la mención de @IvanCepedaCast en los archivos de Reyes aún faltan explicaciones sobre sus vínculos con las Farc mientras estaban armadas”(La Silla Vacía, 2026d).
Transparencia y conflicto potencial de interés
En 2014, la empresa Quala S.A. suscribió contratos por más de doscientos millones de pesos con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para abastecimiento en Tolemaida (Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 2014). Diversas publicaciones han señalado el vínculo familiar de Quala con Juanita León, directora de La Silla Vacía.
No puedo afirmar intervención editorial directa ni causalidad probada entre esos vínculos y los contenidos publicados. Pero en estándares contemporáneos de ética periodística, cuando existen relaciones económicas verificables con sectores involucrados en la controversia, la transparencia fortalece la credibilidad.
La ausencia de declaración de potencial conflicto de interés no demuestra parcialidad; sin embargo, sí debilita la percepción de independencia cuando el medio adopta posiciones categóricas en debates sensibles que involucran instituciones con las que existen relaciones económicas familiares.
Reforma laboral y modelo empresarial
En 2023, La Silla Vacía publicó en su sección Red de Expertos el artículo “Reforma laboral y sus verdades” (Mora, 2025), en el que se sostiene que la reforma tiene “aspectos muy negativos tanto para empresarios como para trabajadores”. En otro artículo al respecto titulado “Rappi y Vive 100: los trabajos que riñen con la reforma laboral” (Doria & Caicedo Cano, 2023), La Silla sostiene que
“el “sindicato” de la esquina ve con desconfianza la reforma laboral de Petro porque temen quedarse sin empleo. “Si le exigen a Rappi pagar prestaciones o contratación, ellos no van a contar con todos nosotros””.
Se trata de piezas de manufactura de opinión, lo cual es legítimo. Sin embargo, cuando un medio cuya dirección tiene vínculos familiares con una empresa privada como Quala S.A., cuyos productos se distribuyen en parte a través de redes de vendedores informales precarizados —incluyendo personas de bajos ingresos y adultos mayores— adopta una postura crítica frente a una reforma orientada, entre otros aspectos, a la formalización laboral y la mejora de condiciones contractuales, la cuestión de la transparencia vuelve a ser pertinente. La silla finaliza este último artículo afirmando que “La familia de Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía, es accionista minoritaria de Quala. La Silla Vacía no tiene ni ha tenido una relación con Quala” (Doria & Caicedo Cano, 2023). Sin embargo, en la versión de 2019 de la página web de La Silla Vacía, almacenada en el archivo de internet, dicho medio sostenía que:
“La creación de La Silla Vacía nació con una donación del Open Society Institute y con una inversión de Juanita León y su familia, capital con el que en enero de 2009 se constituyó Blogósfera Producciones, una Sociedad por Acciones Simplificada que es la dueña de la marca La Silla Vacía.
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
Juanita León es la dueña del 53,5% de la empresa, sus papás Jorge León y Fabiola García suman el 28,5% y su tío Marcelo León del 11%. Tanto el papá como el tío son dueños de empresas en el sector químico de alimentos” (La Silla Vacía, 2019).
La información citada ha sido eliminada de la página actual. Jorge León Dub, padre de Juanita León, es fundador de Quala, según entrevista que le realizaron para la comunidad de empresarios Endeavor Colombia (2019). En la página de Monitoreo de Medios en Colombia se afirma que “Jorge León Dub. Padre de Juanita León. Es Accionista de Blogosfera Producciones SAS. Su familia es propietaria de la empresa Quala S.A, empresa de producción de alimentos” (Media Ownership Monitor, 2017). Así, sostener que La Silla Vacía no ha tenido relación con Quala es una falsedad por supresión de evidencia que contradice sus propias publicaciones previas.
No puedo probar aquí que exista prueba de explotación ilegal en los trabajos precarizados de los vendedores de los productos de Quala (Bonice y Vive100, por ejemplo), ni tengo elementos para probar que la línea editorial responda a instrucciones empresariales, aunque los argumentos de sus publicaciones resulten “coincidencialmente” favorables a esta famiempresa. Lo que se plantea es una pregunta de coherencia ética: cuando una política pública puede incidir en esquemas de formalización, contratación o intermediación laboral que afectan modelos empresariales concretos de un periodista o su familia, la declaración explícita del conflicto de intereses fortalece la confianza del lector.
Transparencia selectiva: el antecedente de los Panamá Papers
Existe además un antecedente que ilumina el debate sobre estándares éticos. En 2016, el International Consortium of Investigative Journalists publicó los Panamá Papers, una masiva filtración de 11.5 millones de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, revelada en 2016, donde se expone cómo políticos, celebridades y élites globales utilizaron sociedades offshore para ocultar fortunas, evadir impuestos y blanquear dinero en paraísos fiscales.
Tras las publicación de dicha filtración, Juanita León –directora hasta la fecha de La Silla Vacía–, publicó una columna titulada “Estoy en los papeles de Panamá” (León, 2016), en la que explicó por qué su nombre aparecía en la base de datos y consideró pertinente declararlo públicamente dado que su medio iba a cubrir ese escándalo internacional:
“yo aparezco mencionada allí como socia de la empresa Snowville Overseas.
De esta manera, hago visible para nuestros usuarios mi conflicto de interés en este tema antes de que publiquemos historias al respecto, como haremos en los próximos días.
Esta es una empresa de mi familia que es socia de empresas comercializadoras de materias primas para el sector alimenticio”.
Esa declaración da cuenta de que la periodista tenía claro (al menos desde 2016), que cuando existe un vínculo personal o familiar con un asunto que el medio cubrirá, la transparencia es un deber ético para preservar la credibilidad.A la luz de ese precedente, surge una pregunta legítima: ¿por qué no se aplicó el mismo estándar de declaración en otras controversias donde existían vínculos económicos familiares verificables con instituciones o sectores potencialmente afectados por la cobertura?
En el caso del artículo sobre la Comisión Histórica y la violencia sexual en Tolemaida no hubo declaración de potencial conflicto de interés. Tampoco la hubo en el debate sobre la reforma laboral, pese a que esa política podía incidir en sectores empresariales vinculados familiarmente con la dirección del medio.
No se trata de afirmar encubrimiento ni de atribuir motivaciones ocultas producto de un pensamiento paranoico. Se trata de señalar una inconsistencia en la aplicación del estándar de transparencia que el propio medio consideró pertinente en el caso de los Panamá Papers.
Un patrón de exigencia selectiva
Cuando se observan conjuntamente:
- La validación narrativa de archivos descartados por la Corte y manipulados en el marco de una operación gubernamental contra la oposición.
- La descalificación retórica de un informe institucional sobre memoria del conflicto y específicamente sobre violencia sexual en el marco de la injerencia militar extranjera.
- La ausencia de declaración de potencial conflicto de interés en debates sobre fuerzas militares y reforma laboral.
- El antecedente en el que sí se declaró públicamente un vínculo (Panamá Papers).
Lo que emerge no es simplemente un desacuerdo político o de naturaleza ideológica. Es un problema de coherencia en los estándares probatorios y éticos aplicados.
En una sociedad marcada por conflicto armado, disputas sobre memoria histórica y profundas desigualdades laborales, el periodismo cumple una función democrática esencial. Pero esa función exige uniformidad metodológica y transparencia constante: el escepticismo no puede aplicarse selectivamente, ni la credibilidad concederse dependiendo de si el objeto de análisis coincide con los intereses del periodista.
Dejando a un lado la coyuntura electoral, la discusión es epistemológica y ética. Y en ese terreno, la consistencia no es un detalle accesorio: es la condición básica de la credibilidad pública.
La estigmatización de los medios alternativos
Un último elemento que completa el análisis es el tratamiento que recientemente La Silla Vacía ha dado a los medios alternativos y populares. En el texto “Mención de Iván Cepeda en computador de las Farc no fue un montaje”, también se afirma que medios como Agencia de Prensa Rural, Kaos y Rebelión serían “medios orgánicos a las Farc mientras estuvo en armas” (La Silla Vacía, 2026b).
Esta afirmación reviste una gravedad particular. No se trata de una descripción neutra ni de una hipótesis interpretativa, sino de una calificación categórica que, en el contexto colombiano, tiene implicaciones políticas, jurídicas y de seguridad. Atribuir a un medio de comunicación el carácter de “orgánico” de una organización armada implica situarlo en un marco de sospecha que históricamente ha estado asociado a persecución judicial, estigmatización y riesgo físico para periodistas.
La reacción de los actores involucrados fue inmediata. La Agencia Prensa Rural (2026) solicitó rectificación, cuestionando la afirmación y señalando su carácter infundado. La Silla Vacía no rectificó en los términos solicitados, sino que introdujo una frase atenuante: “eso no significa que todas las personas que hayan escrito en los medios mencionados tuvieran vínculos con las Farc” (La Silla Vacía, 2026b). Esta adición no corrige la afirmación original, sino que la modula parcialmente sin retirar su núcleo acusatorio.
El episodio adquiere mayor relevancia cuando se observa la posición de la Liga Contra el Silencio, una alianza de medios —de la cual hace parte La Silla Vacía— que también publicó el artículo de La Silla. En un comunicado posterior, la Liga tomó distancia explícita de esa afirmación y reconoció fallas en el proceso editorial:
«Consideramos que dicha aseveración de La Silla Vacía, que no está sustentada en el texto publicado el domingo, hace una calificación absoluta a tres medios de comunicación como si se estuviera profiriendo una sentencia o un fallo judicial, no una investigación periodística. Como alianza, pedimos disculpas a los medios mencionados y a nuestras audiencias. A raíz de las inconformidades manifestadas por los medios que pertenecen a la alianza sobre el proceso editorial en torno a la nota, después de días de deliberación, decidimos eliminar este párrafo de la versión publicada en el portal de La Liga Contra el Silencio, acompañando la decisión con este comunicado que expone los consensos mínimos a los que hemos llegado. Además, tomamos distancia de dicha afirmación y señalamos enfáticamente que defendemos y acompañamos el ejercicio periodístico de nuestros colegas en territorios descentralizados y altamente afectados por el conflicto armado» (Cuestión Pública, 2026).
Esto es particularmente significativo: no se trata de una crítica externa, sino de una corrección desde el propio ecosistema periodístico que también publicó el contenido.
Es de particular relevancia en este contexto la carta abierta fechada el 24 de marzo de 2026, con la renuncia irrevocable a la Asamblea General de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de la periodista Claudia Julieta Duque en la cual argumenta que:
“Desde aproximadamente el año 2015 a la fecha, la señora Juanita León, directora de La Silla Vacía y mentora o amiga de varios periodistas que desde entonces y de manera nada casual han integrado sucesivamente la junta directiva de la Fundación, ha acumulado un poder extraordinario dentro de la organización. Ese poder se ha expresado en prácticas que erosionan la transparencia y la democracia interna, como la conformación de listas cerradas, diseñadas por un grupo reducido, en procesos realizados a puerta también cerrada y sin garantías reales de participación.
La reciente asamblea del 18 de marzo, en la cual fui representada por el periodista Javier Osuna, no hizo sino confirmar y agravar estas preocupaciones. En ese espacio, la mayoría de los asistentes optó por el silencio o, peor aún, por aplaudir la estigmatización irresponsable y vergonzosa que La Silla, su directora y varios de sus periodistas ejercieron contra colegas de Prensa Rural, así como contra proyectos alternativos como Rebelión y otros, al calificarlos sin pruebas de ser orgánicos de la guerrilla de las FARC, desconociendo de forma irresponsable que varios de sus miembros han afrontado durante años exilios, procesos penales espurios y múltiples amenazas y seguimientos sin que jamás ningún juez los hallara culpables de delito alguno.
Es claro que el periodismo valiente y valioso de personas de la ruralidad como César Jerez, mencionado de forma específica por La Silla, puede resultar incómodo para quienes optan por el prejuicio y la descalificación disfrazados de bienpensantismo bogotano.
Frente a ello, estruendoso silencio de la FLIP resulta injustificable. Ese comportamiento no solo resulta éticamente inaceptable, sino que contradice de manera frontal el mandato de cualquier organización que se reclame defensora de la libertad de prensa. No se puede, en nombre de la libertad de expresión, legitimar el descrédito y la puesta en peligro de otros periodistas, especialmente de aquellos que ejercen su labor desde contextos más vulnerables” (Duque, 2026).
A su vez, el director de la Agencia Prensa Rural, César Jerez, respondió públicamente al artículo de La Silla Vacía señalando inconsistencias de fondo y de procedimiento. En su pronunciamiento afirmó:
“En los ‘desencriptados’, sin cadena de custodia, aparece mi nombre en lo que pueden ser informes de reuniones en fechas en las que estaba exiliado. No sé cómo aparecieron allí o cómo fueron construidos (…) Durante todos estos años he sido vinculado a procesos judiciales elaborados en cuarteles. Ahora se busca afectar la campaña de @IvanCepedaCast construyendo ‘organicidades’ contra Prensa Rural, el único medio de comunicación creado por una organización campesina en Colombia (…) No me llamaste a contrastar la información; simplemente dejaste caer los ‘argumentos’, como en su momento lo hicieron @RevistaSemana, @ELTIEMPO y otros medios, buscando causar daño” (Jerez, 2026).
Más allá del contenido de la controversia, la respuesta pone en evidencia un problema metodológico central con implicaciones éticas graves: la ausencia de contraste directo con los sujetos aludidos, principio básico del ejercicio periodístico, especialmente cuando se trata de afirmaciones que pueden afectar la reputación y seguridad de personas y organizaciones.
En la misma línea, el Senador y actual candidato presidencial Iván Cepeda solicitó a La Silla Vacía que aclarara públicamente si su trabajo periodístico se realizaba de manera independiente o en articulación con agendas políticas (Revista RAYA, 2026), en un contexto en el que el señalamiento a Cepeda de ser “heredero de las FARC” ha sido utilizado recurrentemente por sectores políticos de la derecha (Lara, 2026).
Ante esta solicitud, la directora del medio, Juanita León, respondió:
“Iván Cepeda sugirió que La Silla Vacía ‘hace campaña’ y presenta ‘posiciones ideológicas’ como investigaciones. Rechazamos estas insinuaciones. Sembrar sospechas contra medios sin pruebas empobrece el debate y alimenta la hostilidad contra el periodismo” (León, 2026).
El nivel de cinismo de @lasillavacia y su falta de ética se hace evidente: estigmatizan a medios alternativos y periodistas como orgánicos de las FARC, y luego se victimizan cuando se les exige lo mínimo en términos de rigor y responsabilidad: reconocer que, mediante un artículo sesgado, buscan dar un golpe de opinión contra Cepeda, replicando una estrategia utilizada hace más de una década y ya desestimada por las propias autoridades del Estado que pretendía construir montajes contra la oposición al gobierno de ultraderecha y a su accionar paramilitar.
_____________________________________________
1 Estos son los links de los 2 contratos suscritos entre la empresa QUALA S.A. y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, para » EL ABASTECIMIENTO A UNIDADES MILITARES Y RANCHOS DE TROPA», de Tolemaida, Melgar, en el 2014. Aparecen en la página de contratación pública del gobierno colombiano:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-2362060
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-2248554
2 Renuncia que se presenta después de que Claudia Báez, ex directora de Cuestión Pública, renunciara, el 17 de marzo de 2026, a la Asamblea de la FLIP por las mismas razones: inacción ante la estigmatización a Prensa Rural.
