“Les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidenta de Colombia”, dijo Paloma Valencia desde su sede de campaña el domingo 8 de marzo. Su voz clara, cargada de provocación, enfatizó cada palabra como si agregara signos de puntuación en lugar de aire en sus espacios.
Ese día, junto con las elecciones legislativas, se realizó la consulta interpartidista para definir los tres candidatos presidenciales entre la Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y El Frente por la Vida. Valencia —abogada, columnista, actual senadora de la República por el Centro Democrático y uribista orgullosa— obtuvo 3,2 millones de votos y enmarcó su resultado como un logro para las mujeres de todo el país. Un logro porque, según lo expresó en su discurso, después de 200 años Colombia está más cerca de que una mujer ocupe la Casa de Nariño.
Visto desde lejos, sin afinar el lente, lo anterior podría ser interpretado como una conquista del feminismo. Más en un país en el que no se ha alcanzado una paridad política: en el congreso que se eligió para el periodo 2026-2030, por ejemplo, solo hay un 28% de participación femenina. Sin embargo, ir más allá nos lleva a mirar el terreno que sostiene el podio desde el que se enuncia la congresista Valencia: no son solo las herencias políticas y los privilegios que sostienen su posición, sino también un contexto de conservadurismo puro y duro.
Ante este panorama, realizar las elecciones el día en que se conmemora la lucha histórica por los derechos de las mujeres parece una decisión simbólica. A apenas 72 años del reconocimiento del voto femenino, las violencias patriarcales y coloniales siguen estructurando la vida social y política colombiana. Entonces, la cuestión no es solo que una mujer llegue al poder, sino si esa victoria represente realmente un avance para las mujeres y para la lucha feminista.
De tal palo, tal astilla
Paloma Valencia es heredera de un legado familiar profundamente arraigado en el poder político colombiano. Su abuelo, Guillermo León Valencia, ejerció como Presidente de la República entre 1962 y 1966 durante el segundo mandato del Frente Nacional. De corte conservador, su gobierno estuvo marcado por la implementación del modelo de pacificación con armas denominado Plan Lazo y por el surgimiento histórico de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Pero antes del presidente, el maestro Guillermo Valencia, recordado tanto por su poesía como por su militancia conservadora heredada, mantuvo una activa persecución en contra de Manuel Quintín Lame, líder del pueblo Nasa y figura clave en la lucha contra el sistema de terrajes que obligaba a los indígenas a pagar con trabajo por vivir en sus tierras.
Décadas más tarde, esta tensión histórica parece haber encontrado un eco moderno. En 2015, la actual senadora propuso a través de su cuenta de X una consulta para dividir el departamento del Cauca en dos: una mitad para el sector indígena y otra para el mestizo. A pesar de que la propuesta data de la década pasada, es importante observar cómo la candidata presidencial retoma el discurso de su bisabuelo, evidenciando la prevalencia de ideas conservadoras que beben de una tradición colonizadora. Sus declaraciones resultan en especial inquietantes al tratarse de un departamento que alberga al 20% de la población indígena del país.
Resulta casi poético que el pasado 25 de noviembre, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, las descendientes de las mujeres lamistas que firmaron el histórico Manifiesto de las Mujeres Indígenas de Colombia alzaran su voz. En un acto de profunda carga simbólica, realizaron un juicio espiritual al busto de Guillermo León Valencia, pidiendo justicia, reconocimiento para las mujeres indígenas, y el fin de las violencias contra sus pueblos y territorios.
Este reclamo de justicia trascendió lo simbólico para instalarse en la disputa por el poder ejecutivo. El 9 de mayo, en un movimiento que resuena con las luchas históricas de Quintín Lame, se anunció que la lideresa indígena Aída Quilcué, senadora y mujer nasa, será la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Este hecho posiciona a una heredera directa de la resistencia indígena frente a las mismas estructuras de poder que los Valencia han representado por siglos.
No solo los hombres han labrado el camino de esta dinastía. Paloma Valencia también ha integrado dentro de su discurso a su tía–abuela Josefina Valencia, una de las mayores contribuyentes a la legislación del voto de la mujer colombiana. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se alineó con el militar, lo que le permitió participar en la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) donde representó junto a Teresa Santamaría a las mujeres conservadoras que querían el derecho a elegir y ser elegidas, hito alcanzado en 1954. Esa alianza con Rojas Pinilla la llevó a ser la primera mujer en ocupar los cargos de ministra y gobernadora en el país, así como a enfrentarse con su hermano Guillermo León, quien afirmó que el sufragio feminino “perturbaría la tranquilidad de los hogares”.
La actual congresista insiste en que solo en el seno de una familia que valora la reivindicación de la mujer pudo haber surgido una figura como Josefina, pero la evidencia muestra que a pesar de su cuna privilegiada, Josefina no navegó a favor de su tradición familiar —al menos en la cuestión del sufragio femenino—.
Más allá del historial conservador de su familia sanguínea, Paloma Valencia pretende continuar el legado de “su papá”, como llamó a Álvaro Uribe Vélez en un acto público en Chía en enero de este año. Al abanderarse con los ideales del Centro Democrático, se impone la carga de una estructura política tradicionalmente patriarcal y vertical, donde la lealtad al líder del partido contradice la supuesta transformación que tendría el país en manos de una mujer.
Es más, la candidata presidencial tiene en la sala de su casa un cuadro pintado al óleo del Sagrado Corazón de Jesús con el rostro del expresidente Uribe, reforzando así la narrativa de que ella es “la de Uribe”, tal como rezan las vallas publicitarias desplegadas a lo largo del país. Esta devoción no solo subraya su fidelidad política, sino que termina por subordinar su propia imagen a la sombra del “eterno presidente”.
Con rostro de mujer
Paloma Valencia no es feminista y lo ha dejado claro en múltiples ocasiones. El feminismo, para ella, es una ideología de izquierda que no se adecúa a sus ideas . Esa distancia se refleja, sobre todo, en su postura frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Valencia se niega a considerarla un derecho, a pesar de la Sentencia C- 055 de la Corte Constitucional que la despenalizó hasta la semana 24. En su opinión, aunque dice no criminalizarlo, el aborto no debería permitirse más allá de las tres causales históricas ni después de los tres meses de embarazo.
Esto no es un asunto aislado. El proyecto político al que pertenece ha sostenido posiciones que vulneran los derechos de las mujeres. El Centro Democrático ha estado detrás de iniciativas restrictivas como “Escucha su latido”, que buscaba obligar a las gestantes a escuchar el latido del feto antes de poder acceder a la IVE. También ha apoyado proyectos orientados a limitar este derecho, como el reciente Proyecto de Acuerdo 340—. Aun así, la congresista dice reivindicar la lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género. En una entrevista para La Píldora, incluso aseguró que de llegar a la Presidencia, el hecho de ser la primera mujer en ocupar el cargo implicaría una transformación inevitable en la política del país: las mujeres —sostiene— gobiernan inherentemente de manera diferente a los hombres.
Más que una contradicción, lo anterior es una máscara. Hablar de igualdad de derechos sin los feminismos —sin entender la profundidad de lo que implica— termina convirtiendo esa promesa en un enunciado vacío, en un mero pragmatismo electorero. Porque la igualdad no se construye cuando persiste el interés por restringir los derechos sexuales y reproductivos. Ni cuando se ataca de frente a las diversidades sexuales y de género, a los campesinos, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a las clases trabajadoras. Ni cuando se favorece la militarización, la criminalización de la protesta social y del pensamiento diferente. Ni cuando se apoyan las intervenciones de Estados Unidos en Améica Latina o se niega el genocidio en Palestina a manos de Israel.
La llegada de una jefa de Estado podría representar, de manera general, una alteración en el acceso al poder. No podemos ignorar las barreras de género que aún persisten y que sostienen las dinámicas políticas. Todavía se deslegitiman las capacidades de las candidatas y la distribución desigual del cuidado impide que muchas mujeres puedan dedicarse plenamente a sus carreras. Pero una transformación que le apunte a construir un país más justo y equitativo no viene solo con el género de quien ocupe la Presidencia. Lo que podría leerse como una novedad en el plano de la representación, no implica realmente una ruptura. No cuando se siguen llevando de la mano las estructuras patriarcales, coloniales, racistas y clasistas que sostienen el poder.
El ascenso de Paloma, entonces, no significaría un cambio en el sistema. Sería la continuación de un orden tradicional que porta rostro de mujer.
