Un proyecto municipal pretende transformar los barrios Sucre, San Pascual y El Calvario. Sin embargo los beneficios de su renovación no están asegurados. Podrá generar una explosión de pequeños focos de delincuencia, drogadicción y pobreza por toda la ciudad. O podrá ser una oportunidad para restaurar el centro e incluir a sus actuales habitantes en un proyecto de vida digna.
Por: Alejandra Arias, Camila Raga, Joseph Lozada, Luis Fernando Cruz.
Agradecimientos a: Chaterine Collazos
«Volaron cientos de flores y hubo cuatro muertos y 26 heridos»
Don Carlos, un indigente del centro de Cali, camina por la mitad de la carrera Diez con calle Octava, se acerca al andén y ve una diadema rosada en el piso. Tal vez se le cayó a alguna niña mientras acompañaba a su madre en una tarde de compras. La recoge y la echa en su costal. Los objetos se convirtieron en su obsesión. Piensa que les puede sacar alguna utilidad.
Atardece y el olor a rosas que proviene de las floristerías de esta esquina le recuerdan a una antigua novia, una que tuvo en su adolescencia, a la que siempre le llevaba flores. Recuerda el olor pero no su rostro. Hace ya mucho tiempo que olvida con facilidad los rostros de las personas. Su recorrido por la ciudad lleva muchos años. Entre los transeúntes con que se topa algunos le huyen, otros le dan una moneda y otros simplemente no lo ven; mucho menos cuando está en el centro. La suciedad de su cuerpo se mezcla con la de las calles, es como un camaleón que deambula para sobrevivir.
Sigue caminando por la carrera Décima; es una línea recta que termina en la calle 25 y atraviesa el centro de la ciudad, como el tronco de un árbol del que se desprenden muchas ramas convertidas en calles, unas más estrechas que otras, unas más peligrosas que otras. Llega a la calle 13 después de pasar por las mueblerías que invaden la zona. El sol anaranjado de la tarde pega sobre su cara, ya no hay ningún edificio que lo tape, fueron derrumbados para construir el futuro búnker de la Fiscalía. Ahora es una cuadra inhóspita.
Don Carlos mira el Palacio de Justicia. Un edificio grande, con grandes historias. Recuerda aquel carro bomba que estalló una madrugada enfrente, a finales del 2008. Ocurrió el 1 de Septiembre y dejó 4 muertos y 26 heridos, además de averías en la infraestructura del edificio y daños en los locales a su alrededor y en los desaparecidos negocios que luego fueron derrumbados para la construcción del búnker.
Los autores implicados fueron los guerrilleros de las FARC José Ignacio Loaiza, alias «Nacho», condenado a 42 años, y Alberto Montaño López, alias ‘Carlitos’, quien se declaró culpable y actualmente espera condena.
La cuestión de los culpables ya está resuelta. Pero ¿qué pasó, en ese entonces, con los locales que sufrieron daños? Don Germán López, un testigo directo del hecho cree que ocurrió algo más que un simple atentado.
Sobre la calle 11 con carrera 10, cerca a Santa Rosa hay un pequeño local, algo apretado, los muebles ocupan la mayoría del espacio de diez metros cuadrados del local, y es muy difícil ingresar. López, 62 años, viste camiseta por fuera del pantalón de pana y zapatos desteñidos y arrugados. Es un hombre reservado. Tiene las manos ásperas del artesano que lleva décadas puliendo las maderas que vende en su mueblería.
Dos cuadras más abajo, frente al Palacio de Justicia, lo perdió todo. Además de cuatro muertos y veintiséis heridos, la onda expansiva del carro bomba se llevó toda su mercancía, más de ochenta millones de pesos en sillas, comedores y juegos de salas destruidas en segundos.
Germán López cuenta que al principio a las víctimas les dieron una ayuda de algo más de novecientos mil pesos. “Hubo varias personas que no aceptaron.” Mira el techo y en la cómoda soledad de los recuerdos, se toma las manos como consolándose:
-A nosotros la explosión nos voló la mueblería, fue pérdida total. Nadie nos reconoció nada.
Dice que perdió ochenta y cuatro millones de material por los cuales demandó al Estado, y sólo consiguió recuperar novecientos ochenta y dos mil pesos. Eso fue todo. Les prometieron préstamos en Bancoldex, pero luego se los negaron porque estaban reportados a las centrales de riesgo financiero. “Terminamos arrinconándonos aquí, cuando teníamos una mueblería muy próspera“, cuenta Germán López.
Por supuesto, no lo dice todo, hay algo más, algo que se niega a decir. Sospecha, Germán sospecha.
A los dueños de los locales les fue mejor. Modificaron o reconstruyeron un poco las fachadas de los edificios, aunque las estructuras quedaron dañadas. Luego estos afectados vendieron los locales a casi el doble de su valor inicial a la alcaldía. Las cifras fueron exorbitantes. “Pagaron más de mil millones por esos predios, pienso que fue un cohecho”, denuncia Germán López.
Prometió suministrarnos información acerca de los damnificados, papeles, documentos, pruebas, algunos archivos que había obtenido como líder del grupo de arrendatarios de la zona. Luego nos dijo que no tenía nada y nos dirigió a terceros.
El día de la bomba volaron cientos de flores en llamas dentro de los locales, cientos de miles de pétalos de margaritas, astromelias, claveles de sangre, camelias frágiles, orquídeas turgentes y lirios dulces, feroces gardenias y heliconias, crisantemos erguidos, livianos pompones. Un reguero de hojas de eucalipto, ensueños y difenbaquias. A los destrozos les siguió el desplazamiento: movieron a los arrendatarios hacia la calle Octava con carrera Diez.
En una esquina, apretada de locales con piso en madera cubierta de esterillas, un telón verde y plásticos, venden miles de flores. Hortensias coloridas y sin aroma, azucenas, rosas rojas para los enamorados, blancas para los comprometidos, claveles para los muertos, orquídeas y gladiolos, abundan las plantas que sirven de follaje y soporte en los ramos. Y hace calor, lo que no conviene a las flores. Varios vendedores afirman no saber qué sucedió con la plata de las indemnizaciones. Hay más rumores que información precisa.
Les prometieron seis salarios mínimos a los arrendatarios, subsidio de alimentación y transporte, un monto por los locales que debieron desocupar. Haciendo cuentas, no recibieron más de dos salarios mínimos y nunca más volvieron a saber del tema, ni del dinero, ni del nuevo bunker de la Fiscalía, ni de Ciudad Paraíso, ni de nada. No saben nada de la ciudad que florecerá allí cuando se hayan ido. No saben de reformas urbanas ni de lo cientos de miles de millones que están en juego a tan solo cinco manzanas de donde venden.
Ellos, los antiguos arrendatarios de los locales, floristas y carpinteros, se sienten abandonados por la alcaldía y por toda la sociedad. Pero no sólo el Estado es indiferente. La gente pasa, compra y se va. Nadie pregunta “cómo les fue hoy” o si en épocas de lluvia, aquél plástico y telón verde resisten la inundación y los aguaceros que derrumban casas de bahareque a medio armar en barrios aledaños.
Pero esta no es la primera vez que sucede algo así en la ciudad. El siete de agosto de 1956 siete camiones cargados con dinamita estaban estacionados cerca del Batallón Codazzi. Era la una de la madrugada; los camiones provenientes de Buenaventura tenían como destino Bogotá mientras eran custodiados por el Ejército. Luego de explotar ocho manzanas desaparecieron por completo y cerca de 120 manzanas quedaron afectadas. El atentado dejó mil trescientos muertos y más de cuatro mil heridos. Es uno de los acontecimientos más tristes de la ciudad en toda su historia. Después de la desolación, Cali experimentó un conjunto de cambios estructurales. Había que construir sobre lo destruido. Tras los destrozos del atentado había que erigir. Y al bunker de la Fiscalía, la reconstrucción Palacio de Justicia y la renovación del centro de Cali vino a sumarse el proyecto Ciudad Paraíso.
Hay tres planes parciales para el centro: el primero, el Plan Parcial Calvario y Sucre comprende la construcción del búnker de la Fiscalía, la remodelación del Palacio de Justicia y la Estación de Policía Fray Damián, además de la estación Intermedia MIO que incluye la construcción de la Carrera 11 entre calles 13 y 15.
El segundo es el Plan Parcial San Pascual que proveerá a la ciudad de nuevas opciones habitacionales y un ambiente seguro para la vida en comunidad. Y el tercero es el Plan Parcial San Nicolás que considera nuevas opciones habitacionales, una ciudadela tecnológica y una ciudadela de la imagen y la construcción del Centro Comercial Ciudad Paraíso. El área a intervenir es de 328.000 metros cuadrados, cada uno tiene un valor de novecientos mil pesos y su construcción tendrá un precio de un millón y medio por metro cuadrado. Se espera que, luego, cada metro cuadrado construido pueda venderse en siete millones y medio.
En agosto del 2010, el entonces gerente de la EMRU, Yesid Cruz, encabezó una reunión con los inquilinos de los cuatro edificios que quedaban enfrente del Palacio de Justicia para anunciarles los planes de renovación y los auxilios económicos que entregarían a los habitantes del sector por colaborar con el desalojo. Eso dijo: colaborar. Como si no tuvieran ningún derecho, como si su presencia sobrara, como si Germán López con quince años en la zona, Marta Martínez, con más de trece años viviendo en El Calvario o Alberto Jiménez con ocho años en su tienda de la esquina donde comienza El Calvario, fueran unos aparecidos.
El cinco de junio del 2011 a las diez de la mañana se programó la demolición de los cuatro edificios de la primera manzana donde se construirá el nuevo búnker de la Fiscalía. Aquella mañana el paso por la vía estaba cerrado y las vallas verdes de la policía impedían el ingreso a la zona de riesgo. Los que llegaron temprano tuvieron la oportunidad de sentarse en las graderías instaladas para ver el espectáculo. Todo un circo para el pueblo. Los encargados de la Emru empezaron la cuenta regresiva desde cinco y la multitud emocionada se unió al conteo: …3…2…1, un clic sonó y de repente los cuatro edificios, a dos cuadras de los espectadores, se desplomaron en una nube de polvo que tardó algunos minutos en desaparecer. El evento fue grabado y trasmitido por diferentes medios de comunicación desde todos los ángulos posibles. La explosión terminó con los animados aplausos de los asistentes que no sabían qué se construirá allí, pero una explosión de ese tamaño emociona a cualquiera.
Las excavadoras orugas recogieron los escombros de las fachadas y los pocos objetos olvidados por los inquilinos para dejarle espacio a los explosivos que completarían el trabajo de demolición.
El 24 de junio del 2011 se autorizó al presidente de Metrocali destinar 18 mil millones a la construcción de la Estación Centro dentro del Plan Parcial El Calvario. El convenio tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del 2012 y sólo podría prorrogarse por un año más, pero la vigencia estaba sujeta a la obtención de un socio estratégico y privado, requerido para el desarrollo del Plan Parcial El Calvario a cargo de la Emru.
Aunque no estén directamente relacionados con los espacios a intervenir por el proyecto Ciudad Paraíso, se sabe que los barrios aledaños se verán afectados por estas modificaciones. Los habitantes de San Pascual, Sucre y El Calvario vivirán durante cuatro años los efectos beneficiosos o perjudiciales de esta gran intervención urbana. Podrá surgir una porción de ciudad más incluyente y próspera, cualificada, un lugar para apreciar una Cali más democrática y rica en espacios públicos; o podrán acentuarse las peores tendencias de la ciudad, mayor exclusión, nichos de lujo para unos pocos, más cemento, vidrio y acero, un lugar para carros antes que para peatones. Todo depende de las decisiones que tomen los ejecutores de las políticas urbanas de la ciudad, y de la presión y presencia que los ciudadanos ejerzan a la hora de decidir los destinos de Cali. Por lo pronto, no hay razones para ser optimistas. Desalojos de habitantes de la calle, expendios de drogas y pandillas, ollas y mercados de objetos robados: la prensa y las noticias ofrecen, a diario, un rostro temible que alimenta las pesadillas urbanas.
Sobre la Diez con Diez hay una floristería de ocho metros de ancho y quince de largo, con bastante espacio libre, algunos adornos florales a los costados y fotos de sus mejores eventos exhibidos en el mostrador. Mayerly Rivera, la dueña del local, dice no conocer la situación de sus vecinos, su local no se verá afectado. “Además, ningún funcionario de la alcaldía se ha acercado a los locales de esta cuadra a informarnos sobre la reconstrucción del sector”, cuenta.
Carlos continúa caminando y se va a acercando al barrio El Calvario, se sienta en una esquina a descansar del sol. El día pasa rápido en el centro entre el afán de las personas. Pocas se fijan en los interiores de las manzanas de la cuadras de la carrera 10. Todo el que camina por ahí evita mirar hacia allá, como si no existieran estas calles llenas de indigentes y basura. Lo poco que se ve del barrio El Calvario es suficiente para imaginarse la situación social de sus habitantes.
Todo el que camina por ahí evita mirar hacia allá, como si no existieran estas calles llenas de indigentes y basura.
Los arriendos se cobran por días y los servicios se pagan cada fin de semana. Los dueños de los edificios que quedan en las cuadras más profundas del barrio, a las que no entran desconocidos, adaptan los pisos para que sean remedos de piezas, cascarones, que se alquilan a mil quinientos o dos mil pesos el día. Paredes de cal, infladas por la humedad, sábanas y cortinas rotas que hacen las veces de puertas o paredes y catres sin tablas donde descansan viejas colchonetas, conforman esas piezas donde a veces viven familias de hasta cinco personas. Las habitaciones de mejor calidad se alquilan entre cinco mil y diez mil pesos por un día.
De todos los barrios del centro de la ciudad, El Calvario es el más peligroso. Muy pocos se atreven a entrar en él. Lo más notorio son las calles sin pavimentar. Las drogas, la suciedad, el mal olor y las armas están allí. La supervivencia diaria es un reto que enfrentan los habitantes de esta zona, unas pocas cuadras en las que hasta los policías piensan dos veces antes de entrar. A doce cuadras está la estación policial más grande de la ciudad, la de San Nicolás. Fue objeto de un atentado en el 2007 atribuido a las FARC.
Desde hace trece años Martha Martínez vive en el barrio El Calvario; alquila un cuarto por el que paga cinco mil pesos al día. Vive allí con sus cuatro hijos. Dos de ellos son mujeres mayores, le ayudan a cuidar de los otros dos, más pequeños. Todos dependen económicamente del trabajo de Martha que hace un año quedó viuda.
La señora Martínez vive de las ventas ambulantes, única opción laboral para centenares de personas que habitan esta zona marginada de la ciudad pero desde la puesta en marcha del sistema de transporte masivo los vendedores son perseguidos y acosados por la Subsecretaría de Convivencia, lo que ha afectado sus ingresos económicos, ya bastante menguados. Cree que no será afectada por el proyecto Ciudad Paraíso, pues no tiene bienes inmuebles y dice que se ira a vivir a otro lado. Lo cierto es que sin un plan de reubicación ella y otras personas en su situación quedarán a la deriva.
En las calles el ambiente no mejora. El olor a heces y basura abunda por las vías. En varias esquinas se pueden ver hombres sentados en el andén, separando un cerro de basura. Mujeres y niños caminan sin rumbo fijo mientras aspiran pegante. Otros se tumban en cualquier acera con su botella de solución hasta perder el conocimiento. Una mujer sentada en una calle pide a gritos que le regalen algo de comer. Las personas pasan por encima. El Calvario es un territorio aislado que maneja sus propias dinámicas y en el que no tienen cabida las autoridades convencionales.
El Calvario es un territorio aislado que maneja sus propias dinámicas y en el que no tienen cabida las autoridades convencionales.
Según las cifras de Dane, el estrato socioeconómico de El Calvario es 2, una ficción demográfica pues la población sobrevive con menos de cinco mil pesos diarios y solo el 10% tiene Sisben. Las personas que viven en este barrio pasaron de 2.200 en el 2008 a 2.700 en el 2011.
El proyecto Ciudad Paraíso de Cali para la renovación del centro de la ciudad, es parecido al proyecto Tercer Milenio de Bogotá. Ambos consideran una gran intervención que ataca directamente las ollas más grandes de la ciudad: “la calle de El Cartucho” en Bogotá y la zona de El Calvario en Cali. Pero el proyecto de Cali, inconcluso aún, no contempló las ayudas sociales suficientes ni programas de contención social, estrategias adelantadas usualmente por instituciones privadas y gubernamentales para impedir que se agudicen y extiendan algunos de los problemas sociales que la intervención aspira a resolver.
Estos proyectos de gran magnitud ofrecen metas que benefician a muchas personas, pero si no se terminan adecuadamente estallarán como agua en una tubería a presión. Al desterrar a los habitantes de la olla, los problemas de fondo surgirán, aparecerán decenas de miniollas en otras zonas de la ciudad. Ya sucedió en Bogotá con el proyecto Tercer Milenio, que comprendía 22 manzanas. La desaparecida calle de El Cartucho ha dado paso a cuatro ollas principales y ocho más, de menor tamaño, cerca de algunas zonas residenciales en las que aumentó la violencia en casi un 30%.
La intervención a realizar en Cali comprende 30 manzanas, es significativamente más grande que la de Bogotá, aunque Cali es mucho más pequeña ¿En qué estado quedará nuestra ciudad tras la intervención?
Carlos debe esperar hasta entrada la tarde para comer: espera que lleguen los Samaritanos de la Calle. Ellos integran una fundación de voluntarios de la Arquidiócesis de Cali que ayuda a los indigentes y a los más necesitados del centro. Es una fundación conformada por más de 630 personas, estudiantes, profesionales, religiosos, interesados en proteger y ayudar al desamparado.
El padre José González lidera la fundación y sale cada martes después de la eucaristía de las 6 pm en la iglesia de Santa Rosa, entra al Calvario con más de 22 grupos integrador por cuatro o cinco personas. Se distribuyen por todo el sector y reparten pan con agua panela a sus habitantes.
«Ahí hay cuatro o cinco grupos bien definidos, los habitantes en condición de calle; los raizales; empresarios del reciclaje, comerciantes y expendedores», explica el párroco. Empezó esta iniciativa en 1998 apoyado por el fallecido monseñor Isaías Duarte Cancino, asesinado en 2002 en Cali por las FARC según lo dictaminó la justicia. Los Samaritanos de la Calle son una de las instituciones de asistencia social más activas en Sucre, El Calvario, San Pascual, Santa Rosa, San Bosco y el barrio Obrero.
Inicialmente llevaban alimentos a los más necesitados. Fue un proceso lento. Sus organizadores fueron víctimas de robos y amenazas por algunos habitantes, que no estaban acostumbrados a que extraños entraran a su barrio sin permiso ni custodia.
Poco a poco los habitantes entendieron que la labor de los samaritanos iba encaminada a asistir y, de alguna manera, a reparar algunas de las fisuras de un sistema social que los había olvidado; las ayudas fueron ampliándose hasta consolidarse en casas con funciones asistenciales. En total son seis casas que ofrecen servicios médicos, psicológicos, de odontología, enfermería, guardería, escuela, aseo personal, baño y lavado de ropa; además de la jornada semanal de los martes en que ofrecen alimentación.
Gracias al trabajo del padre, sus samaritanos y las empresas benefactoras, muchos habitantes de estos barrios han podido acceder al Sisben, y rehabilitarse del consumo de sustancias psicoactivas.
“Un verdadero Samaritano de la Calle, no ve en el otro un ‘desechable‘, ni llama al lugar donde habita ‘olla’. Con nuestro trabajo, sólo queremos que en el centro de nuestra ciudad nadie se acueste con hambre”, dice una integrante de la fundación.
La Empresa Municipal de Renovación Urbana ha intervenido en varias ocasiones este barrio, prometiendo ayuda económica y protección social a los habitantes. Pero todo queda en promesas. Luz Adriana Correa desde hace 30 años trabaja en el supermercado La Campesina, en una esquina del barrio:
– Ellos dicen que no, que a los únicos que pueden darles indemnizaciones económicas, son a los dueños de los locales; a los arrendatarios no nos dan nada-, dice que la única ayuda ha sido una asesoría. -A la edad que tengo ¿dónde voy a empezar de nuevo?-. Sabe que debe buscar nuevas opciones porque será desplazada del lugar.
En la página web del proyecto Ciudad Paraíso se exponen las condiciones para implementar algunos planes sociales que ayuden a los habitantes de los tres barrios. Se establecen cinco temáticas de intervención prioritaria: la estigmatización del sector, el habitante de la calle, el deterioro predial, las pocas condiciones de habitabilidad de la zona y los indicadores negativos de convivencia como robos constantes, venta de droga y subempleo.
Dice además que los reconocimientos económicos están destinados a mitigar el impacto sobre las personas desalojadas. Se habla de indemnizaciones de hasta ocho salarios mínimos para los comerciantes arrendatarios, y para los hogares, dependiendo del número de personas, las indemnizaciones van de uno a tres salarios mínimos. Pero los afectados dicen otra cosa: los floristas que han improvisado sus locales en la calle Octava con carrera Diez aseguran que les prometieron seis salarios mínimos de los cuales solo les entregaron dos. En el plan de gestión social, las cifras parecen claras y organizadas pero los afectados dicen no haber obtenido mayores beneficios.
El Centro de Investigaciones de Territorio, Construcción y Espacio, CITCE, tiene oficina en la Universidad del Valle. El 21 de septiembre del 2012, formuló un Plan especial de Manejo y Protección, PEMP, consiste en la renovación del centro histórico de Cali para garantizar su conservación y sostenibilidad. El objetivo es normalizar el centro haciéndolo útil para todos los sectores de la población.
El centro histórico de Cali limita al norte con la Avenida Colombia, al occidente con la calle Quinta y el barrio San Antonio, al sur con la carrera Diez y al oriente con la calle Trece. Tiene un total de 59 manzanas entre las cuales hay algunas del barrio El Calvario y 26 de San Pedro, barrios susceptibles de trasformación debido al proyecto Ciudad Paraíso. De acuerdo con el estudio del CITCE, el centro de Cali no es un centro muerto, en él se encuentran establecimientos institucionales, comerciales y viviendas. Las viviendas y residencias ocupan el 9% del territorio. Los establecimientos institucionales, el 10%, otro 10% es mixto, comprende comercio y vivienda; el 3% es área no desarrollada y edificaciones sin uso, y en 67% predominan la venta de bienes y servicios.
Sin embargo, uno de los fenómenos más importantes es que el centro se vacía en las noches debido al deterioro de las edificaciones; el envejecimiento de la población, la poca oferta en vivienda, la proliferación del comercio informal y la creciente contaminación visual y auditiva. En la noche desaparece toda la congestión vehicular. El centro es un lugar de paso: aproximadamente 70% de los vehículos que lo cruzan no tienen por destino el centro.
El PEMP tiene destinado una parte de su presupuesto a programas sociales: un programa de control de comercio informal, atención a indigentes, programa de monitoreo de seguridad, cualificación del comercio tradicional y construcción de un modelo de turismo cultural. Pero como las obras no han empezado y aún se estudian propuestas de financiación, el PEMP no tiene presupuesto fijo para estos programas, ni ha estructurado sus propuestas concretamente.
Según el arquitecto Ricardo Hincapié, director del CITCE, el proyecto pretende darle prioridad al peatón, a diferencia de las Megaobras, pero el desafío clave de la construcción de espacio público es la creciente economía informal. Al brindarle más espacio público al centro, ¿cómo se regulará a los vendedores ambulantes?
“Dentro del PEMP, Hay un programa con los vendedores ambulantes. El objetivo es generar un programa de pasajes, muchos ya están pero otros se pueden diseñar. Se trata de habilitar los interiores de manzana, para el comercio. Eventualmente muchos de estos vendedores pueden ubicarse ahí”, explica Hincapié con un poco de preocupación, pues entiende que el crecimiento desmedido de los vendedores ambulantes no es un problema del centro, ni de la ciudad sino del país.
El proyecto Ciudad Paraíso y el PEMP son iniciativas que pretenden renovar la zona y las ollas. A El Calvario lo aquejan problemas sociales graves que las administraciones han pasado por alto o han controlado parcial o tibiamente como el microtráfico, la drogadicción, la prostitución, y la baja calidad de vida. Estas iniciativas orientadas a potenciar y dignificar el centro no garantizan que las personas de El Calvario tendrán mejores oportunidades de hacerse a vidas dignas, menos vulnerables y amenazadas. Menos si siguen predominando los abordajes policivos y una concepción militarista y represiva de la seguridad. Un año después del atentado al Palacio de Justicia se comprendió que El Calvario era una prioridad. Se instalaron dos CAI de la Policía, hubo nuevas patrullas motorizadas y se amplió la presencia de auxiliares bachilleres en la zona.
El 3 abril del 2013, el presidente Juan Manuel Santos ordenó la erradicación de las ‘ollas’ en las ciudades. En Cali, cientos de uniformados de la policía madrugaron para intervenir en El Calvario y Sucre, y erradicar las bandas de microtráfico. Las calles amanecieron llenas de policías y cámaras de noticieros. Un escuadrón, encabezado por el general Fabio Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana, pasó entre las personas que dormitaban en las calles y reunió un edificio a los potenciales jíbaros. Irrumpieron sin permiso ni orden judicial en las piezas separadas por paneles verdes y requisaron a los habitantes. Marcaron con X las puertas de los lugares en donde encontraron expendios de droga. Los operativos duraron una semana: decomisaron 37.000 dosis de droga y 300 armas. El 12 de abril desmantelaron la banda de microtráfico llamada “Los Diablitos”.
Desde su creación El Calvario se ha convertido en el centro de la indigencia y una de las ollas más importantes de la ciudad. Por sus calles pueden pasar más de cien millones de pesos al mes en negocios legales e ilegales.
Los operativos para retomar el control de la zona de El Calvario y Sucre son frecuentes: en el 2012 se decomisaron 48.000 dosis de marihuana y se capturaron 97 personas. En los operativos de abril se capturaron más de 10 personas, muchas de ellas se ganan la vida vendiendo y consumiendo droga, aunque los verdaderos responsables del tráfico de drogas no viven allí.
Se sabe que el negocio de expendio de estupefacientes es controlado en Sucre y El Calvario por un hombre conocido como “Papi Jhon” y por una mujer a la que llaman “Martha”. Ellos tienen bajo su mando a más de 150 personas encargadas de llevar la droga a casas donde se mezclan con harina, cemento o ladrillo rallado. Luego se venden al día cientos de papeletas que pueden costar entre 300 y 500 pesos la unidad.
No debe negarse que en los barrios que conforman el centro de la ciudad se esconden y refugian drogadictos e indigentes de todas partes. Pero la orden del presidente Santos para acabar 24 ollas de todo el país beneficia al proyecto Ciudad Paraíso, pues acentúa la percepción general según la cual se trata de antros y lugares de perdición con poco valor, que ameritan intervención decidida y urgente, y una renovación radical. Así puede desalojarse, con cierta legitimidad, a cientos de personas sin atenerse a requisitos y procedimientos formales de indemnización. Y los ciudadanos terminan demandando y agradeciendo la construcción de este tipo de proyectos.
Ciudad Paraíso lleva tres años en boca de los ciudadanos e instituciones estatales y publicitándose en los medios, pero no se han visto adelantos significativos y concretos en la futura zona de construcción. Varios meses después de la espectacular demolición, mediante explosión controlada, del edificio donde estará el búnker de la Fiscalía, el agujero continúa ahí, inalterado, protegido por la tímida presencia del guarda de una empresa privada que vigila el terreno. Nada más.
El desalojo sin consulta de los comerciantes y habitantes de los barrios afectados de Ciudad Paraíso, constituye una violación del derecho que les asiste a estos ciudadanos a participar de decisiones que los afectan. También los habitantes de El Calvario y los vendedores de flores tienen mucho que decir acerca de la ciudad en la que aspiran y desean vivir. No se trata únicamente de lo poco claras que son las cuentas sobre indemnizaciones y reconocimientos económicos. Se trata también del manto de silencio y el poco reconocimiento que ha venido haciéndose acerca de la ciudad que habrá de prosperar en esta Cali. Fue imposible hablar con la Emru.
Iniciado el 2014 el proyecto Ciudad Paraíso toma un nuevo impulso. La oferta de pagar a ciento ochenta mil pesos el metro cuadrado aún no convence a los dueños de las viviendas y bodegas de reciclaje. Por otro lado, la resistencia de la comunidad de El Calvario no ha impedido que se concrete parte del proyecto. Frente al renovado Palacio de Justicia, el jueves 06 de marzo, la alcaldía firmaba las escrituras del lote donde se construirá el Búnker de la Fiscalía, en un área de 7.647 metros cuadrados para la que se estima una inversión mixta de 150 mil millones. Aún faltan la mayoría de las 30 manzanas de san Pascual, El Calvario y Sucre que cubrirá la Ciudad Paraíso.
Don Carlos camina de nuevo por la carrera Diez y vuelve a pasar frente al futuro búnker de la Fiscalía, una manzana entera enmallada en la que se aprecia la caseta maltrecha del vigilante. Se arrima más y ve al vigilante que sonríe iluminado de azul por la pantalla de un televisor pequeño.
Las gotas que habían caído antes se convierten en una lluvia fluida y continua, Carlos se tapa la cabeza con un plástico transparente sin quitar la vista del vigilante, sonriente y seco. Ventea y en la calle hace frío. Carlos acerca las manos sucias a la cara, las junta y las sopla, esperando un poco de calor. Envidia al vigilante, guarecido bajo un techo y una manta de lana negra y roja.
