Mientras avanzan los diálogos en La Habana, nos preguntamos ¿qué aprendizajes puede sacar el país de sus anteriores desmovilizaciones?, ¿bastará con desarmar a los guerrilleros para alcanzar la paz?, ¿qué tareas deberá realizar la ciudadanía para reincorporar a los combatientes en otras prácticas?, ¿cómo se deben reparar a las víctimas? Las respuestas ofrecen un panorama complejo pero necesario de afrontar.
Por: Andrés Felipe Moncada, Juan David Ortega, Alejandra Mafla, Camilo Parra, Luis Tróchez
El “yo” es “un otro”.
Jean Luc Godard
En los últimos meses antes de salir de la cárcel, Ángela pasaba sus días acostada en su cama. La habían indultado y no alcanzó a cumplir una condena de ocho años por rebelión. Durante su estadía en el Buen Pastor de Bogotá, asesinaron a Carlos Pizarro y a Pardo Leal, y las esperanzas que guardaba en los acuerdos de paz se desplomaron. Perdió 11 kilos en ocho meses, luego de salir a la vida civil con “una mano atrás y otra delante”. No sabía qué hacer, el M-19 era su familia y ya no existía.
En la Colombia de los años 90 nueve grupos guerrilleros abandonaron las armas. Se desmovilizaron 4.817 militantes, pertenecían al M-19, al Movimiento Armado Quintín Lame, al Ejército Popular de Liberación, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y a la Corriente de Renovación Socialista. También algunos eran miembros de un puñado de grupillos que ahora pocos recuerdan, como el Comando Ernesto Rojas (CER), las Milicias Populares de Medellín (MPM), el Frente Francisco Garnica y el MIR-COAR. A pesar de la desesperanza, también Ángela se desmovilizó. Fue cubierta por los acuerdos que concretaron el gobierno y el M-19.
Cuando una unidad se desmoviliza abandona sus estructuras armadas, las redes de inteligencia y las estructuras administrativas. Los guerreros dejan sus armas, el paisaje que les era familiar lleno de trincheras y trochas se transforma en calles de concreto. Pero la desmovilización no es suficiente. Antes de la década de los 90 comenzó a hablarse de reintegración en Colombia. A diferencia de la desmovilización, los programas de reintegración pretenden que el guerrero de ayer se sume a la vida cotidiana en una comunidad, un barrio, una ciudad, a un proyecto de producción. Tras años de estar dando bala y acechando, los combatientes se habitúan a ello, y es necesario un largo proceso para abandonar esos hábitos y construir nuevos vínculos. Volverse ciudadano es complejo, luego de haber matado, herido, violentado a otros.
El país que se enorgullece con el éxito de sus celebridades en el exterior o de sus figuras deportivas como Falcao y se reconoce en García Márquez, suele olvidar que también los asesinos, los criminales, los narcos son su hechura. Mafiosos, sicarios, políticos corruptos, guerrilleros, paramilitares son el resultado de una sociedad que no asume sus equivocaciones, no entiende su origen y prefiere ignorar sus propios engendros. El excombatiente debe reintegrarse a la sociedad que lo ha forjado; está obligado a alejarse de su pasado, a abandonar la violencia y a reinventarse en un país que ha cambiado poco y muy lentamente y en el que los mecanismos que engendraron al combatiente siguen marchando debidamente aceitados. Colombia necesita reconstruirse como un cuerpo integral.
Una efectiva reparación, necesita que víctimas y victimarios relaten sus versiones de la guerra. Conocer la verdad, el dolor provocado y sentido, es lo mínimo para que las heridas sanen con el tiempo.
Una efectiva reparación, necesita que víctimas y victimarios relaten sus versiones de la guerra. Conocer la verdad, el dolor provocado y sentido, es lo mínimo para que las heridas sanen con el tiempo.
William Torres, profesor de la Universidad Surcolombiana, ha estudiado el impacto del conflicto en la experiencia subjetiva de las personas; busca comprender cómo los miedos heredados por la guerra conviven a diario con sus víctimas. Torres piensa que el descosido tejido social, las heridas del conflicto, inician con la destrucción del tejido comunicativo. Éste es entendido como los vínculos y urdimbres que construyen los grupos para tener un espacio propio, con sus afectos, en un territorio desde el cual organizar y explicar la vida. La escalada de los grupos armados criminales y de narcotráfico fue rompiendo esta construcción. Primero estos grupos intimidan: no hables, no te quejes. Luego generan zozobra: ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Se aprende a tener la radio eternamente prendida en espera de malas noticias. Después desplazan a las personas y las llevan al ensimismamiento, al silencio, al trauma, explica Torres.
Los desmovilizados están obligados a aportar información que permita dar con el paradero de los cuerpos de las víctimas y de los caídos. El Estado durante un tiempo orientó la reparación ofreciendo retribuciones económicas a los dolientes. Pero como se sabe, el dinero no compensa el duelo que causa la ausencia de un ser querido. Los pagos no ayudan a concluir ese proceso doloroso, y en ocasiones no hace más que envilecerlo debido a que se recibe poco por una pérdida que no tiene precio. Las familias necesitan saber de la ubicación del cadáver, de los restos de su ser querido, de las circunstancias de su muerte, requieren desenterrarlos y darles sepultura. El Centro de Memoria Histórica es una de las pocas instituciones nacionales que aporta a la restauración del tejido social ocupándose de tratar con los aspectos menos tangibles pero más importantes para, alguna vez, pasar la horrible noche. Esta entidad tiene como objetivo reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales de aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, como expresa la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Animales de costumbres
Somos animales de costumbres. Para una persona en la ciudad es muy fácil vivir porque tiene amigos y comodidades, muchas cosas que en la selva no se pueden tener. Sin embargo uno se acostumbra, por ejemplo a dormir en hamaca, sin nada. Carlos, un hombre moreno y robusto, ex miembro del EPL recuerda con calma. Viste casual, de jean y camiseta. Se toma su tiempo para hablar. Se resiste a hablar de su pasado. La mirada se le pierde como si volviera a la humedad de las trochas por donde caminaba bajo la sombra fría de los árboles. Hubo un tiempo en que me adapté, fueron como tres meses, no teníamos nada, absolutamente nada, solamente el equipo, el arma. Nos tocaba dormir sin sábana y sin hamaca. La hamaca sólo se utiliza en un buen clima, como el de la selva. Dice que cuando hay mucho frío y se cuenta solo con un plástico para resguardarse, no se usa hamaca. Uno se acuesta en el suelo. En una noche helada, con cada centímetro de piel herida de frío, sólo la tierra te brinda calor y abrigo. Los primeros tres días son los más difíciles. De un árbol grandísimo sacábamos hojas y revisábamos que no tuvieran bichos, luego las amontonábamos en el suelo, colocábamos el plástico y le tirábamos más hojas encima. Y listo, ahí se dormía.
En la mitad de su casa en el barrio San Fernando de Cali, tiene un jardín con un camino que lo atraviesa. El viento balancea una hamaca que usa de vez en cuando. La observa cuando recuerda aquellos días. Hoy se pregunta cómo podía soportar tantas situaciones extremas en la selva: dormir preparado para el combate, boca abajo en la hamaca, abrazado a su arma. A la primera señal saltaba y quedaba en el piso, listo para entrar a la batalla. A las tres o cuatro de la mañana, cuando comienza el rocío – que uno sólo percibe cuando lleva tiempo allá-, el cuerpo se enfría, es la cosa más tremenda. Pero después de los primeros días, dejamos de quejarnos, el organismo asimila la temperatura y nos fortalecemos.
Carlos cuenta que reconocían en medio de la noche cuando alguien había pasado por la selva. Sus ojos se adaptaban a la oscuridad y podía notar los mínimos cambios en los caminos, cuando alguien los transitaba. Uno puede percibir si hay gente en la zona. Yo no sé cómo explicarlo. La vegetación cambia cuando hay personas. La respiración de la selva cambia.
Las rutinas de los combatientes son monótonas. Se levantan temprano, hay entrenamientos militares y políticos, hacen rondas de vigilancia y se prepara la comida. Carlos cuenta que el ejército prefiere atacar en la madrugada. Las batallas son tan intensas que no se puede dormir durante todo el día; sólo a tempranas horas de la mañana, amparado por la oscuridad, se puede cerrar los ojos en medio del sonido de las balas. “En el combate, todo el mundo tiene nervios, pero hay que saber qué hacer con el miedo, hay que adaptar la psiquis. Al primer balazo uno se tira al suelo y luego mira de dónde viene”.
Carlos se desmovilizó en 1991, aprovechando el acuerdo político que logró el gobierno con el EPL.
Según cuenta Edilfredo Hio, secretario de la organización Sol y Tierra, y ex miembro del Movimiento Armado Quintín Lame, en 1971 algunos dirigentes nasa del Cauca se reunían clandestinamente para planear la recuperación de las tierras que les habían arrebatado los terratenientes con apoyo del ejército. Tres años después fundaron el Consejo Regional Indígena del Cauca, una organización cuyo lema era “recuperar la tierra para recuperarlo todo”. Tenían la función de liderar la lucha indígena del Cauca en los años 70. Terratenientes y otros grupos que no estaban de acuerdo con la política del CRIC empezaron a perseguir a los líderes de la organización y como contrapeso nació el Movimiento Armado Quintín Lame. Su propósito fue defender al Consejo y apoyar la lucha indígena. No era una organización independiente del CRIC.
El movimiento armado Quintín Lame tuvo mucha aceptación dentro de los cabildos indígenas y la comunidad a la que pertenecían sus integrantes. Tenía una ideología muy diferente a los otros actores armados. Precisamente el Quintín Lame, se vio obligado a armarse, para defender sus tierras y a su gente, no tenía la intención de tomarse el poder a través de las armas. Cuando Edilfredo fue combatiente pudo notar la ayuda que le prestaba el pueblo indígena al movimiento; era común que invitaran a los integrantes a sus casas y los trataran como miembros de su familia. Incluso algunos gobernadores de las comunidades enviaban a muchos jóvenes a formarse con ellos.
Tras años de lucha, el Quintín Lame entró a negociar con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, en medio de la coyuntura de la Asamblea Constituyente del 91. El gobierno aceptó la petición del movimiento de tener un representante en la Asamblea, y ellos delegaron a Alfonso Peñas Chepe, mientras ultimaban los detalles de la dejación de armas. Fue un gran logro poner un representante del movimiento en la constituyente. Lo acompañaron un indígena del pueblo Mizac, Lorenzo Muelas, y Alfonso Rojas Birry. Ellos lograron unificar una propuesta en defensa de los indígenas de Colombia. En la constitución del 91 se plasmaron algunos de los derechos que deben tener los pueblos indígenas, cuenta Edilfredo.
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Ángela
Cuando Ángela recuerda por qué ingresó al M-19 no puede dejar de identificar las circunstancias que marcaron su niñez. Tiene poca estatura y algunas arrugas que le dan un semblante incisivo. Mientras toma un té verde caliente trae a memoria la historia de su padre, un hombre de ascendencia humilde, que estudió primaria con libros prestados y sufrió dificultades imaginables. Él le contaba cómo vivió la época de La Violencia, criando a sus hermanos menores y escondiéndose de los militares Chulavitas que buscaban neutralizar cualquier oposición al gobierno conservador. Pero sobre todo la estremecía observar la marcada estratificación social del ingenio azucarero donde vivía su familia, cerca a Palmira. Los patrones y empleados de alto rango tenían casas grandes y confortables, con perros guardianes y árboles de mango a su alrededor. Cuando había cosecha no podían comerlos porque para quienes vivían en las casas más modestas estaba prohibido entrar allí. Los mangos se perdían en el suelo, o los hijos de los patrones se los vendían a Ángela en los buses que los llevaban a la escuela. Ella pertenecía al sector medio, vivía en casas de ladrillo, con puertas de madera y servicios públicos. Las familias más humildes eran las de los trabajadores rasos y los corteros. Le llamaban “El Pueblo” al conjunto de cambuches donde residían. No tenían servicios públicos y de unas piletas de agua estancada sacaban para bañarse y beber.
Cuando Ángela era niña jugaba con su muñeca a ser líder, una defensora de los malaventurados que luchaba por la justicia y la equidad. En las tardes brincaba junto a sus amigos tras una pelota de basquetbol y a veces subían al páramo. Cuando cursaba noveno grado, hizo parte de un grupo de estudio, en el que se juntaban jóvenes universitarios y escolares para discutir textos sobre materialismo histórico, dialéctica, textos de Hegel y Marx.Ángela estaba empapada y conocía discursos de izquierda antes de ingresar a la Universidad del Valle a estudiar Ciencias Naturales. Incluso, conocía a personas de los movimientos estudiantiles y había participado en una movilización estudiantil contra la reforma educativa del 78.
Los dormitorios de las residencias univallunas eran usados para debatir los problemas sociales y la situación del país a finales de los 70. Ángela visitaba estos edificios en la noche y se quedaba a dormir en un dormitorio prestado. También asistió a las acaloradas asambleas estudiantiles y de a poco fue ganándose un lugar en el consejo estudiantil. Por ese entonces la universidad no estaba amurallada, el campus se volvía un terreno de batalla cuando los estudiantes se enfrentaban con la policía.
Como ahora, los disturbios también resultaban una fuente de entretenimiento para revoltosos y observadores. Corría mucha adrenalina al entonar los canticos, al huir de los gases, al saltar y mantenerse alerta. Los ánimos se caldeaban con los insultos lanzados entre los bandos. La policía de un lado. Los estudiantes del otro. Una vez Ángela caminaba junto a una amiga por el terreno baldío donde ahora queda Unicentro. Al avanzar se encontraron con un grupo de soldados que se dirigía hacia la Universidad. Sin preguntarles nada comenzaron a perseguirlas. Ángela se fue de bruces en un pequeño altibajo y uno de los soldados descargó una andanada de patadas, puños y golpes sobre su cuerpo. Se detuvo cuando ella le gritó “¡No más!”. Su amiga contó con menos suerte, le partieron el brazo izquierdo. Luego las usaron como escudo para detener las piedras que lanzaban los estudiantes. El dolor de los golpes lo resintieron encerradas en una celda durante tres horas.
Al transitar por estos círculos universitarios, las invitaciones para que se uniera a diferentes movimientos no se hicieron esperar. Conoció a un muchacho del ELN que la invitó a unirse, pero fue dado de baja en un operativo poco después. Recién había ocurrido la toma de la embajada de República Dominicana por el M-19, en febrero de 1980, cuando otro amigo logró convencerla de vincularse. Comenzó a trabajar en una célula del sector estudiantil. La entrenaron militarmente en zonas desoladas de la ciudad. Hacían acondicionamiento físico y práctica de tiro. También le enseñaron inteligencia militar, manejar las bombas molotov y construir las panfletarias con un tarro metálico de galletas Saltinas lleno de volantes que se esparcían en espacios abiertos cuando se activaba un pequeño mecanismo explosivo. La célula donde laboraba era responsable de apoyar a los movimientos estudiantiles de Univalle, de otras universidades y colegios, y de apoyar a los sectores populares en los barrios de invasión.
Con la llegada de Turbay al poder en 1978, arreciaron los ataques militares contra el movimiento. Los operativos de la fuerza pública habían llevado a la cárcel a casi toda la cúpula del M-19, mientras otros grupos guerrilleros se expandían por varias regiones del país. Ángela se vio obligada a trabajar en la clandestinidad. Sin embargo, la capturaron cuando iba a realizar unos trabajos en un pueblo cercano a Palmira. Antes de ser enviada a la cárcel los policías la amarraron de pies y manos a una silla metálica; con una capucha en la cabeza recibió los embates de agua fría hasta desmayarse. Se mantuvo en silencio, luchando con esa parte frágil de su mente que quería soltarles toda la información que pedían. Los uniformados no obtuvieron lo que buscaban y desistieron. La enviaron a una cárcel durante tres meses. Al salir intentó volver a la Universidad, pero no pudo continuar sus estudios porque descubrió que la estaban persiguiendo. Ocurrió cuando caminaba por las calles de Palmira, atravesaba las cuadras del barrio cerca de su casa, y de pronto notó que un hombre en moto la seguía. Armándose de valentía se acercó al tipo y le preguntó ¿por qué la seguía? El hombre un poco desconcertado respondió que sabía en que estaba metida, que era del F-2 de la Policía y que se cuidara.
Entonces puso su vida en manos del M-19 y su compromiso le permitió ascender rápidamente dentro de la organización. Sus responsabilidades aumentaron y la relación con su familia se deterioró hasta acabarse cuando la detuvieron en la afueras de Bogotá.
Era 1987 y se dirigía a una reunión. Un Renault 4 apareció por sus espaldas y hombres saltaron como perros bravos a la calle. Le cayeron encima. Ella cree que eran oficiales al mando de Maza Márquez, director del DAS entre 1985 y 1991. La arrastraron hacia el carro y en poco tiempo, entre vaivenes y vueltas, terminó en un batallón.
El lugar era oscuro y húmedo. La única bombilla iluminaba el piso de concreto y al policía “bueno”. Él le hablaba como si fuera de izquierda, como si comprendiera sus ansias de mejorar el país, mientras una voz perversa que venía de entre las sombras la amenazaba, trataba de intimidarla con mentiras. Todo era igual a las estereotipadas escenas de interrogatorio de las películas policiacas. Esa vez tuvo más miedo pues sabía de la fama de asesinos de la gente de Maza Márquez. Estaba en ropa interior, aterrada y aunque la amenazaron con hacerle el submarino -hundirla de cabeza en una piscina helada- el interrogatorio terminó sin resultados. La mandaron al Buen Pastor donde pasaría tres años antes de que le dieran la amnistía, cuando tenía 28 años.
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En setenta años que lleva el conflicto colombiano es común imaginar que el guerrillero, el paramilitar y el soldado, son máquinas sanguinarias, seres crueles. Esta imagen del guerrero no es gratuita. Se reafirma con las evidencias de brutalidad sin compasión: las cabezas de las víctimas usadas como balones de fútbol, las motosierras que cercenan hombres y mujeres atados a los árboles, la devastación en la iglesia de Bojayá y su centenar de muertos destrozados por los cilindros bombas, la violación sistemática de mujeres, los jóvenes ejecutados para mejorar los indicadores de éxito y el conteo de cuerpos en los falsos positivos. Esta guerra ha sido particularmente cruel y repugnante.
Cuando Ángela llegó a la cárcel se sintió afortunada. Bien pudo haber terminado en alguna tumba clandestina, incinerada y arrojada río adentro. Entonces celebró la fortuna de salir viva de aquella tortura. Se sentía en la gloria y libre en la cárcel. Su expresión seria se hace risueña al recordar este episodio. Como ella muchos excombatientes conocen el horror de la guerra, su monstruosidad; y comprenden, al examinar sus propias historias personales, cómo la guerra los hizo instrumentos de su lógica. En un país desordenado por la guerra, con una sociedad descompuesta por la ausencia de justicia y la dejadez estatal en muchas de sus regiones, la necesidad de sobrevivir a cualquier costo convierten en objetivo de guerra cualquier nicho, terreno o posesión: las pandillas libran batallas enteras por una calle, por la posesión de un parque y una esquina clave para el tráfico; y ahora mismo, alrededor de las posesiones mineras, grandes emporios nacionales y trasnacionales, y pequeños mineros, mafias y políticos locales, libran nuevas contiendas, a sangre y bala. Los colombianos hemos visto y experimentado la crueldad sin atenuantes. Y cuesta imaginarse cómo podremos desaprender el horror.
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En la “Serie de Informes” número 8 de la “Fundación Ideas para la paz”, los estudios arrojaron conclusiones significativas: de las pruebas psicológicas a los excombatientes paramilitares se podía afirmar que la población no es predominantemente psicópata, pues la mayoría de ellos tienen signos de angustia y remordimiento. Si bien son vistos muchas veces como seres inhumanos, aunque manifiesten sentimientos de culpa por su pasado, predomina la mirada más pesimista sobre ellos. De hecho, según estudios, son personas relativamente normales desde el punto de vista psicológico, pero han sido víctimas de violencia, y en la mayoría de casos, objeto de amenazas de seguridad o muerte contra su familia o ellos mismos. A pesar de más de cinco millones de víctimas, de las cuales seiscientos mil son muertos y cuatro millones desplazadas, es necesario redescubrir en quienes han sido vistos como crueles e inhumanos, a otro colombiano, síntomas de que algo no funciona nada bien en el país. Hacerlo, tomará tiempo y voluntad.
De las pruebas psicológicas a los excombatientes paramilitares se podía afirmar que la población no es predominantemente psicópata, pues la mayoría de ellos tienen signos de angustia y remordimiento.
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Darío Restrepo, un hombre alto y rollizo, fue miembro del M-19 pero no participó en la desmovilización y ahora es juez en Pradera. Su mirada fija combina respeto y comodidad al hablar. Nos enumera los beneficios y las facilidades que les prometió el gobierno a los desmovilizados del M-19: sueldos por seis meses, cupos en la universidad o taxis, amnistía o indulto de penas según las necesidades.
Algunos desmovilizados del M-19, como Darío, no recibieron las ayudas estatales porque ya tenían un título universitario antes de unirse al grupo. Pero muchos de los combatientes rasos, las bases, no pudieron acceder a ellas. Según Ángela, la remuneración que les dieron por desmovilizarse rondaba los 60 mil pesos, era casi un salario mínimo en 1991.
Darío recuerda a unos muchachos de Palmira, Yumbo y Cali que decidieron abandonar el M-19, cuando se acercaba la firma de la paz, para irse a delinquir con el “Mocho”. Se dedicaron a secuestrar y extorsionar. Cuando ocurrió el proceso de desmovilización, siguieron en lo mismo y poco a poco fueron asesinados. Por ejemplo al “Mocho” Laureano lo mataron viniendo en una moto desde Cali, reseña Darío con tono convincente.
Cuando le preguntamos sobre la efectividad de los procesos de reinserción nos dice que usualmente se mide por la cantidad de desmovilizados, pero cree que es insuficiente. Habría que mirar la eficacia caso por caso, individualmente. Los números no bastan para determinar qué tan exitosa ha sido la reincorporación de estas personas a la vida civil.
El día que lo visitamos en Palmira, se reunieron varias personas que pertenecieron al movimiento M-19. Algo los une, además de su pasado y su amistad: están decepcionados. Creen que el proceso de paz con el M-19 y la reinserción fallaron. Yo recuerdo a un grupo de personas que estaban hacinadas en una casa de Cali, trabajando con bolsos. El gobierno les prometió unos recursos pero nunca se los dieron, comenta una profesora que simpatizó con el M-19 cuando estaban en el proceso de desmovilización. Esta mujer de cabello café con visos rojos mira con ternura a su esposo. Él sí fue miembro del M-19, y al igual que Darío no participó de las desmovilizaciones porque ya tenía título de médico.
Cuando habla su bigote ondula. En medio de su charla menciona a los Navarro y a los Patiño, acusa a estos ex militantes de haberse robado un dinero que el gobierno les había dado para repartir entre las bases. Al movimiento lo permeó gente oportunista como el señor de vivienda, el famoso Hugo Varela Mondragón. Ese hombre era una rata. Él hacía planes de vivienda social y robaba a la gente. Nosotros hicimos sacar del movimiento a Hugo Varela cuando se iba a lanzar de candidato a la alcaldía de Palmira. Cómo una persona que no había pertenecido al movimiento, iba a aprovecharse de la buena fama que tenía el M-19 en Palmira para aspirar a la alcaldía. Incluso venía con una carta firmada y avalada por Antonio Navarro Wolff. Recuesta su espalda sobre el sofá y cruza las piernas.
Darío cuenta del destino terrible que corrió Varela. Fue detenido el 21 de abril de 1992 por hombres que se identificaron como miembros del F-2. No se supo de su paradero hasta el otro día cuando encontraron su cuerpo, cerca de Puente Vélez, municipio de Jamundí, con señales de tortura.
Cuando el gobierno le da beneficios a los desmovilizados, como parte de los acuerdos, lo común es que los dirigentes de los movimientos junto a las personas de mayor capacidad política, intelectual y con habilidad para moverse en diversos círculos sociales, sean los que los aprovechen. Añade que para el gobierno era difícil tener a más de mil personas concentradas en un lugar para repartir los beneficios. Por eso hablaba con los líderes, quienes no conocían a todas las bases, lo que dejaba a muchos combatientes fuera del proceso.
Afirma Darío que el Estado se queda corto con las promesas que hace a los desmovilizados. La disculpa siempre es la misma: no hay presupuesto, no hay recursos. Entonces no hay un verdadero proceso de reinserción. Algunos ex miembros del movimiento que tenían estructura y armas se pusieron a secuestrar. Mucho compañero cayó, los organismos de seguridad los mandaron a matar. Un ejemplo fue el comandante Libardo Parra, un gran militar: quedó en manos del narcotráfico. Otro fue Laureano que llegó a ser jefe de seguridad de uno de los señores del Cartel de Cali.
Parra fue detenido en Costa Rica el 15 de marzo de 2006 y condenado a 24 años de prisión en Colombia por secuestro y extorsión, por el plagio del empresario Mario Angulo ocurrido el 21 de julio de 1995. Fue liberado tras pagar una multa millonaria. Cumplió una sentencia de seis años y ocho meses por blanqueo de dinero en Costa Rica. Cuando salió todavía tenía una orden de deportación vigente desde 2006.
Sol y Tierra
La Fundación Sol y Tierra representa y aglutina a los desmovilizados del Quintín Lame, y además brinda orientación a la comunidad para seguir en la lucha indígena. Es una hija del proceso del CRIC, y conservan vigente el ideario del movimiento. Edilfredo considera que la organización perdió todo apoyo del Estado desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Él le da punto final a todos los procesos que se mantenían con las organizaciones creadas después de la firma de la paz con los grupos insurgentes de los 90. Nos cerró las puertas y todos los recursos y prioridades se dirigieron al proceso de desmovilización con los paramilitares.
Los ex miembros del Quintín Lame no aceptan que les digan desmovilizados o reinsertados. Para ellos estos calificativos designan a personas que le han hecho daño a la sociedad. Prefieren llamarse actores sociales de paz. Los ex miembros del Quintín Lame no volvieron a las armas. Hace poco surgió un grupo llamado los Nietos del Quintín Lame. Edilfredo aclara que no tienen ninguna asociación con el viejo movimiento ni con el CRIC. La mayoría de los ex miembros del Quintín Lame al regresar han sido gobernadores, miembros de la guardia indígena, diputados etc. Pero el gobierno incumplió los acuerdos que se negociaron con el Quintín Lame, ni siquiera las tierras han sido restituidas. Por eso la lucha indígena continúa.
La suerte del EPL
Antes de la desmovilización, el EPL tuvo varias disputas con las FARC, sobre todo por temas de territorio en la zona del Urabá Antioqueño, dice Carlos. Nosotros éramos un partido más radical que las FARC, por cuestiones políticas éramos Leninistas- Maoístas y ellos Leninistas- Marxistas pro soviéticos. Él recuerda que después del proceso de desmovilización, en la zona de Urabá, las FARC emprendieron una campaña de exterminio contra los desmovilizados del EPL. Afirmaban que los ex combatientes estaban aliados con el gobierno. Lo que la gente hizo fue tratar de defenderse refugiándose en los grupos paramilitares. Yo no lo hubiera hecho ni lo justifico, pero ellos vivían allá y no tenía a donde irse.
Muchos excombatientes del EPL se desarmaron pero nunca se desmovilizaron. Un número nada pequeño se vinculó con frentes paramilitares. Este fue el caso de Elkin Casarrubias, alias “el Cura”. Trabajó para Carlos y Vicente Castaño, después de haber pertenecido al EPL desde 1985. Aunque el grupo se desmovilizó en 1991, él y varios hombres volvieron a empuñar las armas ese mismo año. Según el portal Verdad Abierta el grupo de hombres que estaba en el EPL contactó antiguos compañeros que hacían parte de las AUC para llevar a cabo su desmovilización en el batallón Junín de Montería, Córdoba en 1996. Tras haber dejado las armas, los exjefes guerrilleros y sus hombres fueron enviados a las fincas de los Castaño en Urabá. No explica por qué los llevaron allá pero tal parece que les ofrecieron participación para combatir guerrillas y ellos se aceptaron. Al ingresar a las AUC, además de encontrar una causa para combatir a las FARC, los ex guerrilleros notaron que a diferencia de las guerrillas, los paramilitares pagaban salarios, daban permisos de salida y no vivían escondidos.
Debido a los retrasos del gobierno con la entrega de la ayuda económica para los desmovilizados del EPL, algunos compañeros de Carlos se vieron empujados a delinquir. Como sabían defenderse y tenían sus familias con hambre, iban y robaban. Por eso mataron a muchos de mis compañeros, a otros los amenazaron. Había personas que se sabía eran desmovilizados y tenían cuentas pendientes; los buscaban y allí quedaban.
Tras la puerta de salida
Es predecible que en un escenario de postconflicto no solo haya menos notas de guerra en los noticieros, también mejores condiciones para la deliberación pública o para el desarrollo de empresas. Para Nat Coletta, experto mundial en post conflicto, es necesario que la empresa privada se involucre con cualquier proceso de desmovilización. Si el gobierno no ha podido asumir completamente los costos de 52.000 desmovilizados que, como aseguran las cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, han estado vinculados a distintos programas de reinserción, mucho menos podrá hacerlo si se suman 8.000 más que podrían dejar las armas tras un acuerdo de paz con las Farc. Coletta cree que la empresa privada debe jugar un papel importante en este proceso para recuperar un capital económico y financiero, humano y social que se pierde en el conflicto armado, y, del que el sector privado puede sacar lucro y ganancia. Coletta sostiene, sin embargo, que no es suficiente con que cese el conflicto. Es indispensable que aumente la seguridad: sin seguridad no puede haber desarrollo –económico, claro–, y sin desarrollo no puede haber una seguridad sostenible.
Daniel Mejía advierte en un análisis publicado el 16 de abril en El Tiempo sobre “Los costos del proceso de paz en cuatro escenarios”, que Colombia tras unas negociaciones exitosas con las FARC tendría que asumir algunos costos jurídicos a corto plazo, pero obtendrá retornos sociales muy grandes en el mediano y largo plazo. Si el conflicto sigue, de aquí al 2048 con el aumento del PIB podría construirse, a precios actuales, una casa de interés social para cada colombiano. Si el conflicto acaba, incluso en el panorama más conservador –con un aumento del 0.8% del PIB por año– ese colombiano tendría la casa en el 2030. En el escenario más optimista, además de la casa remodelada de dos pisos, tendría una piscina en el 2032. Con el fin del conflicto nos adelantaríamos 12 años en crecimiento económico, treparíamos una pendiente histórica de rezago e inequidad que el conflicto colombiano actual expresa y contribuye a reproducir y perpetuar.
Las cifras internacionales hacen de Colombia un modelo en procesos de desarme, desmovilización y reintegración, particularmente tras las negociaciones con las autodefensas paramilitares. Suelen ofrecerse las cifras de desmovilización como indicador elocuente de éxito. Pero no es suficiente. Después de treinta años de negociaciones con grupos armados, excombatientes del EPL se integraron a las AUC, surgieron Comandos Populares (ala rearmada del EPL) o el Movimiento Jaime Bateman Cayón (ex combatientes del M-19), y desmovilizados de las AUC terminaron configurando Los Urabeños y las Águilas Negras. Son ejemplos de los peligros de estos modelos de reinserción, reintegración y desmovilización; tienen fisuras y profundas debilidades. Las cifras son enormes. Se estima que entre los 16.000 desmovilizados reconocidos por los altos mandos de las AUC en 2006, el 50% volvió a tomar las armas; y de los 31.000 ex paramilitares que finalmente cuenta el gobierno, 7.000 habían sido recapturados o asesinados en 2011. Según cálculos de Adam Isaacson, analista militar de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de los potenciales 8.000 desmovilizados de las Farc, el 30% se vincularía a grupos narcotraficantes o extorsivos, relativamente pequeños, fáciles de enfrentar. Aun así, quitarle personas a la guerra es por sí mismo un gran logro, es quitarle víctimas y victimarios al conflicto.
Si Edilfredo, Ángela, Darío Restrepo y sus ex–compañeros, aún amigos, personifican tres ejemplos de reintegración que Colombia vería con buenos ojos, esto se debe a que ellos retomaron una vida, una identidad y vínculos que habían abandonado cuando se metieron a la guerra. Muchos desmovilizados paramilitares o del EPL, antes de ser combatientes, estaban más o menos desarraigados de sus territorios o comunidades, lo que no sucedió con los nasa del Quintín Lame. Volver a una comunidad, a un barrio, a una familia, a un trabajo procura sentimientos de productividad, utilidad social, genera vínculos afectivos y formas de arraigo duradero, condiciones con las que no han contado todos los desmovilizados.
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La vida de combatiente deja marcas imborrables en la mente. El sonido de las balas no se olvida. Cuando hay tiroteos en el barrio, Carlos reconoce el tipo de arma usada y a qué distancia pueden haber sido generados los disparos. Aún se levanta temprano y aunque no puede darle vuelta a la hamaca, el recuerdo perdura.
Los amigos de Darío siguen trabajando, él como médico, ella como profesora de colegio. Carlos sostiene que uno de los grandes pilares en los que se pueden apoyar los desmovilizados para volver a la sociedad es la familia. Llegar de nuevo a una ciudad sin tener a nadie, con las manos vacías y empezar de cero, sin parentela, puede ser un camino seguro al fracaso en los procesos de reinserción y reintegración.
Los estudios del Observatorio de Procesos de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) de la Universidad Nacional, registraron un reiterado “aburrimiento” o desmoralización de los combatientes recién desmovilizados de las Autodefensas. La guerra desgasta sus fichas. El miedo a la muerte propia o de un amigo, la lejanía de sus seres queridos, el exceso de combates o la falta de acción castigan al ex combatiente, y si a ello se suma el incumplimiento de las promesas, las posibilidades de volver a las armas crecen.
Para Carlos este país no tiene futuro. Nosotros conocimos la pobreza. Pero no la que hay aquí en la ciudad. Alguna vez una madre nos entregó a sus tres hijos para que no se murieran de hambre, porque no tenían qué comer. Para ella era mejor que se murieran combatiendo en el EPL. En este país eso todavía pasa. Los muchachos no tienen futuro. Si se arma otro grupo guerrillero la gente se mete a eso; si los paramilitares dan trabajo, la gente se vincula a los paras; si nace un grupo delincuencial la gente se mete porque no tiene futuro. Esa es la triste realidad. Nos relata detrás de su escritorio con mirada pensativa.
Las campañas en medios en contra de los grupos armados y para promover desmovilizaciones individuales suelen presentar a los guerreros como sujetos sanguinarios, peligrosos, desalmados. El gobierno que intenta la reintegración, al mismo tiempo presenta a los grupos ilegales como terroristas, criminales incorregibles, crueles y traicioneros. ¿Cómo espera entonces que las comunidades, barrios, empresas y ciudadanos comunes los acepten como vecinos, trabajadores y políticos? Un proyecto de reintegración integral debe reconocer el trabajo con las comunidades como una dimensión clave en el proceso de reconstitución de tejido social. Como dice el profesor William Torres, los actores del conflicto pueden firmar la paz, pero quienes la consolidan en la vida cotidiana son los que han sufrido la guerra.
En una reunión realizada meses atrás con el Alcalde Rodrigo Guerrero, los desmovilizados del AUC esperaban concretar y resolver un problema relacionado con unos incentivos para vivienda. Cuando se puso el tema sobre la mesa, Guerrero tuvo que abandonar la reunión, y los desmovilizados vieron cómo el alcalde partía hacia un almuerzo inaplazable. ¿Hay algo más inaplazable que la paz?
En medio del barrio Tequendama de Cali, hay un sector reconocido porque en él abundan las clínicas estéticas. Allí cientos de colombianos y extranjeros acuden para salir como nuevos luego de pasar por las manos de cirujanos, fisioterapeutas, nutricionistas y dermatólogos. La cosmética de las carnes marcha a todo vapor aquí asentada en una decena de cuadras. En medio de esta red de negocios y empresas para moldear rostros y cuerpos está ubicada la Sede de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Allí llegan los desmovilizados que residen en Cali e intentan culminar su proceso de reintegración a la sociedad colombiana
La casa que sirve de albergue luce desvencijada, no tiene el brillo y luminosidad de las clínicas estéticas que la rodean. Su interior es oscuro y umbroso. No está adaptada para la cantidad de personas que la visitan. En la sala de espera hacen falta sillas. Afuera no hay ninguna marca o aviso que le indique a los transeúntes que ésta es la ACR. Mimetizada, casi clandestina, la puerta es custodiada por dos vigilantes de seguridad privada, un hombre y una mujer, que requisan a quién ingresa y llenan la minuta. Es una casa más del vecindario, una oficina más. Quizás el vecino de enseguida no sepa qué trabajo hacen allí, pues parece una agencia de empleo de las que hay regadas por la ciudad; casi todos los que acuden llevan consigo sobres de manila y salen con las manos vacías.
