«Colombia es una gran máquina de hacer drogas», declaró el Hombre Naranja, pronunció la gran máquina de propaganda en redes sociales, sentenció el gran mago de la política antimigratoria, cuyo abuelo era un migrante alemán y cuya madre era una ilegal escocesa.
A menudo sus políticas se ciñen más a criterios estéticos que socioeconómicos. Él no quisiera manchar su pulcro traje. Preferiría que lo limpie un migrante europeo a que lo haga uno asiático o latino, sin duda menos presentables. Pero hay una excepción cuando se trata de mujeres, porque en materia de atracción el Hombre Naranja personificó siempre aquella fórmula que mezcla el deseo, las clases sociales, las etnias y las edades, en especial cuando cruzan lo ilegal. Es justo por eso que la lista Epstein le parece «una cosa aburrida», y su pasado con elegantes chicas de compañía, un asunto absurdo e irreal. No existe, como tampoco la documentación de Melanija Knavs antes de que un millonario hijo de inmigrantes se enamorara de ella y pasara a llamarse Melania Trump.
Siguiendo los malabares de su retórica experta en ocultismos respecto a un largo pasado festivo, el millonario Hijo de Migrantes prefiere olvidar que si «la gran máquina de hacer drogas» las sigue fabricando, es en buena medida porque la gran máquina de consumidores que él dirige, continúa demandándolas. De acuerdo con la DEA, entre el 80% y 94% de la cocaína que Estados Unidos recibe anualmente es producida en Colombia. En los últimos tiempos, a Donald le cuesta salir ileso de estas cifras, como las que atribuyen a la sobredosis la principal causa de muerte de personas entre los 18 y 44 años en Estados Unidos. O las que informan acerca de la deuda pública de más de 37 billones de dólares del país. Tanto en un caso como en el otro, aprovecha la ocasión para culpar a Biden y salir más o menos limpio con alguno de los chistes que suele hacer a sus seguidores, que aman reírse con ellos y que siempre los esperan.
Aunque Trump habría preferido no hacerlo y seguir hablando sobre hacer a América Grande de nuevo, se vio forzado a declarar una emergencia de salud pública a nivel nacional en octubre del 2017 debido a la epidemia de adictos a opioides de origen chino y de producción local. Pero también a la cocaína producida en muchas de las regiones que en Colombia están cubiertas por los PDET, como las de Cauca, Nariño o el Catatumbo.
Pero fuese como fuese, no importa. El Hombre Naranja optará siempre por culpar a los niños, madres y familias «narcotraficantes y jefes de carteles», de acuerdo con sus palabras y en nombre del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos). Y lo hará porque a pesar de que él mismo sabe acerca de los problemas internos del país que preside, exhibirlo así es diplomáticamente más apropiado que reconocer a su perfecta América emparentada con Colombia y demás naciones donde los efectos del narcotráfico asedian. Ellas comparten una característica en común: la exclusión, que empobrece y que en regiones y ciudades diferentes pone a sus adictos en las mismas esquinas.
En nuestra era de grandes religiones neoliberales, resulta indispensable mostrar a la población sus fines políticos disfrazados de lo que parecieran necesitar. Tal como los de Estados Unidos, cuyo gasto militar se acercó en 2024 al billón de dólares, en contraste con los 25.000 millones empleados para la reducción de la demanda de sustancias ilícitas, de los cuales sólo alrededor de 1.500 a 3.000 millones se reservaron para el tratamiento y la prevención de adicciones.
Muchos Estados contemporáneos se quedan cortos en la lucha contra el narcotráfico porque privilegian la guerra armada contra las drogas, mientras restan importancia a la reducción de las adicciones. Además, el fracaso de sus políticas no se debe únicamente a la falta de recursos, sino a que su enfoque mayormente punitivo rara vez produce resultados efectivos. Las soluciones que proponen suelen ser más bien cosméticas frente a las causas estructurales del problema, de modo que los resultados que exhiben funcionan más como fachada que como avances reales.
Desde la formalización del Plan Colombia, la situación del país respecto de la asistencia brindada por Estados Unidos es similar a la de aquellos familiares que dan regalos para asegurarse parte de una herencia, o de las parejas que envían presentes para preservarse cariños y placeres y luego preparar estratégicos ataques de celos. En materia geopolítica, la asistencia suele ser el sinónimo más cercano del amor interesado. De ese modo, aunque la ayuda total recibida se estima en 12.000 millones de dólares desde el año 2000, la distribución de esos fondos revela que cerca del 70% se destinó a gasto militar y policial en Colombia, mientras que apenas un 20% se empleó en programas sociales y sustitución de cultivos. Peor aún, de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la vigencia 2023 sólo el 48% de los 170 municipios PDET reportaron el Informe de rendición de cuentas que el Programa exige, lo cual indica que, como es tradición patria, muy probablemente los regalos del familiar interesado terminaron en otros interesados, y no en quienes realmente los necesitaban.
Los movimientos geopolíticos contemporáneos funcionan, al menos exteriormente, a la manera de las paradojas kafkianas. ¿Por qué no dirigir toda la inversión estatal en las causas que se saben principales, si lo que se busca es la eliminación del problema desde su raíz? Quizá porque la lucha contra las drogas, aunque relevante en las agendas políticas, no tiene prevalencia en ellas; o para ser más exactos, tal vez porque en nombre de la lucha contra las drogas se asegura sutilmente la intervención y preservación de un enclave estratégico en el continente. Somos la pareja y el familiar que recibe los regalos. Y mientras la lucha se inmola a sí misma, al Estado colombiano le ha favorecido recibir constantes y satisfactorias migajas en nombre de combatir al narcotráfico, del mismo modo que mientras la cifra de adictos se mantenga detrás de un límite funcional, a Estados Unidos le conviene conservar aquellos enclaves estratégicos. Mientras tanto, el porcentaje de personas adictas — importante en cuanto supone un indicador de las generaciones futuras — está lejos de poseer un papel protagónico en sus programas.
Emitidas por el Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, las cifras del 2025 señalan una mejora significativa respecto de la vigencia 2023, observando que el porcentaje de municipios PDET que presentaron su Informe es ahora del 93%. Pero incluso en lo positivo, hay matices. Ese porcentaje informa acerca de los avances en cuanto a obligaciones administrativas, y no en cuanto a la ejecución de los proyectos. Es decir, hay avances en la presentación y trámite de formatos, pero no necesariamente en la creación de soluciones. Cerca del 40% de las viviendas en municipios PDET carece de acceso a acueducto, y alrededor del 39% entra todavía en la categoría de Pobreza Multidimensional señalada por el Programa. Junto a las antiguas y persistentes dificultades del Estado colombiano para hacer que la fuerza pública llegue a muchas regiones, estas ineficiencias se suman a la falta de garantías en cuanto a sustitución de cultivos, lo que trae como consecuencia economías que se basan en actividades ilegales
Claro está que al leer esas cifras (si estuviera en capacidad de leerlas y comprenderlas) el Hombre Naranja se deleitaría añadiendo a presidentes extranjeros en la lista Clinton mediante la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), o quizá pensando en aprovechar ciertas situaciones para retirar a otros de su cargo en razón de la Sagrada Seguridad Nacional, el principal ídolo estadounidense después del Jesucristo protestante y el Benjamin Franklin del billete de 100 dólares. Aunque también está claro que no se deleitaría tanto al consultar las cifras de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias, según las cuales más del 91% de las personas clasificadas bajo la categoría de Trastorno por Uso no ha recibido atención oportuna en Estados Unidos, cifras que se han mantenido por más de una década.
De todos modos, a Donald nunca le faltan los trucos retóricos. No hay polémica que desaproveche si le es posible responsabilizar a gobiernos extranjeros por sus problemas internos, y de paso estigmatizar a la totalidad de chinos, colombianos o mexicanos por igual, como es su costumbre más personal. Porque aunque los adictos de Miami puedan seguir demandando los cargamentos del Catatumbo, al Hombre Naranja le resulta más conveniente elucubrar titulares tipo Fox News sobre el voraz y terrible comercio chino, o los 130 millones de narcos mexicanos. Ahora bien, en Colombia podría conseguirse una cortina de humo similar respecto a que muchos de nuestros municipios más afectados por las consecuencias del narcotráfico siguen sin vías, o seguridad social. Pero si algo diferencia al gobierno actual presidido por Petro de Trump, es el talento natural del segundo para diseñar decorados mediáticos que representan al ciudadano estadounidense blanco amenazado por el mundo entero, y tal vez a los migrantes latinos que se ha ganado como votantes, gracias al acceso a los aportes de la Seguridad Social.
Ninguna época validó tanto y más fielmente el llamado Efecto Mariposa que la nuestra; pero al mismo tiempo, ninguna otra ocultó mejor, mediante la experiencia de los efectos, el conocimiento de las causas. En el mundo interconectado, nadie se detiene a pensar que la camiseta que lleva puesta procede de alguna planta de trabajadores explotados en Bangladesh, o que las redes sociales en las que scrollea infinitamente germinaron de la idea de un estudiante de programación que quizá la concibió mientras comía un sándwich, en su dormitorio de Harvard. O que el celular que sostiene en sus manos fue inspeccionado parte por parte por una anónima operaria china.
Es muy posible que los millones de adictos de Estados Unidos no sepan, en su mayoría, exactamente de dónde vienen los opioides que un médico sobornado por farmacéuticas les recetó, o cuántas vidas costaron en un país latinoamericano los gramos de cocaína que entran en su organismo. Si es pura o si está mezclada con cualquier otra droga, no importa. Las instancias actuales de nuestros capitalismos voraces se encargan de depurar tanto lo incómodo como lo displacentero, para ofrecer sólo el rostro de los servicios, nada más que el orgásmico y perfecto rostro de los pedidos que llegan directo a la puerta. En nuestra edad de grandes cultos hedonistas, sólo esa es la verdadera medida en la que se mide la pureza de los placeres. Su procedencia no importa. La operaria china y el trabajador de Bangladesh también los consumen.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, alrededor de 12 billones de pesos colombianos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz han sido malversados o desviados por irregularidades relacionadas con corrupción. El escándalo del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD-Paz), reveló que entre 2020 y 2022 sólo esa red de corrupción se apropió de unos 500.000 millones de pesos. Parte importante de esas cifras se suponía destinada a las regiones PDET. Por lo pronto, no parece que algunas comunidades de la Guajira vayan a contar con suministro continuo de agua, o que miles de familias puedan reorientar sus medios de subsistencia gracias a los programas de sustitución.
Así como un hecho en un extremo del mundo determina otro a miles de kilómetros, la historia de una de esas familias en Colombia se vincula mediante una silenciosa pero mutua causalidad con, por ejemplo, otras en Palm Beach, Florida. Quien idealice a muchos países del llamado primer mundo lo hace a menudo por desesperación, o por ingenuidad. No es que la corrupción esté ausente, sino que toma formas más sofisticadas, entrelazando historias humanas que océanos separan sin que tanto una como otra sepan que dependen mutuamente.
El Dr. Michael J. Ligotti fue condenado a 20 años de prisión en el Estado de Florida por hacer parte del escándalo que ahora conocemos como el «Florida Shuffle». Entre 2011 y 2020 el doctor lideró una trama masiva que malversó más de 746 millones de dólares en pruebas y tratamientos fraudulentos. ¿La población a la que se destinaban los tratamientos? Nada menos que cientos de pacientes adictos del Estado de Florida, uno de los epicentros de la epidemia de opioides que aún continúa en Estados Unidos.
En un país en el cual cerca del 40% de los adultos (100 millones de personas) reporta haber tenido deudas relacionadas con salud en los últimos años, un sistema de salud fundamentado en contratos privados con aseguradoras facilita que un centro de tratamiento pueda facturar miles y miles de dólares, y solicitar fondos para implementos que no se usarán, pruebas innecesarias, tratamientos sin objeto, o intervenciones médicas que no se realizan o que no tienen ningún propósito real con los pacientes.
El sistema denominado «patient brokering» es, básicamente, una técnica para pescar adictos. Se les soborna o engaña para que se inscriban o permanezcan en un centro de tratamiento, de manera que cuando en uno de ellos las solicitudes de fondos han alcanzado un límite, los directores del centro trasladen al paciente a otro, para mantenerlo así prisionero de un bucle que prolonga el círculo de corrupción institucional, lo mismo que la adicción del paciente. El doctor Michael J. Ligotti era el médico principal de más de 50 centros de tratamiento de adicciones en el área de Palm Beach.
Se alcanza un grado de riqueza excepcional cuando se logra convertir en objeto de lucro a las causas de la propia decadencia nacional. Pero además de eso, el doctor tal vez no sabía que destruyendo la vida de miles de personas en un infinito bucle institucional, propiciaba el lucro de bandas criminales (y de algunas otras dedicadas a la construcción de paz) en algún insignificante país latinoamericano, cuyo presidente por esos días se encontraba tal vez abrazando al presidente del Real Madrid, o concibiendo su futuro como DJ.
Aunque el Hombre Naranja se sirva de la coyuntura política colombiana para declarar a todo un país como «una gran máquina de hacer drogas», una vez más, su exquisito genio mediático permite que muchos de sus ciudadanos desvíen la mirada de sus propias pobrezas hacia el miedo y la paranoia sobre las pobrezas de los otros. Ha diseñado puestas en escena mejor conseguidas que las de cualquier realizador de Hollywood.
Él es ciertamente el Hombre Americano. Y lo es porque al igual que su compatriota Michael J. Ligotti, el inicio de su negocio en el sector inmobiliario lo implicó en múltiples escándalos de corrupción en New York, los que la película biográfica-satírica de 2024 «El aprendiz» representan valiéndose de su mismo humor. La misma película que se apresuró a calificar de «barata, difamatoria y repugnante», según la costumbre que le conocemos ya bastante. De modo que es posible estar casi por completo seguro de que interiormente Donald siente cierta afinidad con la familia Sackler, que sirviéndose de donaciones a universidades y al Museo Británico intentó lavar su imagen de las miles de denuncias que comenzó a recibir durante la década del 2010, consecuencia del escándalo político provocado por la crisis de opioides.
La familia Sackler es dueña de la empresa farmacéutica Purdue Pharma. El éxito comercial de la empresa dependió de un medicamento en particular, lanzado por ellos mismos en 1995: el OxyContin, analgésico sintetizado a partir de la tebaína, familia de uno de los opioides más adictivos que existen: la heroína. ¿Pero qué hicieron entonces los Sackler, a pesar de saber perfectamente sobre el potencial riesgo de adicción que suponía lanzar al mercado su medicamento? Lo mismo que nuestro hijo de inmigrantes, casado con inmigrantes: ir a jugar golf mientras masacran Gaza, a la que le habría encantado invadir, de no ser porque Israel llegó primero.
Sucedió lo mismo con Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals, Novartis y otros productores y distribuidores de medicamentos. Esto es, pagar honorarios, eventos lujosos, comidas y congresos a médicos suscritos al sistema (a la aseguradora) de salud estadounidense para instigarlos placenteramente a recetar sus medicamentos. Y aunque el escándalo significó la mayor multa a una farmacéutica en la historia de Estados Unidos, obligando a la familia a pagar más de 8.000 millones de dólares, hasta 2017 sólo las ventas acumuladas de OxyContin reportaron para Purdue Pharma ingresos de más de 35.000 millones. De todos modos, resultó siendo un negocio altamente rentable.
A simple vista, las situaciones de Estados Unidos y Colombia parecen sumamente distintas. En grandes e importantes aspectos, lo son. Pero los espectáculos geopolíticos entre los que vivimos, decorados y distractores, suelen aislarnos de la compleja red de causas y efectos que conectan lo que sucede en un municipio PDET de Colombia y en un centro de tratamiento para adictos en Florida. Lo que provoca que todo un Estado incapaz de hacerse cargo del innumerable problema de su población de adictos continúe prolongando el principal mercado de la cocaína colombiana, y que los millones de estadounidenses habitantes de una cultura de la medicación, la sedación hedonista y el embotamiento de deudas obtenidas de nacimiento propicien el envío de opioides desde China, o Fentanilo desde México. Colombia tiene un gran problema, y al fin y al cabo, es sí misma.
Pero si de alguien más puede afirmarse lo mismo, es del reino del Hombre Naranja, cuyas dinámicas autodestructivas han encontrado en las nuestras un aliado económicamente lucrativo por debajo de las consignas de la lucha contra las drogas, que no lo es; o al menos no directamente. Porque si muchos territorios PDET no han supuesto más que un gran fracaso, a su manera y bajo sus propios nombres, un buen número del Edén moderno no lo ha sido menos. Y no a causa de los migrantes. Más bien, a causa de que si tanto uno como el otro no necesitáramos de las drogas para anestesiar y prolongar nuestros propios males, no nos exculparíamos de nuestros demonios señalando al otro.
