La justicia cojea y, a retazos, llega
Por: Tatiana Cadena, Stefanny Daza y Patricia Alzate
El proceso de justicia y reparación tras los hechos violentos ocurridos en Trujillo, ha sido una lucha prolongada, entrecortada por silencios estatales, burocracia y resistencia comunitaria. Aunque en el informe de la CIDH se ha determinado un total de 342 personas asesinadas y desaparecidas, los diferentes procesos judiciales han desagregado esta cifra dependiendo de qué victimarios estén en proceso de investigación y condena, o de quienes estén llevando a cabo la defensa de las víctimaso de qué entidades estatales están comprometidas. Más difícil aun es determinar el número de familiares de las víctimas y los procesos de indemnización que han logrado. Lo que comenzó con una petición internacional en 1992 aún hoy sigue en construcción. En esta línea de tiempo presentamos algunos momentos decisivos en la búsqueda de justicia para las víctimas.
1986- 1991: cuando empezó la barbarie
Una tragedia nacional
Los primeros indicios de la Masacre de Trujillo se ubican en 1986, el mismo año en que Virgilio Barco Vargas asumió la presidencia de Colombia. Esta sucesión de crímenes fue una de las primeras masacres que en los años 80 enlutaron a la población civil y campesina de nuestro país. Otras marcaron también el final de esta década: la de La Mejor Esquina (Córdoba), que dejó en 1988 a 27 campesinos asesinados; la de Segovia (Antioquia), en la que grupos paramilitares asesinaron a 43 personas; y la de La Rochela (Santander), en la que acribillaron a doce miembros de una comisión judicial que investigaba crímenes en el Magdalena Medio. Años en los que se acrecentó el asesinato a lideres políticos y candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal (1987), Carlos Mauro Hoyos (1988), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), José Antequera (1989) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990). Y en que las bombas explotaron: en pleno trayecto de un avión rumbo a Cali (27 de noviembre de 1989), en la sede principal del periódico El espectador (2 de septiembre de 1989) y en el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS (6 de diciembre de 1989).
Terror a cielo abierto
En medio de tantos acontecimientos trágicos, la mirada hacia esta región del Valle del Cauca se desviaba en dirección a otras realidades. Un desvío que fue aprovechado para sembrar el terror sin ningún disimulo. En 1986 se mencionó por primera vez la presencia de actores subversivos en Trujillo. Según Nelson Fernández, vicepresidente de AFAVIT, estos grupos empezaron a realizar extorsiones a los pobladores bajo la amenaza de muerte. Paralelamente, se comentaba la incursión del Cartel del Norte del Valle, que buscaba expandirse para la creación de laboratorios para la producción de pasta de coca. Según el informe “Funcionamiento de la Administración de Justicia en La Masacre de Trujillo-Valle. Periodo 1986-1994”, uno de los extorsionados fue el narcotraficante Diego León Montoya, alias “Don Diego”, quien organizó un grupo de asesinos para eliminar a quienes lo robaron y extorsionaron; este aparato de justicia privada operó con apoyo de miembros del Ejército de Buga y la Policía Nacional de Trujillo, dejando a la población civil en medio de la confrontación y acabando con la prosperidad cafetera de la región. En la finca “Villa Paola” se consumó el triste reconocimiento de que en La Masacre de Trujillo se utilizó por primera vez la motosierra como método de tortura, asesinato y desaparición forzada.
En la marcha campesina del 29 de abril participaron diferentes sectores cívicos del municipio, entre ellos la iglesia y su representante, el sacerdote Tiberio Fernández, quien emergió como líder del territorio para la economía creando más de 20 cooperativas. Don Nelson, de AFAVIT, afirma que a él le llegó una invitación escrita para asistir a la marcha, sin firma alguna: “Yo le di una seriedad a esa marcha… Por cuanto nos iban a poner unos puestos de salud que los necesitábamos y algunas aulas escolares… Entonces acatamos esa invitación y vinimos aquí a participar de la marcha porque eso se gestó en varias eso se gestó en varias reuniones y la última se hizo en Venecia donde estuvo el padre Tiberio”.
1990: un año para no olvidar
Entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990 se condensó el clímax de los hechos violentos en Trujillo. La marcha campesina fue un detonante para la profundización de la violencia. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el 29 de marzo de 1990 el Ejército estableció un puesto de mando en el corregimiento Andinapolis bajo el Mayor Alirio Urueña para capturar guerrilleros en La Sonora. Durante el operativo la guerrilla detectó la emboscada y preparó una contraemboscada que dejó 7 militares muertos. La frustración por esta operación fallida desató una represalia sistemática contra la población civil, ejecutada conjuntamente por militares, policías y paramilitares narcotraficantes. Esta escalada marcó las mayores violaciones de derechos humanos en Trujillo, con civiles inocentes señalados como colaboradores guerrilleros.
El acto que marcó este periodo violento fue la muerte del sacerdote Tiberio Fernández. El 17 de abril de 1990, regresaba de Tuluá tras asistir al funeral de su amigo Abundio Espinosa, asesinado por su activismo, cuando un grupo de paramilitares interceptó el campero en el que se movilizaba en compañía de su sobrina Ana Isabel Giraldo Fernández, el arquitecto Óscar Pulido y José Norbey Galeano. Cinco días después, el cuerpo decapitado del sacerdote fue encontrado en el río Cauca. Su asesinato terminó de sumir a la población en un silencio sepulcral.
Tras demandas impuestas individualmente, en 1990 capturaron a Diego León Montoya, pero fue liberado por falta de pruebas. A su vez, en 1991 detuvieron al jefe de operaciones del Batallón Palacé de Buga, Alirio Urueña Jaramillo, y al teniente de la policía de Trujillo, José Fernando Berrio, por presunta tortura, homicidio, desaparición y secuestro. Sin embargo, por falta de testigos, se dio una orden absolutoria de los delitos a los acusados y quedaron en libertad. Los hechos violentos, aunque disminuyeron, siguieron ocurriendo hasta 1994. Y las denuncias se detuvieron: nadie más se atrevió a declarar.
1992- 1997: Desafío al miedo y a la impunidad
1992: Un año de no retorno
Tras la muerte del sacerdote Fernández, el padre jesuita Javier Girado, férreo defensor de los Derechos Humanos y gestor de comunidades de paz en varias regiones del país, llegó a Trujillo. Asumió el liderazgo religioso y, con apoyo de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, impulsó la recolección de testimonios para abrir un proceso judicial internacional. A su labor se sumó la hermana dominica Maritze Trigos, quien desde entonces y hasta el día de hoy, apoya a las víctimas de esta masacre. El 16 de marzo de 1992, Giraldo presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH contra el Estado, iniciando así la ruta de búsqueda de verdad, justicia y reparación. El 15 de junio de 1992, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), encabezado por Eduardo Carreño, se sumó como copeticionario ante la CIDH, denunciando violaciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la honra y la libertad de asociación y protección judicial.
1994: Se pronuncia la CIDH
En 1994, el gobierno colombiano recibió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la siguiente notificación: «El Estado Colombiano es hallado responsable de la muerte de 107 campesinos y un sacerdote en hechos ocurridos a finales de marzo y comienzos de abril de 1990, en el municipio de Trujillo en el Valle del Cauca». A partir de este dictamen, se creó la Comisión de Investigación de los sucesos violentos de Trujillo, bajo el caso 11.007 de la Comisión Interamericana de derechos Humanos. El acatamiento de este informe por parte del Estado colombiano impediría que escalara a la Corte Interamericana de derechos Humanos, razón por la cual efectivamente fue acatado. El gobierno de Ernesto Samper manifestó su voluntad de iniciar el proceso y fruto de esas negociaciones se firmó un Acta de Entendimiento el 26 de septiembre de 1994 entre el padre Javier Giraldo, como secretario ejecutivo de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y Carlos Vicente de Roux, como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos. En este documento se definen los principios básicos, los procedimientos y los integrantes de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT), creada oficialmente mediante el Decreto de la Presidencia de la República 2771 del 20 de diciembre de 1994.
1995: el Estado colombiano asume su responsabilidad
En enero de 1995 se publica el Informe final de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos en Trujillo. Caso 11.007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un documento de 186 páginas en el que se reconoce la responsabilidad del Estado colombiano y se documentan por primera vez en febrero, el entonces presidente Ernesto Samper reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado en la masacre.
Este Informe concluyó que el Estado colombiano era responsable de los hechos por acción u omisión de sus funcionarios. Señaló fallas graves en el aparato judicial y disciplinario que impidieron identificar y sancionar a los responsables, incluida la participación directa del Mayor del Ejército Alirio Urueña; comandante del batallón Palacé en ese entonces. Además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad, lo que significa que son crímenes imprescriptibles.
Se concluyó que el Estado es responsable de los hechos por acción u omisión de sus funcionarios. Señaló fallas graves en el aparato judicial y disciplinario que impidieron identificar y sancionar a los
responsables, incluida la participación directa del Mayor del Ejército Alirio Urueña; comandante del batallón Palacé en ese entonces. Además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad, lo que significa que son crímenes imprescriptibles.
Esta calificación implica que el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas y sus familias. Asimismo, alertó sobre la persistencia de la impunidad, las amenazas a testigos, la permanencia de actores armados y la continuidad de funcionarios implicados en la Fuerza Pública. De este informe también se recomienda la realización de un Acuerdo de Solución Amistosa que solamente será realizado 11 años después, en el año 2016.
En 1997 el acta final del Comité de Evaluación de Casos Trujillo estableció algunos criterios para el estudio de los diferentes casos: Tipicidad, crimen de Estado y violación a los derechos humanos (DD.HH.); modalidades de crimen: torturas, amenazas, masacre, asesinatos extrajudiciales, desaparición y detención arbitraria; móviles: persecución política, limpieza social y seguridad de victimarios.
1995: Surgimiento de AFAVIT. Su lema, “Resistir, persistir y nunca desistir”.
La llegada del sacerdote Javier Giraldo, a quien se sumó la hermana dominica Maritze Trigos, fue fundamental para combatir el miedo, construir confianza y tejer una red de apoyo entre quienes habían perdido a sus seres queridos. Paralelo al proceso ante la CHID los religiosos incentivaron a un grupo de familiares víctimas para la creación de Afavit, Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, compuesta por esposas, madres, hijas, hijos y hermanos de personas asesinadas o desaparecidas. Si bien no fue la única organización de víctimas que se constituyó por esos años, con su constitución formal fue posible establecer una interlocución directa con los funcionarios gubernamentales responsables de los procesos de reparación simbólica, como la construcción a lo largo de varios años del Parque Monumento a la Vida.
1997- 2018: Camino hacia la reparación
1997: inicio de las medidas de reparación
Con la entrega de un lote para la construcción del Parque Monumento a la Vida, se inicia un proceso liderado por AFAVIT para la construcción de un lugar destinado a conmemorar y mantener viva la memoria de las personas asesinadas y desaparecidas en Trujillo. Se inicia así, en 1997, la construcción de las bases para 235 Osarios, la construcción de la galería de la Memoria (2009), el Sendero Nacional de la Memoria (2013) y la escultura en homenaje a quienes murieron de pena moral (2015). Así mismo, se iniciaron varios procesos de indemnización.
Como parte de la reparación material, se entregaron 10 fincas y 10 viviendas en la zona rural. Sin embargo, en el año 2000, como parte de las medidas de reparación y del programa de retorno para las víctimas de la masacre de Trujillo, el Estado colombiano implementó un proyecto de vivienda digna. Sin embargo, las soluciones ofrecidas no cumplían con los estándares mínimos de habitabilidad, presentaban deficiencias estructurales y no respondían a las necesidades básicas de las familias. Por esta razón, la comunidad decidió rechazar dichas viviendas, al considerar que más que una solución, representaban una nueva forma de revictimización: “Las viviendas estaban en pésimas condiciones. Eran tan deplorables que las paredes estaban hechas con esterilla, estopa y una capa de cemento; eran extremadamente delgadas y frágiles. Además, se construyeron en un lugar que no era apto para la construcción”, relata Garzón.
Entre 2009 y 2010 se entregaron 105 mejoras de vivienda y se creó el barrio Las Paz, en el que se adjudicaron 36 viviendas para las víctimas vinculadas a AFAVIT.
2013: primeros pasos para el Acuerdo de Solución Amistosa.
En este año fue necesario que la organización de víctimas acudiera nuevamente ante la CIDH ante el incumplimiento de algunas de las recomendaciones emitidas en 1995, como por ejemplo la inactividad procesal entre 1995 y 2005; las amenazas que sufrieron las víctimas, algunas de las cuales debieron exiliarse y fallos judiciales a favor de los victimarios, como por ejemplo la decisión de libertad en favor del Mayor (r) del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña y del Teniente de la Policía Nacional José Fernando Berrio Velásquez, ordenada por el Juez Penal del Circuito de Tuluá.
De esta solicitud surge una firma de entendimiento en la que se acuerda iniciar la elaboración del Acuerdo de Solución Amistosa y en la que el gobierno colombiano solicita el reconocimiento de algunos avances como
los siguientes: el mejoramiento de 105 viviendas y la construcción de 36 viviendas en el marco del plan de inversión social entregadas a familiares de las víctimas; el aporte de recursos estatales para la compra del terreno del Parque Monumento de Trujillo Valle; indemnización a los familiares de las víctimas declaradas en el informe final de la CISVT; y las sentencias penales emitidas por los hechos contra el paramilitar Henry Loaiza Ceballos alias el “alacrán”, el Mayor (r) del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña y el Teniente de la Policía Nacional José Fernando Berrio Velásquez.
2016: firma del Acuerdo de Solución Amistosa
El 6 de abril de 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Estado colombiano y los peticionarios – el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz- firmaron el Acuerdo de Solución Amistosa mediado por la CIDH. Este mecanismo permite que, mediante un acuerdo voluntario, se repare una violación de derechos humanos sin llegar a la Corte Interamericana. Colombia ha suscrito 16 acuerdos de este tipo por hechos como masacres, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, comprometiéndose a reparar a las víctimas, investigar a los responsables y prevenir la repetición de los hechos. En ese mismo mes, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, encabezó en Trujillo un acto de conmemoración en el que pidió perdón público a las familias.
El Acuerdo buscaba que se continuaran con los procesos judiciales y de reparación exigidos en el Informe Final de la CISVT, que estuvieron Del Acuerdo de Solución Amistosa surgieron 10 conclusiones y recomendaciones que el Estado debía cumplir para garantizar la reparación a las víctimas. Entre ellas se incluyeron indemnizaciones, actos de reconocimiento y medidas de reparación simbólica y colectiva, entre ellas la producción y emisión del documental “Voces de Trujillo, Un Retorno a la Vida”. Así mismo, como medida simbólica, se acordó otorgar un apoyo económico de $65.000.000 a AFAVIT para fortalecer el parque Monumento de Trujillo. El Ministerio de Cultura se comprometió a gestionar otros $25.000.000 con la Gobernación del Valle para actividades de memoria, incluyendo a familias de víctimas fallecidas por pena moral.
Los perjuicios materiales y morales derivados de la masacre de Trujillo debían ser liquidados conforme a los criterios establecidos por el Consejo de Estado, en tanto que este es el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia y la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, es el órgano competente para definir los parámetros de indemnización cuando las violaciones a los derechos humanos derivan de la acción u omisión de agentes estatales.
2022- 2025: El largo tránsito de las víctimas
2022: nuevas indemnizaciones
El 4 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiteró que la dignidad humana fue gravemente vulnerada en la masacre de Trujillo y, con el Consejo de Estado, reconocieron que los homicidios, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales constituyen violaciones severas a la dignidad humana y al Derecho Internacional Humanitario. Esta mayor intensidad del daño justificó indemnizaciones superiores por perjuicio moral, basándose en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto del 2014, que estableció criterios para el reconocimiento de daños morales a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, buscando una reparación más justa e integral.
«En los procesos relacionados con las víctimas, siempre se habla de una indemnización por parte del Estado. Sin embargo, en muchos casos, esa compensación resulta relativamente baja frente al dolor y al daño causado. Desde las organizaciones de víctimas y en el marco de la lucha por la condena al Estado, hablamos de indemnizaciones mucho más amplias, que buscan reconocer no solo el daño individual sino también el impacto colectivo y familiar… Cuando el Estado otorga una indemnización directamente, lo hace únicamente a las víctimas directas. Es decir, si la persona asesinada tenía hijos, la compensación no la reciben ni los padres ni la esposa; si no tenía hijos, entonces sí la reciben los padres. Se establece un grupo muy limitado de personas que pueden ser indemnizadas. En Trujillo, se luchó por una reparación más integral, que tuviera en cuenta el paso del tiempo y que también contemplara el hecho de que, entre más joven era la víctima, más años de vida le fueron arrebatados. Ese criterio es muy importante, ya que normalmente no se considera en una indemnización común.» Explica Viviana Garzón.
En los procesos de indemnización monetaria, la entidad del Estado encargada de desembolsar el dinero es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que realiza el pago a través del Fondo de Defensa Jurídica del Estado. «En el año 2022, el colectivo llevó a cabo un juicio jurídico que resultó en 46 indemnizaciones otorgadas bajo la Ley 288. Sin embargo, en ese proceso no se tuvieron en cuenta a las víctimas relacionadas con Diego Montoya ni con alias El Alacrán, sino únicamente casos de ejecuciones extrajudiciales. Esto es muy importante porque Trujillo no fue escenario únicamente de ejecuciones extrajudiciales. Por eso se habla de un total de 342 víctimas.. si bien en ese mismo año se reconocieron y aprobaron, el dinero no se desembolsó de inmediato. El colectivo de abogados siguió luchando, y fue hasta los años 2023 y 2024 que comenzó el desembolso económico a las familias. El proceso de pago tardó cerca de dos años», señala Viviana Garzón.
2016: La JEP, una puerta que se entreabre a las víctimas
Con la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana en 2016, se entreabrió otra puerta para las víctimas de Trujillo en su búsqueda de procesos de justicia y reparación. Dentro de los nueve Macro casos creados por La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- el 03, dedicado a los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, ha significado una esperanza, especialmente en la búsqueda de los cadáveres de personas desaparecidas. Aunque el Valle del Cauca no fue un departamento priorizado en este macro caso, se han logrado avances, como la declaratoria de que los cementerios de Marsella (Caldas) y Salento (Quindío) sean considerados como lugares que no pueden ser intervenidos para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. El caso particular de Marsella es el que atañe a algunas de las familiares víctimas en Trujillo, en tanto en ese municipio llegaban cadáveres por el río Cauca, los que eran trasladados a su cementerio y ubicado en fosas comunes. El miedo, como factor que ha atravesado a lo largo de décadas esta tragedia, evitó que muchos de esos cuerpos fueran reclamados. Hoy, a través del auto 432 de LA JEP, se realizan procesos de exhumación y reconocimiento de cuerpos.
De otra parte, gracias a una petición realizada por el Movimiento de Víctimas de Estado MOVICE, se logró que la JEP incluyera al Valle del Cauca como departamento de atención en el orden nacional en el macrocosmo 03. Si bien esta decisión no tiene el peso logístico y simbólico de ser un departamento priorizado, sí facilita la inclusión de muchos casos ocurrido en el departamento que no habían sido considerados aun por la JEP, entre ellos la masacre de Trujillo. En ese sentido, se han iniciado procesos de acreditación de las víctimas, entre ellas integrantes de Afavit. Sobre este proceso, dice Viviana: “la JEP estuvo aquí recolectando esos casos para hacer posibles investigaciones. Esto es muy importante porque también nos da acceso a más audiencias públicas y al reconocimiento de la verdad. Porque sabemos que en una parte se reconoce Trujillo, pero también están Río Frío, Bolívar, Naranjal”.
Por último, para alivio de las víctimas, la JEP negó la petición que desde la clandestinidad hizo el excoronel Alirio Urueña para que caso fuera aceptado para la búsqueda de rebaja de penas. Urueña, prófugo de la justicia desde el año 2009, es uno de los pocos condenados por esta masacre.
2025: una condena ejemplar, aunque improbable.
El pasado 26 de junio el municipio de Trujillo volvió a sonar en todo el país. Tras 35 años de procesos judiciales, el Tribunal Superior de Buga profirió una condena de 35 años de prisión al narcotraficante Diego León Montoya, como uno de los responsables de los actos de concierto para delinquir agravado, secuestro y homicidio agravados con fines terroristas por los hechos ocurridos en la “masacre de Trujillo”.
De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Diego Montoya fue absuelto por primera vez en el año 1990 por falta de pruebas. No obstante, el caso fue reabierto 20 años después – en septiembre del 2010- a través de un fallo de revisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que no habían sido tenidos en cuenta testimonios que
comprobaban la participación de su organización criminal en los hechos. Se refiere a los de Daniel Arcila Cardona y Pablo Emilio Cano. Así mismo, declaró la masacre como un crimen de lesa humanidad, lo cual garantiza que su investigación no pueda cerrarse nuevamente.
Fueron 26 los casos considerados para que la Fiscalía, en el año 2012, acusara a “Don Diego” y a Diego Rodríguez Vásquez como responsables de una serie de hechos ocurridos entre el 31 de marzo y el 23 de abril de 1990. Sin embargo, en el año 2021, el juez primero penal del Circuito Especializado de Buga absolvió a ambos narcotraficantes. Una segunda ventana para la impunidad en el caso de “Don Diego”
Sin embargo, el caso pasó a segunda instancia. Y fue en ella que el Tribunal Superior de Buga profirió una condena ejemplar de 35 años. Aunque Diego Montoya, extraditado a Estados Unidos desde el 2008, ya cumple una condena de 45 años por narcotráfico, este fallo se constituye en un hito muy importante para las víctimas. La posibilidad de que Montoya regrese a Colombia a cumplir esta nueva condena no es evidente; sin embargo, la atención estará puesta en lo que suceda con su pena en Estados Unidos.
Corolario: ¿ Será que alguno de los responsables cumplirá algún día una condena por los hechos violentos en Trujillo?
Han sido décadas de esfuerzos para que se haga justicia en la Masacre de Trujillo. Sin embargo, los pocos condenados por estos hechos están prófugos, cumpliendo otras condenas, extraditados, protegidos como testigos o fallecidos.
Henry Loaiza Ceballos, «El Alacrán», se entregó a la justicia en 1995. Por su participación en los hechos de Trujillo fue condenado a 30 años; su finca “Villa Paola” aparece señalada en los informes como un centro de torturas. Sin embargo, tras más de 20 años en la cárcel obtuvo libertad condicional, la cual perdió nuevamente en 2019 por continuar en negocios ilícitos.
Alirio Urueña, actualmente prófugo de la justicia, fue condenado a 44 años de cárcel. La investigación judicial probó que el entonces comandante del Batallón Palacé de
Buga de la Tercera Brigada del Ejército, se alió estratégicamente con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), financiados por los narcotraficantes Henry Loaiza, Iván Urdinola Grajales y Diego Montoya, para cometer al menos 103 de los 342 crímenes registrados en la Masacre de Trujillo. Esta condena representó uno de los casos más significativos de responsabilidad estatal en el conflicto.
El entonces teniente José Fernando Berrio, también prófugo, fue condenado a 28 años y 6 meses de prisión, sin derecho a la casa por cárcel, por los homicidios de los hermanos Hervey, José Erley y Orlando Vargas Londoño, José Alirio Granada Vélez y José Agustín Lozano Calderón, ebanistas de profesión. Según la investigación, los trabajadores desaparecieron el 2 de abril de 1990 cuando fueron obligados a salir de su taller por un grupo de hombres armados que los señalaban de ser colaboradores de la guerrilla.
Juan Carlos Ramírez Abadía, alias «Chupeta», fue condenado a 20 años de prisión por un juez de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, por sus actividades como uno de los mayores narcotraficantes de Colombia, particularmente por sus operaciones en 2002 y 2007. Aunque en sus declaraciones aceptó tener participación en la Masacre de Trujillo, no ha sido formalmente condenado por estos delitos. El 9 de diciembre de 2024 fue puesto en libertad después de cumplir su condena en Estados Unidos. Gracias a su colaboración con la justicia norteamericana, ahora se encuentra bajo protección como testigo. Su liberación genera expectativas sobre su posible testimonio en casos colombianos, incluyendo Trujillo.
ván Urdinola Grajales alias «El Tío», capturado desde 1992, fue llamado a juicio en 2002 por los crímenes de Trujillo, pero estando detenido en la cárcel de Palmira fue asesinado
por otro miembro del paramilitarismo que se encontraba preso en el mismo centro carcelario. Su muerte representó la pérdida de una oportunidad crucial para esclarecer responsabilidades y obtener justicia. Murió sin responsabilizarse por sus actos violentos.
Daniel Arcila Cardona, testigo clave en el esclarecimiento de la masacre de Trujillo, como miembro de las AUC en la región, presenció directamente las torturas y asesinatos cometidos, muchos de ellos en la finca Villa Paola, propiedad de alias El Alacrán. Según la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, el testimonio de Arcila reveló las torturas aplicadas por Henry Loaiza y sus cómplices y cómo más de cien cuerpos mutilados fueron arrojados al río Cauca, convertido en cementerio clandestino de las víctimas.
Tras fugarse del grupo paramilitar en 1990, denunció ante las autoridades que Henry Loaiza financiaba las operaciones del mayor Alirio Urueña. Su relato, tan horripilante, fue puesto en duda y Medicina Legal lo declaró inicialmente enajenado mental. Arcila desapareció en 1991, presuntamente asesinado cuando regresaba al Valle para despedirse de sus allegados antes de salir del país con protección. Sus dos declaraciones se convirtieron en clave para los procesos judiciales, pues revelaron los vínculos entre narcotraficantes, paramilitares y la fuerza pública. Su testimonio permitió la condena de «El Alacrán» y evidenció la responsabilidad de Alirio Urueña y otros mandos en la masacre.
