El gobierno de Juan Manuel Santos creó el programa Ser Pilo Paga en 2014 para brindar educación superior a jóvenes de escasos recursos. Cuatro años después, con más 40.000 beneficiarios, casi billón y medio de pesos invertidos en becas, subsidios y publicidad, y con el fantasma del desfinanciamiento de las universidades públicas, sólo queda preguntarse si el programa realmente es la solución a la educación superior.

 

Por: Yesid Lozano, Elmer López, Andrés Gómez, Alexander Basto

 

Uno de los mayores retos para el nuevo gobierno de Colombia en materia de educación será el futuro del programa Ser Pilo Paga. Aunque ha significado una oportunidad sustancial para miles de jóvenes colombianos que de otra forma no tendrían manera de conocer la educación superior, el programa padece desde su concepción profundos problemas estructurales y presupuestales. 

Los estudiantes de las 32 universidades públicas del país entraron en paro indefinido el 12 de octubre de 2011, una semana después de que se radicara en el congreso el proyecto de reforma a la educación superior o reforma a la ley 30. Los manifestantes se levantaron contra la propuesta de crear la figura de universidades mixtas para buscar aportes del sector privado y así subsanar, en teoría, la deuda de casi medio billón de pesos del Estado con la educación pública. La preocupación que levantaba la medida, radicaba en el peligro que representaría para la autonomía universitaria y el desentendimiento que traería al Estado en materia de educación.

Durante poco más de mes y medio, la movilización de los estudiantes paralizó al país. Los manifestantes, reunidos en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, organizaron marchas, plantones y movilizaciones en defensa de la educación superior. Fueron las manifestaciones más grandes de la historia reciente en Colombia. Los carteles, pinturas, globos y arengas elevaban una sola voz: “¡No a la reforma a la Ley 30!”. 

La ley 30 de 1992 establece los lineamientos de la financiación, adecuación y proyección de la educación superior en el país. Con el correr de los años esta ley fue perdiendo su norte. Los problemas de financiamiento en las instituciones públicas, la aparición de universidades de “garaje”, la deuda del Estado con las instituciones públicas, el escaso volumen de bachilleres que accede a la educación superior, la deserción, la insuficiencia de infraestructura, la deficiente formación académica de docentes y una desigualdad en la calidad educativa, han llevado a la crisis al sector. En el 2011 miles de estudiantes, en su mayoría de universidades públicas, salieron a las calles a exigir un proceso transparente en la “reforma a la educación superior” que planteaba el presidente Santos a mitad de su primer periodo de gobierno.

Luego de las protestas de los estudiantes, la comisión sexta de la cámara de representantes. Resolvió el 16 de noviembre retirar la reforma a la educación superior. Siete años después, los estudiantes de las universidades públicas ven cómo la deuda sigue aumentando. En 2014, el gobierno presentó un proyecto que combatiría los déficits de acceso a la educación superior, la financiación y la deserción de estudiantes. Ser Pilo Paga trajo enormes discusiones respecto al tratamiento que el gobierno tiene que dar a la deuda con la educación superior pública. 

Si bien el programa posibilita el acceso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior, restringe este derecho para un porcentaje muy pequeño de estudiantes, además de generar una fuga de recursos públicos hacia entidades privadas por concepto de matrículas y subsidios de permanencia.

Con el programa Ser Pilo Paga, el Estado suple en parte la necesidad de acceso a la educación superior, pero deja de lado las demás. No hay una promesa de pago de la deuda pública con las universidades, tampoco un compromiso por mejorar la calidad académica de docentes y estudiantes. Parece que importa poco el hecho de que en las instituciones públicas las edificaciones se caigan a pedazos como en la Nacional, o que las redes de acueducto y alcantarillado colapsen con cualquier daño como en la Universidad del Valle.

En 2011 pudo darse la reestructuración del sistema educativo aceptando las diversas miradas de cada una de las 32 instituciones públicas de educación superior que tiene el país, pero la negligencia de las administraciones centrales de cada universidad para debatir el futuro de las mismas llevó a cerrar la discusión a un plano netamente gubernamental y político. Sin embargo, de ello se aprendió una lección: cuando llegue el momento para reformar la educación en Colombia, será necesario que el Estado acepte su responsabilidad con la educación como compromiso para el desarrollo de un país más justo, equitativo y educado.

Las cifras de Ser Pilo Paga, que en su primer año recibió 155 mil millones de pesos, dan cuenta del fuerte rubro de inversión que recibe el programa, que a la fecha asciende casi a 800 mil millones. El dinero es desembolsado anualmente por el Ministerio de Educación Nacional al ICETEX, quien lo distribuye en las diferentes universidades que cuentan con estudiantes activos de Ser Pilo Paga. El rubro contempla el pago de matrícula académica en las universidades acreditadas de alta calidad que los estudiantes elijan y un subsidio para transporte, libros, manutención, etc.).

Dado que las universidades públicas realizan admisiones de acuerdo con los resultados del examen ICFES, no todos los pilos logran ingresar a ellos. Esto, sumado a la estigmatización de muchas de ellas, ha propiciado que el 87,42% de los créditos que entrega el Icetex van dirigidos a estudiantes de universidades privadas. Entre las 20 universidades que más créditos reciben, no aparece ninguna oficial.

Dado que el programa ofrece créditos condonables, los estudiantes de escasos recursos que acceden a él se ven obligados a cumplir unos requerimientos para no contraer una deuda. El problema radica en que los estudiantes, mayoritariamente, han escogido universidades privadas de alta calidad donde el costo de matrícula por semestre cuesta alrededor de 80% más de lo que cuesta en una universidad pública de alta calidad. 

En promedio, el costo por estudiante de Ser Pilo Paga en instituciones privadas es de 13 millones de pesos cada semestre; tres veces más de lo que, de acuerdo al Consejo Nacional de Educación Superior, invierte en promedio el gobierno nacional en un estudiante en una universidad pública, 4,5 millones.

El subsidio es condonable solo si el estudiante logra graduarse de la carrera que ha elegido. Si deserta, cambia de carrera o no consigue terminar sus estudios, deberá asumir la deuda acumulada por concepto del financiamiento de los semestres en que fue beneficiario del programa.

En estas condiciones, las instituciones públicas de educación superior se quedan estancadas y sin un futuro promisorio. Este problema tan complejo se suma al hueco financiero de 15 billones de pesos que el Estado tiene con las universidades públicas (según el Sistema Universitario Estatal), y que hasta ahora se ha mostrado incapaz de asumir y resolver.