Aunque los casos de asesinatos, persecuciones y amenazas no han sido esclarecidos, miembros de Marcha Patriótica dicen saber de qué grupo vienen. En un comunicado del 6 de mayo de 2016, el movimiento dice que han expresado en varias ocasiones su preocupación por la vigencia del paramilitarismo en diferentes regiones del país, insisten en que las estructuras paramilitares nunca se han desarticulado ni son solo crimen organizado, como les llama el Gobierno.

 

 

Frente a los posibles causantes de las amenazas, en el 2016 el Gobierno cambió la denominación de las  Bacrim (Bandas Criminales) por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). El último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, señala la presencia narcoparamilitar en 351 municipios de 31 departamentos. Además muestra el crecimiento de estos grupos en las zonas que antes eran dominadas por las Farc.

Sin embargo, para Darnelly Rodríguez, Directora de La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, no se puede asegurar que todos los asesinatos sean de grupos paramilitares.

—Muchos de ellos son cometidos por parte de la fuerza pública.  En el Paro agrario del 2013, iba a las mesas con todas las instituciones oficiales. Saliendo de dicha reunión intentaron tirarnos de la moto, hasta un integrante de la Sijín me agredió físicamente.

Según cifras de la oficina de prensa de Marcha Patriótica –hasta 2016-, del total de homicidios, 42 fueron cometidos por la fuerza pública, y 13 ya tienen procesos penales.

Manuel Laureano Torres, diputado por el Partido de la U en la Asamblea Departamental del Valle y creador de la Comisión de paz de este ente, cree que los casos de asesinatos podrían también tener otras explicaciones.

—Es muy discutible porque uno siempre hace cábalas y presunciones. Es posible que esos casos, tengan que ver con agentes del Estado, pero muchos tienen que ver con problemas personales. No obstante, hay que acudir a las rutas propias que establece el Estado para definir si alguien es una víctima. También están los organismos internacionales como la Corte Interamericana, por ejemplo, que finalmente es la que se encarga de determinar si hubo, o no, violación de derechos en el caso de un grupo en especial. En este caso, el de Marcha Patriótica, a quien yo considero que se le han dado muchas garantías.

El diputado piensa que las condiciones son diferentes a las del genocidio de la UP, pues para él, el  momento en que vivimos y los grupos son muy distintos.

Pero James Larrea, vocero de Marcha Patriótica, ve muy posible que el genocidio de la UP se repita.

 —Podría pasar. Piedad Córdoba advertía hace unos meses que, si el Estado Colombiano no se compromete a cambiar ese pensamiento del enemigo interno -que es la doctrina de seguridad nacional, que se impone como estrategia de control social y militar después de los años 50 y 60-, vamos a seguir viendo en la política el uso de la fuerza oficial para el control de eso que no es normal. 

James cree que el Estado contó con una estrategia de comunicación pobre, sobre lo que se acordó en La Habana, algo que era crucial en el momento que se buscó refrendar lo pactado mediante el plebiscito.

—Si las partes no han hecho un trabajo de pedagogía con la gente del común, que le permita entender a la gente de a pie la importancia de acuerdos, como los que se han hecho hasta ahora, pues la gente no va salir a respaldar el proceso, porque van a tener en la cabeza lo que nos dicen todo el día los medios comunicación. 

Marcha Patriótica ha adelantado procesos de pedagogía popular para la paz, programa que, según Marcela Urrea, ha permitido mitigar el estigma que pesa sobre las organizaciones de izquierda. 

Darnelly Rodríguez no sólo teme por su vida, sino la de su pequeña hija de quien, por razones de seguridad, prefiere no hablar demasiado. La UNP le ha aumentado las medidas de protección porque ha sido amenazada de nuevo. Ahora la acompaña un escolta a donde vaya. A pesar de todo, se muestra enérgica y no baja la mirada.

—La convicción nos mantiene aquí, nos da fuerza para luchar y la moral no baja, antes aumenta. Al saber que mataron algún integrante, las ganas de hacer valer la justicia nos mantiene en pie. 

 

 

Alejandro Niño, espera regresar a Colombia, terminar sus estudios, continuar con sus ideales y al igual que Marcela Urrea aportar en la construcción de un mejor país. Sin embargo, coincide con el escepticismo de Darnelly sobre su seguridad.

Hasta que el Estado no demuestre que es real la amenaza paramilitar no se dará un cambio en las políticas de oposición. El genocidio de la UP se repetirá con nosotros.

Los más afectados son los campesinos que no tienen cómo huir al momento de afrontar estas amenazas. Los números seguirán en aumento si no existe una intervención. Desde el trabajo de Derechos Humanos nos enteramos de todos los casos de asesinato y es muy duro, pone triste a todas las organizaciones. Nunca he perdido mi moral, la rabia y la impotencia hace que tenga más ganas de luchar por la justicia.