Equipo de investigación: Joan David Zuñiga, Laura Patricia Florez, Jhoan Manuel Henao, Julian David Palacios, Nestor David Velasquez

 

Un panfleto con mayúscula sostenida firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” declaraba en mayo del año pasado como objetivo militar a José Alejandro Niño, Marcela Urrea y Darnelly Rodríguez, tres miembros del movimiento Marcha Patriótica en Cali. No eran los primeros ni los únicos amenazados y en decenas de casos las amenazas se cumplieron. A seis años de la fundación de Marcha, sus integrantes temen que se repita el exterminio de la Unión Patriótica.

—Tomé la decisión de irme porque el papel llegó a mi casa, comprometiendo la seguridad de mi familia.

Fue un viernes en la mañana cuando José Alejandro Niño encontró en el piso de su sala una nota en la que era sentenciado a muerte, junto a quince personas más, todas integrantes de movimientos sociales o políticos. Una semana antes, mientras sacaba unas copias en la Universidad del Valle, notó que alguien lo seguía. Alejandro de 26 años es integrante de la Red de Derechos Francisco Isaías Cifuentes, espacio en el que ayuda a denunciar diferentes tipos de abuso. 

—Los abusos de autoridad son los más fuertes, pero también hay otros procesos de denuncia de restitución de tierras, que se hacen en el sur del Valle y en el Cauca —comenta Alejandro desde un país tropical, vía Skype. 

El año pasado, el gobierno colombiano refrendó los acuerdos de paz alcanzados con las FARC-EP, con el fin de encontrar una salida negociada al conflicto que azota al país desde hace más de 50 años.

También en el 2016, en agosto, se cumplieron 30 años del asesinato de Leonardo Posada, ex integrante de la Unión Patriótica y representante a la cámara por Santander. Su homicidio, en 1986, marcó el inicio del extermino de la UP, en el que más de tres mil miembros y simpatizantes de la organización fueron víctimas. El genocidio obligó a este movimiento a extinguirse jurídicamente en el 2002, tras no lograr representación en el congreso; pero en el 2013, luego de reconocer el exterminio del que fue blanco, el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica. 

A pesar de las cifras de bajas de Unión Patriótica, son muchos los sobrevivientes que aún defienden sus ideales y que, sin embargo, continúan siendo víctimas de ataques. Es el caso de Imelda Daza, quien el 6 de mayo de 2016, estuvo presente en un atentado contra dirigentes de diferentes movimientos políticos. La transgresión ocurrió en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción (Sutimac) en Cartagena, mientras se llevaba a cabo una reunión organizada por el Partido Comunista Colombiano (PCC). Un hombre armado, de tez morena, ingresó  y disparó repetidas veces. La respuesta de los escoltas fue inmediata y nadie resultó herido, no obstante el agresor huyó en una moto. El senador Iván Cepeda interpretó el atentado como la continuación de una campaña que se ha intensificado y que trae acciones criminales contra destacados dirigentes la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y quienes trabajan por la paz del país.

El movimiento político Marcha Patriótica, fundado en 2012, viene denunciando ser víctima de un modelo de exterminio similar al de la UP. Este movimiento está conformado por 1800 organizaciones sociales de todos los rincones del país, campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, colectivos de mujeres, población LGTBI, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Presentan como base de sus actividadades la búsqueda de la paz, con reestructuración del sistema político, social y económico, y han tenido una participación activa en el proceso de paz como voceros de los sectores más abandonados del país.

Sus reclamos similares a los de la guerrilla sobre problemas claves del país, llevó a que medios de comunicación, políticos y altos mandos militares señalaran a Marcha Patriótica de tener vínculos con las FARC. Y la acusación terminó por convertirse en una sentencia mortal.

Debido a que las denuncias presentadas habían sido, en su mayoría, silenciadas, más de cien mujeres de Marcha Patriótica realizaron una vigilia en la iglesia San Francisco de Bogotá, en marzo de 2016. Desde las entradas del templo un camino de rosas guió el paso de las marchistas que, usando un velo blanco sobre su cabeza, repartieron folletos con información sobre los asesinatos de sus compañeros, y abogaron por la liberación de sus 300 prisioneros políticos. Este evento puso los hechos en la agenda pública. 

José Alejandro Niño también es miembro del Grupo Estudiantil y Profesional de Univalle (GEPU), vinculado a Marcha Patriótica. Por los días en que la amenaza llegó a su casa, cursaba séptimo semestre de psicología en la Universidad del Valle; siempre había vivido en Cali, pero esa amenaza le cambió la vida. Desde el extranjero y con un poco más de calma, relata cómo el temor lo invadió. 

—Pasaron 13 días entre el tiempo que recibí la amenaza y mi salida del país, vivía paniquiado; no salía de mi casa.

Recuerda que el Día de la Madre salió a la casa de una tía y hubo una balacera cerca. 

—Yo pensaba: ¿es por mí, no es por mí? Me van a dejar tirado y a mi mamá le va a tocar recogerme. A la final no era conmigo el asunto, pero ese miedo siempre está latente y cualquier cosa lo dispara.

Dejar a su familia, aplazar sus estudios, aprender otro idioma e incluso rebuscarse la vida haciendo mantenimiento de computadores, son algunos de los cambios que ha hecho para proteger su vida. Al golpe emocional se le suma el económico, ya que Niño y su familia han asumido la totalidad de los gastos; salvo por el hospedaje que le brinda un amigo. No ha querido solicitar la figura de exilio pues considera que puede ser contraproducente ya que esa medida genera estigmatización. 

 

Según datos de Marcha Patriótica en los últimos cinco años -hasta enero 18 de 2017-  han sido asesinados 129 de sus miembros. En promedio, un muerto cada 18 días -sin contar amenazados y víctimas de atentados-.

129 hombres y mujeres, que creían en una Colombia mejor, que defendían sus ideales y que en su lucha por la justicia cayeron a manos de aquellos que ven inoportuna su convicción. La cifra continúa en aumento y el Gobierno se niega a aceptar la conexión de los asesinatos. 

 

 

Claudia Marcela Urrea Ballesteros, líder estudiantil de la Universidad del Valle y Ex vocera departamental de Marcha Patriótica también ha recibido panfletos en su contra en reiteradas ocasiones. Según ella, lo más preocupante son las deficientes medidas adoptadas por el Estado para su protección. 

Sentada en su oficina en un edificio de la Universidad del Valle, Marcela recuerda detalles de varias amenazas que ha sufrido. En el 2014, cuando organizaba con sus compañeros el cuarto congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), fue amenazada por grupos autodenominados antisubversivos.

—La constante es señalarlo a uno de insurgente, obviamente en otros términos de ‘guerrillero hijueputa’ y eso; en ese momento La Red de Derechos Humanos puso la denuncia y se nos asignó un esquema de emergencia: un carro manejado por un ex agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -entidad estatal clausurada por múltiples escándalos de seguimientos ilegales-.

Como Alejandro y Marcela se encuentran muchos militantes de Marcha Patriótica y de otras agrupaciones que, debido a su postura política, han visto reducidos sus derechos y su libertad.

 

Sobre el tema varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Regional Valle, declararon no contar con la autorización para pronunciarse al respecto; sin embargo, fuera de registro uno de ellos precisó que este tipo de casos se llevan de forma independiente a la colectividad a la que pertenezcan las víctimas. Esta institución recibe la copia de la denuncia en la Fiscalía y toma los datos, luego los remite a la policía y a la Unidad Nacional de Protección. Esta última entidad después realiza la clasificación de riesgo y finalmente determina acciones. 

Marcela, con sonrisa irónica, cuenta que su caso fue clasificado como riesgo extraordinario por la Unidad Nacional de Protección, y que desde el 2015, le asignaron un celular con minutos, un chaleco antibalas y un auxilio de transporte que esta entidad no le consigna.

—Se supone que uno debe contratar un carro, yo hablé con un señor e hice todos esos trámites, pero si no pagan pues el señor no me va a transportar, así de sencillo. 

Marcela también relata que en la entrevista hecha por la Sijín le preguntaron por qué la amenazaron. 

—Yo no sé, en este país no lo deberían amenazar a uno. El hecho que sea dirigente estudiantil no es una razón para que me amenacen.