La educación superior privada es un negocio que prospera a costa del desfinanciamiento de la universidad pública y el crecimiento de los créditos educativos. Hoy, pagar las costosas matrículas de las instituciones privadas es sólo uno de los obstáculos que los estudiantes deben enfrentar al incorporarse en las lógicas del mercado educativo.

 

Por: Alejandra  Gálvez,  Daniel  Zaya,  Edward  Valencia,  Jennifer  Córdoba,  Manuela  Riveros, Jhonatan Galeano.

 

Cuando  Nathaly  entró  a  la  Universidad  Autónoma  de  Cali,  tenía  17  años  y  una  estatura  superior  al promedio, pero eso no impedía que su rostro la hiciera parecer una niña. Su cabello rizado caía sobre los hombros y a cada rato era posible distinguir su fina dentadura, sonreía casi todo el tiempo. Estaba dispuesta a hacer de la universidad la mejor experiencia de su vida. Pero al cabo de seis  meses, los líos económicos comenzaron a eclipsar sus expectativas.  

Milena Martínez, su madre, inició su proceso de pensión después de trabajar 35 años como enfermera. Los  gastos  del  hogar  quedaron  a  merced  del  padre,  Francisco  García,  un  hombre  sencillo  y  de expresión severa que trabaja suministrando repuestos  a las  máquinas  de  los  ingenios. De repente, un salario  mínimo debía dividirse  entre los  cuatro recibos  mensuales  que  llegaban a la puerta: servicios públicos, internet y televisión, y dos sobres  que les recordaban las  deudas que habían adquirido para pagar  la  universidad.  Contra  todo  pronóstico,  el  dinero  debía  alcanzar  para  el  mercado  y  los  gastos cotidianos. “¿Cómo  pueden vivir  así?”,  preguntó  la  trabajadora  social  de  la  universidad  durante  la visita domiciliaria. No sabía que los García no iban a cine ni comían fuera de casa desde hace mucho tiempo, que ya no salían los fines  de semana y que ahorraban hasta lo más  mínimo. Sólo privándose de  tantos  gustos  superaron  el  colapso  de  la economía  familiar.  La  crisis  inició  en  el  2014,  cuando Milena,  afanada  por  el  futuro  de  su  hija,  decidió  pedir  un  préstamo  para  pagar  la  matrícula universitaria.

Una  grieta  de  cinco  metros  divide  en  dos  partes  la  fachada de  la  Escuela  de  Artes  Plásticas  de  la Universidad  Nacional  en  Bogotá.  El  segundo  piso  ya  no  se  sostiene:  con  su  peso  ha  retorcido  las ventanas  del  primero,  por  lo  que  Martha  Combariza,  directora  del  programa  de  Artes  Plásticas,  ha ordenado su desalojo. Los estudiantes se niegan a abandonar el resquebrajado edificio, declarado bien de  interés  cultural  de  la  Nación.  Ignacio  Mantilla,  rector  de  la  Universidad,  ha  dicho  que  para restaurar la planta física del campus se necesitarían unos 2 billones de pesos. El presupuesto total del 2015 para la institución rondó los 1,5 billones. El Estado aumenta los  recursos  para las  universidades públicas  de acuerdo al alza anual en  el  Índice de  Precios  al  Consumidor  (IPC),  así  lo  plantea  la  Ley  30  de 1992.  Este  ritmo  de  crecimiento financiero  impediría  la  ampliación  de  la  cobertura,  ya  que  el  dinero  aportado  por la  Nación pierde valor  adquisitivo  frente  a  los  nuevos  gastos  de  las  universidades.  Sin  embargo,  las  matrículas  en dichas instituciones aumentaron al punto de generar, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), un déficit de 11,15 billones de pesos hasta 2012, es decir, más de seis veces el presupuesto aprobado para Cali ese mismo año.

Este  desfase  entre  cobertura  y  presupuesto  en  las  universidades  públicas  es  tan  grave  que  la Universidad Nacional  en  Bogotá, con  el fin  de conservar la calidad académica de sus más  de 40  mil estudiantes, ha tenido que desentenderse de la mala salud de su infraestructura. Tiene 21  edificios  en riesgo de alta vulnerabilidad y cuatro en amenaza de ruina: la torre de Enfermería, la Escuela de Cine y Televisión,  el  estadio  Alfonso López Pumarejo y  la Escuela  de  Artes  Plásticas. En  la Universidad del  Valle,  por  ejemplo,  la  congestión  en  el  restaurante  universitario  es  cada  vez  mayor,  hay  filas multitudinarias  para  subir  a  los tres  comedores  que  ya  no  dan  abasto,  y  el  edificio  principal  de  la Facultad de Artes integradas está construido a medias. Cada vez hay más estudiantes matriculados en las   universidades   públicas   con   menos   recursos   por   cada   uno.   El   Director   del   Centro   de Investigaciones  para el Desarrollo (CID), Jorge Armando Rodríguez, en su  artículo sobre la reforma de  la  educación  superior,  publicado  por    Razón  Pública,  estima que  en  el  2023  el  Estado  habrá reducido sus aportes presupuestales de 2,5 millones a 1,9 por estudiante.

 

 

Debido  a  la  progresiva  desfinanciación,  las  universidades  públicas están  obligadas  a  conseguir recursos propios. El autosostenimiento, que era una característica propia del sistema privado, es ahora una tarea administrativa fundamental para las IES estatales. No siempre fue así. Según el informe del SUE “Desfinanciamiento  de  la  educación  superior  en  Colombia”  (2012),  hasta  1993  la  Nación aportaba casi el 80% de la base presupuestal universitaria. Incluso el Decreto 80 de 1980, por el cual se organizaba la educación superior antes de la Ley 30, prohibía que se crearan instituciones oficiales cuya financiación no estuviera plenamente asegurada por el Estado.

En contraste, para el 2010 los  aportes  de la Nación apenas  representaban el 48%  del presupuesto  de las  universidades.  Para  completar los  recursos  adicionales  las  universidades  acuden a estrategias  que en  ocasiones  terminan  socavando  su  misión pública.  Por  ejemplo,  priorizar  la  contratación  de docentes  por horas  cátedra,  antes  que  una  contratación de  tiempo  completo  afecta  y  dificulta  los procesos de investigación. También el alza en las matrículas es una medida que acaba con todo anhelo de  gratuidad  en  la  educación.  La  prestación  de  servicios  y  los  programas  de  extensión  son  otras alternativas de autosostenimiento que vienen implementando las universidades públicas.

Por otra parte, en las universidades privadas hay miles de estudiantes con situaciones económicas complejas.

A  causa  de  la  pobre  cobertura  de  las  públicas,  muchos  jóvenes  se  quedan  por  fuera  y deben acudir a algunas privadas, las cuales representan el 72% de la oferta de educación superior en el  país.

En este  caso,  el  estudiante  podría  asumir  matrículas  que  superan  hasta  los  23  salarios mínimos.

Así  le  sucedió  a  Nathaly.  Su  madre  tuvo  que  pedir  un  préstamo  en  el  fondo  de  empleados  de  su empresa para cubrir los cerca de seis millones de la matrícula inicial. Aunque era una deuda llevadera, no  alcanzaron  a  saldarla  antes  de  que  llegara  la  matrícula  siguiente.  La  hora  de  la  cena  se  llenó  de inquietudes,  las  conversaciones  se  convirtieron  en  detallados  análisis  de  economía  familiar.  La conclusión  era  la  misma:  con  tan  pocos  ingresos  era  absurdo  pedir  otro  préstamo.  Sin  embargo, Milena  insistió  en  la  agotadora  tarea  de  buscar  créditos  educativos  por  todo  el  país.  Su  hija permanecería en la universidad costara lo que costara.