La educación superior privada es un negocio que prospera a costa del desfinanciamiento de la universidad pública y el crecimiento de los créditos educativos. Hoy, pagar las costosas matrículas de las instituciones privadas es sólo uno de los obstáculos que los estudiantes deben enfrentar al incorporarse en las lógicas del mercado educativo.

 

Por: Alejandra Gálvez,  Daniel Zaya,  Edward Valencia,  Jennifer Córdoba,  Manuela Riveros, Jhonatan Galeano.

 

Cuando Nathaly entró a la Universidad Autónoma de Cali, tenía 17 años y una estatura superior al promedio, pero eso no impedía que su rostro la hiciera parecer una niña. Su cabello rizado caía sobre los hombros y a cada rato era posible distinguir su fina dentadura, sonreía casi todo el tiempo. Estaba dispuesta a hacer de la universidad la mejor experiencia de su vida. Pero al cabo de seis meses, los líos económicos comenzaron a eclipsar sus expectativas. 

Milena Martínez, su madre, inició su proceso de pensión después de trabajar 35 años como enfermera. Los gastos del hogar quedaron a merced del padre, Francisco García, un hombre sencillo y de expresión severa que trabaja suministrando repuestos a las máquinas de los ingenios. De repente, un salario mínimo debía dividirse entre los cuatro recibos mensuales que llegaban a la puerta: servicios públicos, internet y televisión, y dos sobres que les recordaban las deudas que habían adquirido para pagar la universidad. Contra todo pronóstico, el dinero debía alcanzar para el mercado y los gastos cotidianos. “¿Cómo pueden vivir así?”, preguntó la trabajadora social de la universidad durante la visita domiciliaria. No sabía que los García no iban a cine ni comían fuera de casa desde hace mucho tiempo, que ya no salían los fines de semana y que ahorraban hasta lo más mínimo. Sólo privándose de tantos gustos superaron el colapso de la economía familiar. La crisis inició en el 2014, cuando Milena, afanada por el futuro de su hija, decidió pedir un préstamo para pagar la matrícula universitaria.

 

 

Una grieta de cinco metros divide en dos partes la fachada de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional en Bogotá. El segundo piso ya no se sostiene: con su peso ha retorcido las ventanas del primero, por lo que Martha Combariza, directora del programa de Artes Plásticas, ha ordenado su desalojo. Los estudiantes se niegan a abandonar el resquebrajado edificio, declarado bien de interés cultural de la Nación. Ignacio Mantilla, rector de la Universidad, ha dicho que para restaurar la planta física del campus se necesitarían unos 2 billones de pesos. El presupuesto total del 2015 para la institución rondó los 1,5 billones. El Estado aumenta los recursos para las universidades públicas de acuerdo al alza anual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así lo plantea la Ley 30 de 1992. Este ritmo de crecimiento financiero impediría la ampliación de la cobertura, ya que el dinero aportado por la Nación pierde valor adquisitivo frente a los nuevos gastos de las universidades. Sin embargo, las matrículas en dichas instituciones aumentaron al punto de generar, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), un déficit de 11,15 billones de pesos hasta 2012, es decir, más de seis veces el presupuesto aprobado para Cali ese mismo año.

Este desfase entre cobertura y presupuesto en las universidades públicas es tan grave que la Universidad Nacional en Bogotá, con el fin de conservar la calidad académica de sus más de 40 mil estudiantes, ha tenido que desentenderse de la mala salud de su infraestructura. Tiene 21 edificios en riesgo de alta vulnerabilidad y cuatro en amenaza de ruina: la torre de Enfermería, la Escuela de Cine y Televisión, el estadio Alfonso López Pumarejo y la Escuela de Artes Plásticas. En la Universidad del Valle, por ejemplo, la congestión en el restaurante universitario es cada vez mayor, hay filas multitudinarias para subir a los tres comedores que ya no dan abasto, y el edificio principal de la Facultad de Artes integradas está construido a medias. Cada vez hay más estudiantes matriculados en las  universidades  públicas  con  menos  recursos  por  cada  uno.  El  Director  del  Centro  de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Jorge Armando Rodríguez, en su artículo sobre la reforma de la educación superior, publicado por  Razón Pública, estima que en el 2023 el Estado habrá reducido sus aportes presupuestales de 2,5 millones a 1,9 por estudiante.

 

 

Debido a la progresiva desfinanciación, las universidades públicas están obligadas a conseguir recursos propios. El autosostenimiento, que era una característica propia del sistema privado, es ahora una tarea administrativa fundamental para las IES estatales. No siempre fue así. Según el informe del SUE “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia” (2012), hasta 1993 la Nación aportaba casi el 80% de la base presupuestal universitaria. Incluso el Decreto 80 de 1980, por el cual se organizaba la educación superior antes de la Ley 30, prohibía que se crearan instituciones oficiales cuya financiación no estuviera plenamente asegurada por el Estado.

En contraste, para el 2010 los aportes de la Nación apenas representaban el 48% del presupuesto de las universidades. Para completar los recursos adicionales las universidades acuden a estrategias que en ocasiones terminan socavando su misión pública. Por ejemplo, priorizar la contratación de docentes por horas cátedra, antes que una contratación de tiempo completo afecta y dificulta los procesos de investigación. También el alza en las matrículas es una medida que acaba con todo anhelo de gratuidad en la educación. La prestación de servicios y los programas de extensión son otras alternativas de autosostenimiento que vienen implementando las universidades públicas.

Por otra parte, en las universidades privadas hay miles de estudiantes con situaciones económicas complejas. A causa de la pobre cobertura de las públicas, muchos jóvenes se quedan por fuera y deben acudir a algunas privadas, las cuales representan el 72% de la oferta de educación superior en el país. En este caso, el estudiante podría asumir matrículas que superan hasta los 23 salarios mínimos. 

Así le sucedió a Nathaly. Su madre tuvo que pedir un préstamo en el fondo de empleados de su empresa para cubrir los cerca de seis millones de la matrícula inicial. Aunque era una deuda llevadera, no alcanzaron a saldarla antes de que llegara la matrícula siguiente. La hora de la cena se llenó de inquietudes, las conversaciones se convirtieron en detallados análisis de economía familiar. La conclusión era la misma: con tan pocos ingresos era absurdo pedir otro préstamo. Sin embargo, Milena insistió en la agotadora tarea de buscar créditos educativos por todo el país. Su hija permanecería en la universidad costara lo que costara.