Desplazamiento, narcotráfico y mestizaje: aristas de una misma ciudad.

Mirada a un pasado latente. Hoy Cali muestra las marcas de décadas de migraciones masivas y asentamientos, de tiempos conflictivos con dinero líquido ilegal, y de una cultura que, a fuerza de cambios, se empieza a resquebrajar, a fundir su forma tradicional de imaginarse.

 

Por: David Moreno, Oscar Marino, Natalia Jaramillo, Carolina Mora y Grace Polanía 

Un joven hincha muerde la camisa de su equipo como si su vida dependiera de ella. La suya y la de 35 mil personas más junto a él, vestidas de rojo y blanco, con gorros, trompetas y banderas donde ondean diablos con balones. Es una noche agitada del 18 de diciembre de 2011 en Cali. En el Estadio Pascual Guerrero un silencio expectante recorre las tribunas ante un penalti que para muchos marcará la historia... Cuando el balón entra en la red, la multitud roja se desfigura. En el instante en el que el hincha suelta la camisa mordida y se recubre la cara, hay un padre de familia que a su lado, en su propio desconcierto, consuela el llanto desesperado de su hijo. ¿Quién podría hacer entender la realidad de que el América de Cali, el equipo más antiguo de la ciudad, estaría irremediablemente en la B? El joven sale del estadio con sus amigos y se sumergen en las calles en busca de un taxi que los lleve lejos de allí, de ese sentimiento que muchos compartieron, también, en las casas y apartamentos cuando apagaron la televisión. El sentimiento de que algo había cambiado por completo en las últimas décadas.

Esta no es una historia de fútbol, es una historia de cambios. De una ciudad que se ha transformado a lo largo de 60 años: un relato sobre sus pobladores migrantes y su economía agitada, sus espacios transformados y su identidad en quiebre y fusión.

El Migrante

Con el despertar del día las montañas de Cali abren los ojos. Quien desee entender la historia de esta ciudad tendría que mirar sin duda hacia sus laderas. Cali, ciudad de migrantes. En las montañas las torres de electricidad son como guardianes de acero que atraviesan la cordillera, surcando el cielo con cables y capturando cometas perdidas. Para muchos siguen siendo, tras 60 años de migraciones, las puertas de la sucursal.

A las 10 de la mañana en El Árbol, asentamiento del Alto Nápoles en el suroccidente de Cali, tres jóvenes en pantaloneta y gorras se acomodan junto a sus casas de polisombra, observan allá en lo bajo la planicie urbanizada y el smog gris que difumina los límites de una ciudad de más de dos millones de habitantes. Diez metros hacia atrás un niño sin camisa y en chanclas azules, con un salto convierte en arco de fútbol la base de la torre de electricidad, alrededor de la cual su familia y vecinos han construido sus casas. Desde el cielo sin nubes, un “moto-ratón” luce como un punto que deja una estela de polvo mientras recorre los caminos sinuosos del Alto Nápoles: cruzará Meléndez y Los Chorros, Pampas del Mirador y Las Palmas; y parecería, al verlo avanzar sobre caminos rodeados de casas de ladrillo, tierra embarrada, perros, ferreterías y tiendas de misceláneas; el espacio no podría soportar tal congestión. Y sin embargo, la soporta.

Bajo los caminos por donde el moto-ratón sube y baja transportando pasajeros, un yanacona robusto acomoda su asiento de madera frente a su casa y contempla el paisaje. Su nombre es Bonifacio Correa Palechor y su vida en Cali es una crónica de ciudad que se ha repetido durante décadas.

Es un hombre de pelo corto y negro con ojos oscuros y un tono parsimonioso: se toma tiempo cuando habla. Luce una camisa del Barça y una pantaloneta de dril azul claro. Se desespereza bajo la sombra de su casa, hecha con techo de zinc y paredes de esterilla. El calor inunda la tierra. Frente a él, de repente, pasan dos niños con una cometa de papel periódico: ante todo, Bonifacio no está solo. Dentro de poco despertará su esposa, María Emérita y sus hijos, Leidy Isabel, Yenni Yohana, Norbey Andrés y Anuar Stiven. En algunas horas despertarán otros familiares que viven en las casas de la misma cuadra. Hoy es domingo y Bonifacio está contento por el buen clima. Es día de minga y en algunas horas, algunas de las 45 familias de este asentamiento Yanacona se reunirán para terminar de instalar un fragmento del acueducto comunitario.

Llevan muy poco tiempo en esta ciudad. Cada vez que Bonifacio observa el panorama de Cali desde lo alto de la ladera, siente una extraño sentimiento, amalgama de satisfacción y melancolía. Recuerda los paisajes montañosos a los que se acostumbró durante 39 años en La Vega, municipio al sur del Cauca; allá se quedaron sus tiempos de niñez, la memoria de su juventud y una vida estable.

En el 2008, los Correa Palechor escaparon de sus tierras en el corregimiento de El Diviso, en La Vega. Fue un tres de marzo a las siete de la noche. Varios hombres del Frente 13 de las FARC. Consigna clara: o dejaban que los muchachos se fueran con ellos, o se iban todos de El Diviso o se morían. 221 kilómetros separan el sur del Cauca de Cali. Para los Correa Palechor fueron dos horas y media a pie por caminos de herradura, 45 minutos en jeep, tres horas en taxi y tres horas en bus. 21 kilómetros son un sendero que los convirtió en desplazados y que no sólo ellos recorrieron. Al mismo tiempo, centenares de familias indígenas campesinas de municipios aledaños como Sucre, huían ante la difícil situación laboral que empobrecía sus condiciones de vida.

Faltan quince minutos para la una. En la zanja recién creada, Bonifacio evalúa, junto a Ciro Palechor, cómo unir los tubos de PVC. A su lado esperan indicaciones un grupo de 12 vecinos en pantalón de jean salpicados de tierra con sus respectivas palas, entre ellos Juan Sánchez. Tiene 59 años y conoce bien los campos de La Vega, allí trabajó en numerosas mingas como aquella de la cual hoy participa. Sabe cómo es vivir allá. Hace dos meses estuvo de visita y la cosas no han cambiado: el pago por el jornal es entre seis y siete mil pesos por trabajar entre las ocho y las cinco de la tarde; totalizan cada mes alrededor de doscientos mil pesos, la mitad del costo de vida de una familia promedio de la zona. Desde hace 30 años, con la aparición del negocio del narcotráfico, los cultivos legales se desvalorizaron a tal punto que el único trabajo sustentable para las familias del sector fue la venta de la copa de goma de amapola. No sólo Sánchez en la comunidad es consciente de que hoy, 500 gramos de ulluco, que tarda 13 meses en crecer, se pagan en algunos corregimientos de La Vega a 400 pesos, a 500 pesos la libra de trigo y el atado de cebollas y a 200 pesos la libra de papa. Sólo el bulto de abono de cuatro arrobas 10301 de ABACOL para cultivar este tubérculo llega a costar cuatro veces más que el bulto de papas cosechadas: las cuentas no resisten la subsistencia.

Para 26 de las 45 familias del asentamiento que llegaron a Cali en busca de mejores empleos, en su condición de campesinos la decisión ya estaba tomada ante la elección entre el cultivo ilegal y el legal. Pero la decisión de desplazarse del campo quedó zanjada cuando la intervención estatal consistió exclusivamente en la erradicación y fumigación de los cultivos ilícitos, y en la persecución a sus cultivadores. Patricia Palechor recuerda muy bien además, a sus 24 años, la ausencia de propuestas de desarrollo económico alternativo del gobierno.

Los Correa Palechor y varias familias del actual asentamiento comprendieron, una vez en Cali, que la estabilidad económica no estaría asegurada. Al incorporarse al 53% de la población caleña que actualmente vive en estratos uno y dos, los yanaconas entendieron que pagar un alquiler podía ser un fardo económico insostenible.

Un día le llegó una noticia a María Emérita: “El hijo mayor y mi esposo estaban trabajando en construcción, cuando un sobrino me dijo: tía, venga para allá por el lado de Las Palmas que van a hacer una reunión. Que van a invadir unos lotes”. No fueron los únicos que se enteraron. Entraron a los predios de Las Minas bajo la lluvia de una noche, a mediados de 2009, para dar inicio a un asentamiento que ya cumple cuatro años. En este tiempo se han presentado litigios con la Alcaldía y la Policía, comunicados de desalojos y acciones de tutela, búsqueda de apoyo en partidos políticos y asesorías con las empresas municipales para resolver el abastecimiento de los servicios básicos. Han sido años en los que los indígenas han conservado sus prácticas políticas tradicionales: han conformado un comité organizador y cada mes se reúnen en asambleas; han obtenido fondos a través de festivales y han convertido el monte, de minga en minga, en decenas de ranchos, callejuelas semi-pavimentadas, sistema de acueducto y alcantarillado. No obstante, traspasadas las puertas de la sucursal, al recién llegado le aguarda no sólo el desalojo impredecible sino también el impredecible resultado laboral de cada día.

Rosa Amelia Zamorano se preocupa. Varios kilómetros hacia el centro de la ciudad, mientras los yanaconas en la montaña finalizan su minga, hay una mujer muy delgada de piel oscura y cuarteada, de labios frágiles y morados, de rostro opaco y envejecido que vende guarapo cerca de la estación del MIO de San Pedro. Espera, simplemente espera. “Ahí uno va viendo”, dice. No se hace mayor ilusión. Intenta conseguirse cada día entre 15 y 30 mil pesos para vivir ella y su hija Maryuri Condomí de 13 años. Y su hijo Ambrosio de 11. Y su hijo Juan Carlos de 18 con su esposa Jaqueline de 17. Y su hijo Robinson de 20, con su esposa Alba Lucía de 15. Tal vez le alcance, tal vez no. “Si Dios quiere…”, susurra. Una mujer de 44 años en los límites de la resignación, sabe que aguardan por ella en los límites de esta ciudad, en la frontera suroriental.

Hoy como ayer, cuando acabe la venta, Rosa Zamorano tomará el MIO y regresará al oriente donde a lo largo de las últimas seis décadas esta ciudad se ha extendido. A través de la ventana, Rosa observa en un mutismo gris un paisaje que variaría muy poco si recorriéramos desde la Ciudadela Floralia, en la comuna 6, al nororiente, pasando luego las tres etapas de Alfonso López, Manuela Beltrán, Pízamos II, El Vergel, la Unión de Vivienda Popular y El Vallado en la Comuna 15. El bus transita junto a calles estrechas con postes de luz que sostienen enredaderas de cables de electricidad; cuellos de andén pintados con franjas rojas, blancas y verdes de las últimas navidades, y que acompañan las imágenes descoloridas de Papá Noel o los escudos de equipos de fútbol tatuados en el asfalto. En las esquinas los parches de pelados y peladas hablan y escuchan reggaetón en sus celulares. Algunos niños juegan fútbol o rebote uno contra las paredes junto a casas de dos o tres pisos en ladrillo sucio, conectados por escaleras de caracol. De varios pisos para que cada generación de la familia esté cerca de los padres. En ladrillo sucio porque los acabados son siempre lo más caro… En el portón de las casas, normalmente con altas rejas para evitar los ladrones, los vecinos y vecinas, de pie, conversan y chismosean mientras ven cómo el día cambia de color, cómo la vida pasa en la calle, ya que ante todo la calle es eso en los barrios populares de Cali: el punto de encuentro, el medio de comunicación, la sala, la vida diaria.

Rosa desciende frente al colegio Santa Isabel de Hungría junto al barrio El Recuerdo. Pero ella no vive en El Recuerdo. Justo a un costado, en un espacio donde los mapas municipales sólo muestran terrenos de cultivos y humedales, está el sector de invasión Brisas de Comuneros con más de 30 años de historia. Alrededor de 800 familias están distribuidas en cinco sectores, entre los cuales está Chile, la zona hacia la cual se dirige Rosa Amelia. No sabe que el camino hacia su casa es un retorno a lo que en algún instante fueron muchos de los barrios del oriente de esta ciudad. Desde mediados del siglo pasado, fruto de la confluencia entre desplazamiento por bandolerismo político y económico, y el mito de fácil adquisición de vivienda, miles de hectáreas fueron urbanizándose especialmente entre los años 50, 60 y 70. El resultado de invasiones y urbanizaciones “piratas”, de la actividad constructora de cooperativas y de asociaciones de vivienda popular. Según el historiador Edgar Vásquez, esto se dio por “la afanosa actividad de entidades públicas (Instituto de Crédito Territorial, Invicali, Municipio) para atender las necesidades y demandas de tierra y vivienda por parte de los sectores sociales marginados y las clases medias, debido a la inexistencia de una política de tierras que reservara áreas del suelo urbano para afrontar la expansión ilegal o irregular de la ciudad”. Rosa llega a Chile. Pero ella es del Charco, Nariño y hace dos años no puede retornar.

Una mujer en el borde de la ciudad, con la mirada triste —como si todo el tiempo estuviese al borde del llanto—, camina junto al caño que rodea el asentamiento. A su lado, kilómetros de cultivos de caña de donde ella y sus vecinos consiguen los insumos para el guarapo. Más allá, muy a lo lejos se ven altos edificios de las unidades residenciales estrato cinco de Valle del Lili, dispuestas al sur de la ciudad. Con los pómulos hundidos bajo ojeras pronunciadas, Rosa ve su casa de 32 metros cuadrados hecha de paredes de costal, deshechos y lona; de suelo en cemento y barro, de láminas agujereadas. Todo al lado de una escombrera donde transitan los recicladores y sus carretas. Dentro de la casa, en uno de los cuartos, su hijo de 18, desmovilizado hace dos años de los grupos paramilitares de las cercanías de El Charco, yace en su cama sin uno de sus brazos, le fue amputado. Hace mes y medio un disparo lo desplomó a esa condición en un tiroteo entre la banda de la que hace parte y la de Haití, el sector aledaño, durante uno de los tantos enfrentamientos por la lucha territorial. Rosa Amelia Zamorano cambió dos veces de barrio antes de llegar a Chile; hoy, en medio del conflicto, está buscando la manera de mudarse. Tal vez sí, Tal vez no. “Si Dios quiere…”, susurra en la oscuridad de la cocina.

Uróboros. La serpiente que se muerde la cola. El esfuerzo eterno, la lucha perpetua, el esfuerzo tal vez inútil porque el ciclo vuelve a comenzar una y otra vez. Siloé hoy de blanco en espera del Metrocable, Terrón Colorado de fachadas multicolores, ambas visibles desde el cerro donde Bonifacio se reposa, parece que le hablaran, que le dijeran que ya saben hacia dónde se dirige. Uróboros. El esfuerzo eterno lo han vivido caucanos, huilenses, chocoanos, nariñenses, tolimenses, caqueteños, putumayenses, antioqueños y caleños mismos, tras las puertas de la sucursal. En una ciudad que para 1996 sólo la tercera parte de su población era nativa, contar su historia es narrar sus migraciones. 50% de la tasa de crecimiento poblacional entre 1945 (200.000 personas) y 2013 (2.300.000) corresponde a ese movimiento migratorio.

Pero eso no lo saben Bonifacio ni Rosa Amelia, como tantas cosas que desconocen de esta ciudad en la que están, a fuerza de todos los días, haciéndose ciudadanos. Así como muchos no conocen la historia de ellos, ellos poco saben de la historia de esta urbe serpentiforme. “Quizás una ciudad sea una cosa viva. […] Los Ángeles no es Viena. Londres no es Moscú. Chicago no es París. Cada ciudad es una colección de vidas y edificios y tiene su propia personalidad”, afirma Neil Gaiman, escritor británico. Y si es así, para entender cómo esta sucursal se construyó un carácter al final del siglo XX, debemos explicárnoslo desde los tiempos de las celebraciones de los grandes carteles.