El hospital público más insigne de Palmira ha sido liquidado. Despidos masivos, contratos millonarios y su cooptación política son algunas de las causas. El segundo hospital empieza a vivir la misma crisis y la ciudad está a punto de perder sus centros de atención médica, en medio de intereses políticos que han hecho de la salud pública su mejor negocio.

 

Por: Érika Delgado

 

Es la media noche del 30 de octubre de 2013 y en el hospital San Vicente de Palmira un portón se abre descubriendo una multitud de vehículos. «¡Llegaron los del Raúl Orejuela! ¡Esta noche nos van a hacer la toma!» grita María Jesús Pino, una mulata de cincuenta años, quien ve aturdida cómo una caravana de quince carros se estaciona en uno de los parqueaderos del hospital.

Horas antes, cuando el sol empezaba a ocultarse, entre gemidos de ancianos que pedían ser atendidos y madres alteradas por el llanto de sus niños, ningún médico, enfermero o practicante sospechaba que en esos momentos el alcalde firmaba un decreto que ponía fin al centro hospitalario más importante de la ciudad.

A las siete de la noche de aquel día, María Jesús Pino, una de las enfermeras del San Vicente, acaba de terminar su turno. Mientras camina hacia la salida, distingue a uno, dos, cinco, nueve trabajadores del Raúl Orejuela. Decide desviarse y voltea por uno de los pasillos que conduce a la sala de urgencias. Allí dos de sus compañeras, que también terminan jornada, alistan sus bolsos para salir.

-Creo que esta noche van a tomarse al hospital, no podemos dejar solos a los que están de turno-, advierte María Jesús a las dos mujeres que miran incrédulas.

Desde junio de ese año, por los pasillos del hospital corrían rumores de una posible liquidación, pero muchos consideraban que no eran más que exageraciones; a fin de cuentas, San Vicente sólo necesitaba 20.000 millones para funcionar, la mitad de los 40.000 millones que costaría su liquidación. Además, para ese momento los empleados del hospital Raúl Orejuela estaban prestando algunos servicios del San Vicente, como el de consulta externa, por lo que también se decía que el primero reemplazaría al segundo.

El San Vicente era una insignia de la ciudad. Funcionaba en un terreno que fue donado en 1882 por María Josefa Cabal de Hoyos, la propietaria de una hacienda llamada Loreto. Ella entregó tres plazas para la creación de un centro hospitalario, con la condición de que éste fuera, a perpetuidad, para uso exclusivo del hospital; en el momento en que se dividiera el terreno o cambiara su propósito, la propietaria estipuló que pasaría a manos de la iglesia.

La construcción se adelantó con fondos del presbítero Pedro Antonio Holguín y donaciones de los ciudadanos, que para finales del siglo XIX no sumaban más de 15.000 habitantes. En 1899 el hospital fue bautizado como San Vicente de Paúl, en honor al fundador de la comunidad de las Hermanas Vicentinas de la Caridad, quienes se encargaron de su dirección.

El hospital se sostuvo con los años. Entre 1960 y 1980, sus directivos realizaron adecuaciones como parte de una solución temporal frente al evidente deterioro de su planta física. A finales de los 80, se concretó parte de la construcción de un nuevo edificio en el terreno contiguo; tenía capacidad para 100 camas hospitalarias y, a futuro, podrían llegar a ser 200. Lo anterior, sumado a la organización de los servicios especiales, los nuevos equipos quirúrgico y una instruida brigada de médicos y especialistas, le garantizó al hospital un acuerdo con la Universidad Libre, que lo convirtió en el lugar de prácticas de decenas de estudiantes de medicina.

Casi un siglo después de su fundación, la llegada de Dilian Francisca Toro –del Partido de la U– como Secretaria de Salud del Valle del Cauca en 1995, coincidió con el momento en que el hospital se transformaba en Empresa Social del Estado, resultado de la Ley 100 de 1993. Aquello significaba que toda persona que consultara o usara los servicios debía cancelar un copago de acuerdo con su afiliación al sistema de Seguridad Social y con esos recursos se debía financiar el centro hospitalario. Pero otro sería el desenlace.

En 1999, el hospital atravesó su primera crisis. Tras dos años en los que sus empleados no vieron un solo centavo por su trabajo, San Vicente fue intervenido y reestructurado. Un proceso de reestructuración tiene como objetivo lograr el equilibrio financiero, el control en el gasto y la eficiencia en la prestación del servicio. Pero para muchos, estos procesos significan el deterioro de los hospitales, la privatización de la salud, el despido masivo de trabajadores y la tercerización laboral.

Entre 2002 y 2006, de los 922 hospitales públicos del país, 124 fueron reestructurados, tarea que le costó al Estado casi seiscientos mil millones de pesos y dejó sin empleo a 15.000 trabajadores. En el hospital San Vicente, más de 200 trabajadores de planta perdieron sus empleos, y solo quedaron 194 empleados de cargo oficial. El número de camas hospitalarias pasó de 238 a 68, una cama por cada 3.500 habitantes de Palmira, sin considerar que un gran número de municipios aledaños necesitan atención de los hospitales de la ciudad. El costo total de la reestructuración fue de más de quince mil millones de pesos del tesoro público nacional, pero esta adecuación no cumplió su objetivo y la crisis continuó.

Para el 2008, el hospital acumulaba un déficit que bordeaba los seis mil millones y la calidad de sus servicios había empeorado. Posteriormente y con ánimos de sanar los pasivos, se firmó un convenio entre el departamento y el municipio; cada parte dio alrededor de tres mil millones. Sin embargo, en el transcurso de 2009 mientras Palmira estaba bajo la administración de Raúl Alfredo Arboleda –otro militante del Partido de la U– y San Vicente bajo la gerencia de Harold Obdulio Rodríguez –involucrado, según la revista Cambio, con un desfalco financiero a Coomeva–, esos seis mil millones de pesos se hicieron «agua». Así lo afirma Raúl Ospina Giraldo, el coordinador de la Red Departamental de Veedurías Ciudadanas del Valle. Para ese año el déficit alcanzó los diez mil millones.

***

«Mirá, qué raro, llegó más gente del Raúl Orejuela», le dice un camillero a María Eugenia Mañuzca, una enfermera menuda y de ojos achinados,quien llegó al hospital tras escuchar que los empleados del hospital Raúl Orejuela Bueno harían relevo a la medianoche.

A eso de las siete y treinta de la noche, en el pasillo que comunica a urgencias con hospitalización, María Eugenia se encuentra con María Jesús. Tras sacar algunas colchonetas para pasar la noche en el hospital, van de oficina en oficina previniendo a los empleados «¡Los del Raúl Orejuela ya están en el pasillo, es esta noche!».

Cuatro horas después, las dos mujeres observan impotentes desde un segundo piso cómo una caravana de quince carros entra al hospital por la parte de atrás y se estacionan en el parqueadero que queda frente a consulta externa. «¡Llegaron los del Raúl Orejuela! ¡Esta noche nos van a hacer la toma!» grita María Jesús, mientras ambas buscan un teléfono para avisar a sus compañeros.

El primero en salir de uno de los carros es el Secretario de Salud, Alejandro Solo Nieto, seguido de médicos, policías, unos diez trabajadores de la Fiduprevisora –ocultos tras una pila de cartelones y papeles que cargan en sus brazos– y, por último, el subgerente científico y el gerente del hospital rival. Ambos, tras bajarse de los vehículos, se ponen sus batas y saludan a los demás.

***

En el 2011, después de que tres miembros de la junta directiva del hospital solicitaran a Supersalud que éste fuera intervenido, esta entidad envió comisiones a los hospitales San Vicente de Paúl y Raúl Orejuela Bueno. Según Andrés Toro, asesor del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social de Colombia (Sindess), no fue sensato intervenir un hospital como el Raúl Orejuela, pues solo prestaba servicios de baja complejidad y, además, tenía superávit.

Supersalud designó como interventores del San Vicente de Paúl al Superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez, –ex empleado de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de la ex senadora Dilian Francisca Toro– y a Luis Fernando Rendón Campo –esposo de la sobrina de Toro–; en el caso del Raúl Orejuela Bueno, fue designado Fernando Cárdenas Piedrahita, integrante del partido político de la Unidad Nacional.

Los interventores recibieron al San Vicente con un déficit de nueve mil millones de pesos y un año después, en marzo de 2013, tras finalizar la intervención, lo entregaron al municipio con pasivos superiores a los diecisiete mil millones. ¿Por qué?

Durante la reestructuración se le impedía al hospital facturar sus servicios; esto suponía la estocada final que lo llevó a un déficit astronómico. No hay que olvidar que, tras la Ley 100, la facturación se convirtió en la principal vía de ingresos económicos de los hospitales públicos. Cortada esa arteria vital, el hospital quedaba casi en estado de coma.

Algunos empleados alegan otras razones que contribuyeron a inflar el déficit. A los contratistas se les pagaba un salario mínimo, pero al hospital la contratación le salía casi al mismo precio de un trabajador de planta, ¿en dónde se quedaba el dinero restante? También denuncian cuentas alegres por parte del personal administrativo. «En un solo mes, apareció una cuenta por doce millones de pesos en fotocopias», cuenta María Eugenia Mañuzca, presidenta del Sindess, quien trabajó en el hospital durante 18 años.

Poco después, el nuevo alcalde José Ritter López Peña presentó –saltándose los conductos regulares– un proyecto de fusión entre ambos hospitales, que fue aprobado por el Concejo Municipal y luego rechazado por el Ministerio de Salud por haber omitido su concepto técnico sobre la viabilidad de la fusión. Tras caerse el proyecto, el alcalde Ritter buscó liquidar al San Vicente para crear un «nuevo hospital cero kilómetros».

Finalmente, el 30 de octubre de 2013, el Decreto 218 fue firmado y San Vicente se unió a la larga lista de hospitales liquidados. Hoy, en su lugar, funciona el hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente.

***

Esa noche, tras pedir la ayuda de decenas de trabajadores, sólo un grupo de doce personas se queda con las dos mujeres y cuando Alejando Solo Nieto está a punto de cruzar la puerta de consulta externa, ellos le bloquean el paso. Algunos sólo se dedican a grabar con sus celulares, pero María Jesús no ahorra palabras para decirle lo que piensa a un Secretario de Salud que la mira impasible. «Esto lo hemos construido nosotros que llevamos 23 años en este hospital, no usted que acabó de llegar hace dos años», la frase se haría viral en redes sociales pocos días después.

A pesar de la resistencia que ejercieron durante más de ocho horas, no lograron evitar que las puertas de las oficinas y salas de consulta fueran selladas con carteles, ni que los trabajadores del San Vicente fueran retirados.

Uno de los momentos más duros, cuenta María Jesús, fue cuando algunos trabajadores del Raúl Orejuela –a quienes habían ayudado durante meses, acogiéndolos en su propio sindicato– comenzaron a burlarse de ellos por no querer abandonar el hospital; además una parte de sus antiguos compañeros había aceptado trabajar en el nuevo hospital como contratistas. La lucha se sentía perdida.

***

En declaraciones al diario El País, el veedor Raúl Ospina afirmó que «no se explica cómo un hospital que está habilitado en nivel de baja complejidad, como el Raúl Orejuela, está manejando una sede de mediana complejidad como es el San Vicente de Paúl». Un hospital de bajo nivel, también llamado puesto de salud, solamente puede atender padecimientos no graves y cuenta con equipo de monitoreo básico y primeros auxilios. En los hospitales de mediano nivel, se pueden realizar procedimientos quirúrgicos y albergar pacientes en sus instalaciones; tienen mínimo cuatro especialistas: anestesiólogo, cirujano, ginecólogo y profesional de medicina interna. Además, cuentan con laboratorio médico con capacidad para practicar los exámenes básicos de sangre, orina y materia fecal.

Otro tema que genera disputa es el terreno sobre el que está construido. En el 2003 y bajo un convenio docente para su facultad de medicina, se construyó una universidad privada sobre una porción del lote estipulado para el San Vicente, por lo tanto –legalmente– éste ahora le pertenece a la Diócesis de Palmira. Por su parte, el alcalde afirmó a medios locales que no se ha incumplido la condición impuesta por Cabal de Hoyos, quien lo donó a finales del siglo XIX, pues el terreno sigue albergando una institución de salud pública.

***

Hoy, los extensos pasillos del hospital, atiborrados de personas a la espera de un médico, son el reflejo del mal que aqueja a la salud palmireña. La ciudad atraviesa una escasez de centros médicos: en nivel alto de complejidad está la Clínica Palma Real, y en mediano nivel la Clínica Palmira y Comfandi; las tres son privadas. El Raúl Orejuela Bueno, el único hospital del Estado que sobrevive, es de bajo nivel y en cuestión de pocos años o meses podría desaparecer debido a una crisis que se acentúa.

Lo anterior se hace evidente en un déficit que podría superar los once mil millones de pesos y en la renuncia masiva de 27 médicos en diciembre de 2013, motivada por el incumplimiento del pago de sus salarios, falta de equipos médicos y carencia de especialistas; a la fecha, más de 40 profesionales de la salud han renunciado a sus cargos. Además, se han registrado casos de pacientes que han fallecido en las puertas del hospital o que no reciben atención oportuna por insuficiencia de personal hospitalario.

No es exagerado alegar que la población de la ciudad –y sus municipios aledaños– está desprotegida. Según la Organización Mundial de la Salud, por cada mil habitantes debe haber cuatro camas; Palmira, con más de trescientos mil habitantes, debería tener alrededor de 1500 camas, cifra muy distante de las 334 que tiene en la actualidad.

El único favorecido es un sector político que ha logrado convertir al Raúl Orejuela Bueno en un banco de votos. El veedor Raúl Ospina, en un artículo escrito para Palmiguia, aseguró que «algunos ex trabajadores del San Vicente de Paúl que han sido enganchados por la operadora Endosalud IPS, han manifestado que se les exigió para su contrato que se comprometieran a aportar 20, 30 o más votos por el candidato a la Cámara de Representantes del Partido de la Unidad (U) de Palmira», información que reiteró María Eugenia Mañuzca, quien afirma que varios de sus ex compañeros fueron recontratados por tercerización laboral a cambio de aportar votos.

Haciendo cuentas rápidas y teniendo en cuenta que en el Raúl Orejuela laboran cerca de 600 personas, basta con que cada una aporte 20 votos –12.000 entre todos– para que continúe en el poder uno de los grupos políticos que más daño le han hecho a la red hospitalaria.

***

Si se compara la situación actual del hospital Raúl Orejuela Bueno con la del San Vicente justo antes de ser liquidado, se encontrará el mismo patrón: malos manejos, incumplimiento en los pagos y un déficit que pareciera no sanar. Un hospital público que carece de especialistas, infraestructura y equipos, no podrá competir con las clínicas privadas de la ciudad; a su vez, las EPS para ahorrar costos y problemas con los usuarios, contratarán entidades que presten un servicio más eficiente. Así pues, ¿qué futuro le augura al Raúl Orejuela, si no es el de una nueva intervención o una liquidación?

Palmira está a puertas de perder el único hospital público que le queda y que, con dificultades, ha prestado servicios de mediana complejidad durante los últimos dos años. ¿Qué será de la población más vulnerable de la ciudad y sus alrededores? Si la voluntad política se empeña –de nuevo– en gestionar una liquidación, el horizonte resulta escabroso.