Mientras los funcionarios del Palacio de Justicia intentan recuperar sus espacios de trabajo, los transeúntes desean olvidar el atentado sucedido hace cinco años y medio.

 

Por: Luis Tróchez Tunubalá

“No me acuerdo”. Esa es la respuesta de un hombre cercano a los 60 años cuando le piden recordar un suceso común de un país violento. Una muleta de madera carcomida es el apoyo para sus pies cansados. Carga una mochila negra llena de relojes antiguos. Una gorra habana cubre su cabello lacio y un esmoquin desgastado abriga su cuerpo. Usa tenis de color café; esos que algún día fueron blancos en manos de algún caleño, ahora son paseados por este anciano que recorre el centro de Cali. Trata de no ser grosero y busca conversación: “Estoy vendiendo este reloj, dame siete mil, necesito la plata para pagar mi tratamiento”. El cristal del reloj ante el sol impide ver las manecillas negras; la correa luce agrietada, en pocos días se reventará. Aún así, al igual que en su vida, el tiempo sigue corriendo sin rumbo.

2’887.200 veces retrocedido el minutero de ese reloj, el 01 de septiembre de 2008, un muchacho de 19 años, llamado Carlitos llega en un taxi Chevette de placas VBO-470, cargado con 80 kilos de explosivos. Estaciona el auto en frente del edificio donde funcionan los despachos judiciales de Cali y, horas más tarde, el estallido consume a cuatro indigentes. Sirenas de ambulancias, policías armados y gente despavorida, se apoderan del lugar. Delincuentes saquean almacenes afectados por la onda explosiva. Se escuchan disparos; una bala a 400 metros por segundo atraviesa el cráneo de una mujer.

 

Delincuentes saquean almacenes afectados por la onda explosiva. Se escuchan disparos; una bala a 400 metros por segundo atraviesa el cráneo de una mujer.

 

José Ignacio Loaiza, alias Nacho, un hombre de 28 años, que cursó hasta sexto de bachillerato y fue además integrante del frente urbano “Manuel Cepeda Vargas”, es capturado pasada una semana del atentado y condenado a 41 años de prisión por el Juez Cuarto Especializado de Cali en el 2009. Según la Fiscalía, fue él quien adquirió el campero que portaba la bomba y la moto en la que huyó alias “Carlitos”.

Hoy alrededor del Palacio de Justicia se ven muros resanados, ventanas y puertas reemplazadas. El afán y la inmediatez han intensificado el olvido. Vendedores ambulantes caminan con sus pequeños carros abastecidos de confites, sus miradas parecen perdidas en un abismo. Doña Antonia es una de ellas; su vehículo es un coche azul claro protegido por una sombrilla amarilla y ruedas de metal oxidado envuelto con residuos de llantas. Hay muchos rayones en la pintura, pero a ella no le importa.  En el interior alberga mercancía valiosa: mentas, chicles, bocadillos, cigarros. Durante más de treinta años ha caminado el asfalto del centro de Cali.  Ahora, con su carro azul, se parquea por la 13, en frente del Palacio de Justicia. Un edificio que vuelven a albergar palomas, magistrados, jueces y funcionarios de diferentes despachos que fueron dispersados por más de cinco años en 25 sedes a lo largo de la ciudad.

 

 

 

Una moto Yamaha 120 cruza un semáforo en rojo. Dos policías lo ven, pero lo ignoran. Los agentes solo vigilan una enorme torre de 16 pisos rodeada por latas verdes de cinc. Uno de ellos, un bachiller recién ingresado, atraviesa la calle y saca de su bolsillo dos mil pesos para comprar una bolsa de manga. Ni el orden del tráfico, ni los vendedores parecen importarle, menos la edificación que debió ser reconstruida a finales de 2012.

Al otro lado de la calle, un señor cuarentón que ha vivido la mayor parte de su vida en la carrera 10, vende fritos cada día. Él identifica a cada transeúnte que frecuenta su tienda. La llegada de un extraño se reconoce por el tono de voz, la tez, el caminado, la vestimenta y las preguntas extrañas; sobre todo si el lugar ha sido escenario de violencia. La estremecedora explosión del primero de septiembre de 2008 en frente de su casa, no sólo dejó esquirlas en las paredes, también en su memoria.

Las campanas de la Iglesia Santa Rosa de Lima indican las seis de la tarde. El tráfico acelerado se debilita con la puesta del sol. Los carritos de confites se han desabastecido, quizá algún conductor esté contando monedas para comprar una libra de arroz o una panela. Los que no tienen mercancía para vender se acomodan al pie del enorme portón de la iglesia. Esperan a que el altísimo se apiade con algún pan o pescado. El señor del reloj ha desaparecido, probablemente la correa de cuero se desprendió de la caja, ahora ya no valdrá los mismos siete mil pesos; aún así, el tiempo continúa.  El Palacio de Justicia vuelve a tomar forma. Después de postergarse su entrega, programada para el 30 de noviembre de 2012, los despachos judiciales regresan a la torre B de 17  pisos y el aparato judicial de Cali regresa a su centro de mando. Fue una herida a la torre y al corazón de los residentes, los cuales ya no desean recordar ni vivir una nueva explosión.

 

Esperan a que el altísimo se apiade con algún pan o pescado. El señor del reloj ha desaparecido.