Un proyecto municipal pretende transformar los barrios Sucre, San Pascual y El Calvario. Sin embargo los beneficios de su renovación no están asegurados. Podrá generar una explosión de pequeños focos de delincuencia, drogadicción y pobreza por toda la ciudad. O podrá ser una oportunidad para restaurar el centro e incluir a sus actuales habitantes en un proyecto de vida digna.

  

Por: Alejandra Arias, Camila Raga, Joseph Lozada, Luis Fernando Cruz.

Agradecimientos a: Chaterine Collazos 

 "Volaron cientos de flores y hubo cuatro muertos y 26 heridos"  

Don Carlos, un indigente del centro de Cali, camina por la mitad de la carrera Diez con calle Octava, se acerca al andén y ve una diadema rosada en el piso. Tal vez se le cayó a alguna niña mientras acompañaba a su madre en una tarde de compras. La recoge y la echa en su costal. Los objetos se convirtieron en su obsesión. Piensa que les puede sacar alguna utilidad.

Atardece  y el olor a rosas que proviene de las floristerías de esta esquina le recuerdan a una antigua novia, una que tuvo en su adolescencia, a la que siempre le llevaba flores. Recuerda el olor pero no su rostro. Hace ya mucho tiempo que olvida con facilidad los rostros de las personas. Su recorrido por la ciudad lleva muchos años. Entre los transeúntes con que se topa algunos le huyen, otros le dan una moneda y otros simplemente no lo ven; mucho menos cuando está en el centro. La suciedad de su cuerpo se mezcla con la de las calles, es como un camaleón que deambula para sobrevivir.

Sigue caminando por la carrera Décima; es una línea recta que termina en la calle 25 y atraviesa el centro de la ciudad, como el tronco de un árbol del que se desprenden muchas ramas convertidas en calles, unas más estrechas que otras, unas más peligrosas que otras. Llega a la calle 13 después de pasar por las mueblerías que invaden la zona. El sol anaranjado de la tarde pega sobre su cara, ya no hay ningún edificio que lo tape, fueron derrumbados para construir el futuro búnker de la Fiscalía. Ahora es una cuadra inhóspita. 

Don Carlos mira el Palacio de Justicia. Un edificio grande, con grandes historias. Recuerda aquel carro bomba que estalló una madrugada enfrente, a finales del 2008. Ocurrió el 1 de Septiembre y dejó 4 muertos y 26 heridos, además de averías en la infraestructura del edificio y daños en los locales a su alrededor y en los desaparecidos negocios que luego fueron derrumbados para la construcción del búnker. 

Los autores implicados fueron los guerrilleros de las FARC José Ignacio Loaiza, alias "Nacho",  condenado a 42 años, y  Alberto Montaño López, alias ‘Carlitos’, quien se declaró culpable y actualmente espera condena.

La cuestión de los culpables ya está resuelta. Pero ¿qué pasó, en ese entonces, con los locales que sufrieron daños? Don Germán López, un testigo directo del hecho cree que ocurrió algo más que un simple atentado. 

Sobre la calle 11 con carrera 10, cerca a Santa Rosa hay un pequeño local, algo apretado, los muebles ocupan la mayoría del espacio de diez metros cuadrados del local, y es muy difícil ingresar. López, 62 años, viste camiseta por fuera del pantalón de pana y zapatos desteñidos y arrugados. Es un hombre reservado. Tiene las manos ásperas del artesano que lleva décadas puliendo las maderas que vende en su mueblería.

Dos cuadras más abajo, frente al Palacio de Justicia, lo perdió todo.  Además de cuatro muertos y veintiséis heridos, la onda expansiva del carro bomba se llevó toda su mercancía, más de ochenta millones de pesos en sillas, comedores y juegos de salas destruidas en segundos.

 

 

Germán López cuenta que al principio a las víctimas les dieron una ayuda de algo más de novecientos mil  pesos. “Hubo varias personas que no aceptaron.” Mira el techo y en la cómoda soledad de los recuerdos, se toma las manos como consolándose:

-A nosotros la explosión nos voló la mueblería, fue pérdida total. Nadie nos reconoció nada. 

Dice que perdió ochenta y cuatro millones de material por los cuales demandó al Estado, y sólo consiguió recuperar novecientos ochenta y dos mil pesos. Eso fue todo. Les prometieron préstamos en Bancoldex, pero luego se los negaron porque estaban reportados a las centrales de riesgo financiero. “Terminamos arrinconándonos aquí, cuando teníamos una mueblería muy próspera“, cuenta Germán López.

Por supuesto, no lo dice todo, hay algo más, algo que se niega a decir. Sospecha, Germán sospecha.

A los dueños de los locales les fue mejor. Modificaron o reconstruyeron un poco las fachadas de los edificios, aunque  las estructuras quedaron dañadas. Luego estos afectados vendieron los locales a casi el doble de su valor inicial a la alcaldía. Las cifras fueron exorbitantes. “Pagaron más de mil millones por esos predios, pienso que fue un cohecho”, denuncia Germán López.

Prometió suministrarnos información acerca de los damnificados, papeles, documentos, pruebas, algunos archivos que había obtenido como líder del grupo de arrendatarios de la zona. Luego nos dijo que no tenía nada y nos dirigió a terceros.

El día de la bomba volaron cientos de flores en llamas dentro de los locales, cientos de miles de pétalos de margaritas, astromelias, claveles de sangre, camelias frágiles, orquídeas turgentes y lirios dulces, feroces gardenias y heliconias, crisantemos erguidos, livianos pompones. Un reguero de hojas de eucalipto, ensueños y difenbaquias. A los destrozos les siguió el desplazamiento: movieron a los arrendatarios hacia la calle Octava con carrera Diez.

En una esquina, apretada de locales con piso en madera cubierta de esterillas, un telón verde y plásticos, venden miles de flores. Hortensias coloridas y sin aroma, azucenas, rosas rojas para los enamorados, blancas para los comprometidos, claveles para los muertos, orquídeas y gladiolos, abundan las plantas que sirven de follaje y soporte en los ramos. Y hace calor, lo que no conviene a las flores. Varios vendedores afirman no saber qué sucedió con la plata de las indemnizaciones. Hay más rumores que información precisa. 

Les prometieron seis salarios mínimos a los arrendatarios, subsidio de alimentación y transporte, un monto por los locales que debieron desocupar. Haciendo cuentas, no recibieron más de dos salarios mínimos y nunca más volvieron a saber del tema, ni del dinero, ni del nuevo bunker de la Fiscalía, ni de Ciudad Paraíso, ni de nada. No saben nada de la ciudad que  florecerá allí cuando se hayan ido. No saben de reformas urbanas ni de lo cientos de miles de millones que están en juego a tan solo cinco manzanas de donde venden. 

Ellos, los antiguos arrendatarios de los locales, floristas y carpinteros, se sienten abandonados por la alcaldía y por toda la sociedad. Pero no sólo el Estado es indiferente. La gente pasa, compra y se va. Nadie pregunta “cómo les fue hoy” o si en épocas de lluvia, aquél plástico y telón verde resisten la inundación y los aguaceros que derrumban casas de bahareque a medio armar en barrios aledaños.

Pero esta no es la primera vez que sucede algo así en la ciudad. El siete de agosto de 1956 siete camiones cargados con dinamita estaban estacionados cerca del Batallón Codazzi. Era la una de la madrugada; los camiones provenientes de Buenaventura tenían como destino Bogotá mientras eran custodiados por el Ejército. Luego de explotar ocho manzanas desaparecieron por completo y cerca de 120 manzanas quedaron afectadas. El atentado dejó mil trescientos muertos y más de cuatro mil heridos. Es uno de los acontecimientos más tristes de la ciudad en toda su historia. Después de la desolación, Cali experimentó un conjunto de cambios estructurales. Había que construir sobre lo destruido. Tras los destrozos del atentado había que erigir. Y al bunker de la Fiscalía, la reconstrucción Palacio de Justicia y la renovación del centro de Cali vino a sumarse el proyecto  Ciudad Paraíso.

Hay tres planes parciales para el centro: el primero, el Plan Parcial Calvario y Sucre comprende la construcción del búnker de la Fiscalía, la remodelación del Palacio de Justicia y la Estación de Policía Fray Damián, además de la estación Intermedia MIO que incluye la construcción de la Carrera 11 entre calles 13 y 15.

El segundo es el Plan Parcial San Pascual que proveerá a la ciudad de nuevas opciones habitacionales y un ambiente seguro para la vida en comunidad. Y el tercero es el Plan Parcial San Nicolás que considera nuevas opciones habitacionales, una ciudadela tecnológica y una ciudadela de la imagen y la construcción del Centro Comercial Ciudad Paraíso. El área a intervenir es de  328.000 metros cuadrados, cada uno tiene un valor  de novecientos mil pesos y su construcción tendrá un precio de un millón y medio por metro cuadrado. Se espera que, luego, cada metro cuadrado construido pueda venderse en siete millones y medio.

En agosto del 2010, el entonces gerente de la EMRU, Yesid Cruz, encabezó una reunión con los inquilinos de los cuatro edificios que quedaban enfrente del Palacio de Justicia para anunciarles los planes de renovación y los auxilios económicos que entregarían a los habitantes del sector por colaborar con el desalojo. Eso dijo: colaborar. Como si no tuvieran ningún derecho, como si su presencia sobrara, como si Germán López con quince años en la zona, Marta Martínez, con más de trece años viviendo en El Calvario o Alberto Jiménez con ocho años en su tienda de la esquina donde comienza El Calvario, fueran unos aparecidos.

El cinco de junio del 2011 a las diez de la mañana se programó la demolición de los cuatro edificios de la primera manzana donde se construirá el nuevo búnker de la Fiscalía. Aquella mañana el paso por la vía estaba cerrado y las vallas verdes de la policía impedían el ingreso a la zona de riesgo. Los que llegaron temprano tuvieron la oportunidad de sentarse en las graderías instaladas para ver el espectáculo. Todo un circo para el pueblo.  Los encargados de la Emru empezaron la cuenta regresiva desde cinco y la multitud emocionada se unió al conteo: ...3…2…1, un clic sonó y de repente los cuatro edificios, a dos cuadras de los espectadores, se desplomaron en una nube de polvo que tardó algunos minutos en desaparecer. El evento fue grabado y trasmitido por diferentes medios de comunicación desde todos los ángulos posibles. La explosión terminó con los animados aplausos de los asistentes que no sabían qué se construirá allí, pero una explosión de ese tamaño emociona a cualquiera.

Las excavadoras orugas recogieron los escombros de las fachadas y los pocos objetos olvidados por los inquilinos para dejarle espacio a los explosivos que completarían el trabajo de demolición.

El 24 de junio del 2011 se autorizó al presidente de Metrocali destinar 18 mil millones a la construcción de la Estación Centro dentro del Plan Parcial El Calvario. El convenio tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del 2012 y sólo podría prorrogarse por un año más, pero la vigencia estaba sujeta a la obtención de un socio estratégico y privado, requerido para el desarrollo del Plan Parcial El Calvario a cargo de la Emru.

 

 

Aunque no estén directamente relacionados con los espacios a intervenir por el proyecto Ciudad Paraíso, se sabe que los barrios aledaños se verán afectados por estas modificaciones. Los habitantes de San Pascual, Sucre y El Calvario vivirán durante cuatro años los efectos beneficiosos o perjudiciales de esta gran intervención urbana. Podrá surgir una porción de ciudad más incluyente y próspera, cualificada, un lugar para apreciar una Cali más democrática y rica en espacios públicos; o podrán acentuarse las peores tendencias de la ciudad, mayor exclusión, nichos de lujo para unos pocos, más cemento, vidrio y acero, un  lugar para carros antes que para peatones. Todo depende de las decisiones que tomen los ejecutores de las políticas urbanas de la ciudad, y de la presión y presencia que los ciudadanos ejerzan a la hora de decidir los destinos de Cali. Por lo pronto, no hay razones para ser optimistas. Desalojos de habitantes de la calle, expendios de drogas y pandillas, ollas y mercados de objetos robados: la prensa y las noticias ofrecen, a diario, un rostro temible que alimenta las pesadillas urbanas.

Sobre la Diez con Diez hay una floristería de ocho metros de ancho y quince de largo, con bastante espacio libre, algunos adornos florales a los costados y fotos de sus mejores eventos exhibidos en el mostrador. Mayerly Rivera, la dueña del local, dice no conocer la situación de sus vecinos, su local no se verá afectado. “Además, ningún funcionario de la alcaldía se ha acercado a los locales de esta cuadra a informarnos sobre la reconstrucción del sector”, cuenta.

Carlos continúa caminando y se va a acercando al barrio El Calvario, se sienta en una esquina a descansar del sol. El día pasa rápido en el centro entre el afán de las personas. Pocas se fijan en los interiores de las manzanas de la cuadras de la carrera 10. Todo el que camina por ahí evita mirar hacia allá, como si no existieran estas calles llenas de indigentes y basura. Lo poco que se ve del barrio El Calvario es suficiente para imaginarse la situación social de sus habitantes.

 

Todo el que camina por ahí evita mirar hacia allá, como si no existieran estas calles llenas de indigentes y basura.

 

Los arriendos se cobran por días y los servicios se pagan cada fin de semana. Los dueños de los edificios que quedan en las cuadras más profundas del barrio, a las que no entran desconocidos, adaptan los pisos para que sean remedos de piezas, cascarones, que se alquilan a mil quinientos o dos mil pesos el día. Paredes de cal, infladas por la humedad, sábanas y cortinas rotas que hacen las veces de puertas o paredes y catres sin tablas donde descansan viejas colchonetas, conforman esas piezas donde a veces viven familias de hasta cinco personas. Las habitaciones de mejor calidad se alquilan entre cinco mil y diez mil pesos por un día.

De todos los barrios del centro de la ciudad, El Calvario es el más peligroso. Muy pocos se atreven a entrar en él. Lo más notorio son las calles sin pavimentar. Las drogas, la suciedad, el mal olor y las armas están allí. La supervivencia diaria es un reto que enfrentan los habitantes de esta zona, unas pocas cuadras en las que hasta los policías piensan dos veces antes de entrar. A doce cuadras está la estación policial más grande de la ciudad, la de San Nicolás. Fue objeto de un atentado en el 2007 atribuido a las FARC. 

Desde hace trece años Martha Martínez vive en el barrio El Calvario; alquila un cuarto por el que paga cinco mil pesos al día. Vive allí  con sus cuatro hijos. Dos de ellos son mujeres mayores, le ayudan a cuidar de los otros dos, más pequeños. Todos  dependen económicamente del trabajo de Martha  que hace un año quedó viuda.

La señora Martínez vive de las ventas ambulantes, única opción laboral para centenares de personas que habitan esta zona marginada de la ciudad pero desde la puesta en marcha del sistema de transporte masivo los vendedores son perseguidos y acosados por la Subsecretaría de Convivencia, lo que ha afectado sus ingresos económicos, ya bastante menguados. Cree que no será afectada por el proyecto Ciudad Paraíso, pues no tiene bienes inmuebles y dice que se ira a vivir a otro lado. Lo cierto es que sin un plan de reubicación ella y otras personas en su situación quedarán a la deriva.